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MADRID, 23 (OTR/PRESS)Todas las profesiones son importantes, pero a algunas, por su especial trascendencia, deberían llegar los mejores y deberían estar suficientemente pagadas para atraerlos. También deberían tener el reconocimiento social y el apoyo e impulso de las Administraciones públicas. Me refiero especialmente a tres: los médicos, en cuyas manos está la vida de los pacientes; los profesores en quienes delegamos no sólo la instrucción sino la formación de los más jóvenes, en suma el futuro; y los jueces, junto con el resto de las profesiones jurídicas, en cuyas actuaciones o decisiones se juega la libertad, el derecho, la fama y el honor de las personas y de las empresas, su economía y hasta la vida. Si un médico, un juez o un profesor se equivoca, el riesgo es enorme. Los tres tienen que estar continuamente en formación para hacer bien su trabajo. De ahí la importancia de su formación permanente y de su crecimiento profesional. Hay algunas más a las que también deberían llegar los mejores y donde los niveles de exigencia para el acceso deberían ser también altos como son la polìtica o el periodismo. En el primer caso está demostrado que es más importante la fidelidad perruna al partido que los conocimientos. El periodismo, imprescindible en la libertad de expresión y en el control del poder, se mueve ya desde hace demasiados años en una precariedad laboral, económica y empresarial que pone en riesgo su fundamental tarea y hace posible que el poder quiera y pueda controlarlo en demasiadas ocasiones. Hay otras profesiones, algunas que no existen todavía, y otras como las tecnológicas, que deberían recibir una atención especial de la empresas y de los políticos porque una obligación de éstos es mirar el futuro y preparar al país para lo que se va a necesitare en diez o veinte años. Pero eso seguramente es exigir demasiado a quienes sólo están preocupados por mantenerse en el poder y destruir al contrario. Tenemos excelentes médicos y profesionales sanitarios, con diez años de formación para poder ejercer, mal pagados y a los que se rifan en otros países ofreciéndoles mejores sueldos y más oportunidades. Tenemos jueces, que tras la carrera de Derecho, una oposición y el paso por la Escuela Judicial, están razonablemente formados y son en su inmensa mayoría independientes, aunque el objetivo del poder político es bajar el nivel de acceso y aumentar el control sobre ellos para que ellos no puedan controlar a los que mandan. Los profesores deberían mejorar su formación y ese MIR del que tanto se habla no acaba de llegar, pero, sobre todo, habría que garantizarles sueldos dignos y una carrera profesional si queremos que lleguen los mejores. Sin buenos profesores no hay buena educación. Estamos muy lejos de lograrlo. Las tres son profesiones de riesgo físico y mental y objetivo del control político. El ministro de Justicia está a lo que está -acabar con el PP y elevar a los altares a Pedro Sánchez- y la de Educación, otro tanto. Pero el caso más flagrante es el de la ministra de Sanidad, cuyo mayor logro político hasta ahora ha sido intentar acabar en Madrid con Isabel Díaz Ayuso con el resultado que todos conocemos. También ha intentado acabar con MUFACE porque es enemiga declarada de la sanidad privada. Afortunadamente parece que también va a fracasar porque si tuviera éxito colapsaría aún más la sanidad pública. Y, a pesar de ser médica, tiene a toda la profesión en contra, al borde de una huelga nacional que sería muy grave. Está negociando un Estatuto Marco con los sindicatos, algunos sin representatividad real y no con la Organización Médica Colegial, que representa a los 175.000 médicos, ni con las autonomías, que tienen las competencias, lo que es una deslealtad constitucional. Ese nuevo Estatuto impone una jornada laboral de 48 horas -frente a las 37,5 que Yolanda Díaz ha impuesto para todos los demás trabajadores-; fija las guardias en 17 horas -frente a las 24 actuales, pero sin contabilizar las horas extras ni pagarlas ni que éstas cuenten para la jubilación, lo que es un disparate-; y quiere, sin subir los salarios, impedir que un médico pueda compatibilizar su trabajo con la sanidad privada, entre otras cosas igual de discutibles. Lo más bonito que han dicho los médicos de ese Estatuto es que "es un bodrio". No resuelve ninguno de los problemas que tiene la sanidad, es un agravio para los médicos, mantiene las discriminaciones laborales, es intervencionista y conduce a un conflicto de graves consecuencias. Una joya de ministra.
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