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Agencia europea de DDHH avisa de que externalizar centros de deportación no exime de aplicar en ellos la ley UE | |||
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Así queda recogido en un documento de trabajo circulado por FRA sobre el proyecto de creación de centros fuera de territorio de la Unión Europea que examina la Comisión Europea como parte de su propuesta de reforma de la directiva de retorno que reclaman una mayoría de gobiernos y que Ursula von der Leyen se ha comprometido a presentar antes de la próxima cumbre de los 27 a finales de marzo. La agencia FRA advierte en sus conclusiones de que "los Estados miembro y/o Frontex serían responsables de las violaciones de derechos en los centros y durante cualquier traslado"; al tiempo que deja claro que no contempla la expulsión a este tipo de centros de personas con derecho a asilo sino a migrantes llegados a la UE de manera irregular y a los que se les ha denegado la protección internacional o sobre los que pesa una orden de expulsión. Por ello, defiende la agencia, para que una persona fuera trasladada a un eventual centro de deportación extracomunitario "debe haber una decisión clara" de denegación de entrada o de expulsión contra el migrante, cuyo expediente debe de haber sido evaluado de manera "individual" y llevar a una decisión "legal y ejecutable". La FRA insiste de este modo en que, de establecer centros de detención en terceros países para transferir allí a los migrantes a la espera de que se resuelva su expulsión definitiva al país de origen, "no puede tratarse de zonas libres de derechos", sino que los 27 deberán asegurarse de que hay "salvaguardas claras y robustas". En este sentido, las claves recogidas en el documento son las garantías de que se aplicará la ley europea y el Derecho internacional, que los acuerdos que la UE establezca con los terceros países en donde se ubicaran los centros sean "legalmente vinculantes" y también que existan sistemas para vigilar de manera independiente el respeto de los Derechos Fundamentales. Bruselas contempla incluir en su propuesta de marzo sobre retornos la creación de estos centros en países terceros, siguiendo el modelo que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha establecido con Albania pero que los tribunales en Italia han frenado en varias ocasiones; si bien el Ejecutivo comunitario admitió a finales de año que serían necesarios cambios legislativos porque las leyes actuales de la UE no permiten este marco. Además, la FRA recuerda que la legislación comunitaria prohíbe la detención o traslado arbitrario de personas que puedan estar expuestas a daños graves o a tratos inhumanos o degradantes; al tiempo que recalca que las personas vulnerables requieren una atención especial por lo que es "poco probable" que pueda ejecutarse su traslado "de forma legal" a un centro de retorno fuera de la UE. Otra de las claves que la agencia europea reclama es que antes de establecer un centro externo se firme un acuerdo que garantice un marco "jurídicamente vinculante" para el país extracomunitario en el que se confirme que se aplica en ese espacio el derecho consagrado de la UE. Antes de sellar cualquier acuerdo, precisa el documento, deberá realizarse una evaluación de riesgos y medidas de mitigación para proteger los Derechos Fundamentales. Asimismo, la FRA defiende que si los Estados miembro destinan fondos europeos para cubrir los costes del centro de deportaciones se deberá aplicar la condicionalidad específica sobre Estado de derecho creado para evitar que de las arcas comunitarias salgan partidas que luego se usan en proyectos contrarios a los principios y valores democráticos de la UE. |
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