La Justicia europea confirma la multa de 320 millones a Polonia por no garantizar independencia judicial

El Tribunal General de la UE --en primera instancia del TJUE-- ha confirmado este miércoles la multa de 320 millones que la Comisión Europea interpuso a Polonia por no garantizar la independencia judicial tras desestimar los recursos presentados por el gobierno polaco en su totalidad.

La sentencia de este miércoles señala que la Comisión no vulneró la legislación al cobrar periódicamente la multa diaria de un millón de euros mediante compensación con diferentes créditos ante los impagos de Varsovia hasta recaudar un total de 320 millones de euros.

De este modo, la Comisión compensó los pagos con diferentes partidas de fondos europeos que estaban inicialmente destinados a Polonia, saldando así la deuda del gobierno entonces liderado por Mateusz Morawiecki, del partido de extrema derecha Ley y Justicia, al que relevó Donald Tusk.

Al respecto, fuentes polacas han asegurado que esta sentencia supone "una confirmación más" de la Justicia europea de que las reformas del partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en inglés) eran contrarias a la legislación comunitaria.

Ante esta decisión, Polonia interpuso un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación de hasta seis compensaciones durante el período comprendido entre el 15 de julio de 2022 y el 4 de junio de 2023, es decir, entre el momento en que Polonia adoptó una nueva ley para evitar las sanciones y la víspera del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia que puso fin al asunto.

El gobierno polaco también alega que el cambio legislativo que justificó la reducción a la mitad de la multa coercitiva precedió a la resolución del Tribunal de Justicia de 21 de abril de 2023 y considera, por tanto, que desde el 15 de julio de 2022 hasta el 20 de abril de 2023, la Comisión ya no podía exigir el pago de un millón de euros al día y solicitó la anulación parcial de las decisiones de Bruselas.

Sin embargo, el Tribunal General ha desestimado todos los recursos de Polonia, además de destacar que la Comisión no vulneró el Derecho de la Unión al cobrar las cantidades adeudadas y que, de hecho, estaba obligada a garantizar el cobro de ese importe.