|
MADRID, 4 (OTR/PRESS) El Consejo de Ministros aprobaba este martes la reducción de jornada a 37,5 horas, después de año y medio de pelea y ninguneo entre los socios de gobierno. Primero fue la vicepresidenta Calviño la que daba largas a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Tampoco el nuevo ministro de Economía ha sido mucho más dialogante con Sumar, hasta el punto de que Díaz dijo de Cuerpo que era una mala persona. Sin embargo, después del revolcón que el decreto ómnibus recibió en el Congreso de los Diputados, Sánchez decidió darle alas a la medida de Trabajo y Cuerpo pasó a ser buena persona. La medida sale sin el acuerdo de los empresarios, por ello el ministro de Economía quería retrasar la aprobación de la reducción de la jornada laboral e intentar llegar a un acuerdo con la patronal. En opinión de Cuerpo, las pequeñas empresas, las microempresas y los autónomos con empleados debían recibir algún tipo de ayuda para hacer menos gravoso el coste laboral que supone la entrada en vigor de la medida. Finalmente, Sánchez dejó ganar esta batalla a Yolanda Díaz. Ahora deberá pasar los trámites parlamentarios previos a su aprobación definitiva y entrada en vigor. La medida ya la cumplen muchísimas empresas grandes y medianas. Uno de cada tres convenios se ha firmado ya con una jornada laboral inferior a las 37,5 horas semanales. El problema está en los pequeños negocios del comercio o la hostelería, entre otros, donde para cubrir los huecos que deja la rebaja de las horas el empleador se vería en la necesidad de contratar a otra persona y el momento es delicado. Ahora mismo, más de 400.000 empresas de este tipo están en pérdidas, decenas de miles están al borde del cierre, la productividad es bajísima y el absentismo laboral altísimo. Además, han subido las cotizaciones sociales y de nuevo el SMI. Palos en la rueda, mientras, según cuenta "La Razón", Trabajo tiene en el cajón una directiva comunitaria que no ha traspuesto y que contiene mejoras para los trabajadores en sus derechos laborales, de las que sí disfrutan los empleados del resto de la Unión Europea.
| 
