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MADRID, 9 (OTR/PRESS)Aquel 14 de marzo de 2019 se decretó el estado de alarma. Seis días después de las manifestaciones del 8-M que, posiblemente, multiplicaron los contagios, pero que no se prohibieron, aún sabiendo el riesgo, por razones ideológicas. Luego vino la tragedia que conocemos, el aislamiento total, el cierre de los negocios y de las escuelas, el teletrabajo donde se podía, la solidaridad en los balcones, el inmenso trabajo de los médicos y de todo el personal sanitario o el de aquellos que garantizaban los suministros imprescindibles, el de los medios de comunicación que nos mantenían informados* Y millones de contagiados y 120.000 muertos, muchos de ellos mayores. Cinco años ya. Y todavía ahora, decenas de miles de españoles padecen secuelas, de mayor o menor gravedad, relacionadas con los efectos de la pandemia. La mayoría de los responsables políticos de aquel momento ya no están en sus cargos y el entonces mi9nistro de Sanidad preside hoy la Generalitat de Cataluña. Cinco años ya y casi nos hemos olvidado de lo que pasó. Los resultados fueron terribles en todas las comunidades autónomas, pero la presión política de la izquierda sólo sigue sobre lo que paso en la de Madrid, a pesar de que más de sesenta denuncias han sido archivadas por los tribunales. En 2020, el entonces delegado del Gobierno en Madrid decía que "vamos a seguir explotando el tema de las residencia. Tenemos que retorcer el tema de las residencias". Y ahí siguen. Impresentables hay en muchas partes. Hace unos días ha tenido que dimitir una responsable política por decir que "el COVID no fue una pandemia de gran gravedad". En Estados Unidos hubo una comisión de la Cámara de Representantes que tras hacer una investigación exhaustiva, con testimonios de 30 expertos, 25 audiencias y reuniones y el análisis de un millón de páginas de documentos presentó sus conclusiones hace unos meses. En España, el entonces ministro de Sanidad dijo que se haría. Pero él se fue a Cataluña y sus sucesores no han hecho nada. Ni sobre los efectos, ni sobre las medidas sanitarias ni sobre los casos de corrupción ni, sobre todo, sobre lo que habría que hacer para estar preparados ante una nueva catástrofe. Ni siquiera sobre la validez o la necesidad de cambiar la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de España, de 2011, que fijaba la necesidad de tomar medidas y disponer de recursos antes crisis sanitarias y que se demostró inútil. Las conclusiones de los republicanos y demócratas norteamericanos señalan que el confinamiento, el distanciamiento social y el uso de mascarillas carecían de fundamento científico y, como dijo el coordinador médico de la pandemia bajo Trump y Biden, "surgieron sobre la marcha" y en muchos casos fueron ineficaces e incluso perjudiciales. No sé si eso es científico, pero a mí me hubiera gustado que en España hubiéramos sido capaces de crear una comisión independiente de expertos no ya para repartir culpas y exigir responsabilidades políticas, que también; no ya para analizar las corrupciones en la compra de mascarillas y vacunas y que actuaran los tribunales, que también; no ya para decir qué hicimos mal y que podíamos haber hecho mejor, sino para plantear los cambios necesarios para que otra pandemia no nos cogiera desprevenidos y sin capacidad de reacción. Nadie ha tenido interés en hacerlo. No se han mejorado las condiciones laborales y económicas de los sanitarios, que fueron decisivos en la pandemia. Nadie ha propuesto cómo hay que mejorar la inversión en salud pública y en infraestructuras de salud; qué medidas médicas y no médicas son necesarias; qué hay que mejorar en alertas y comunicación de riesgos. Necesitamos un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante emergencias sanitarias, un Plan de reservas estratégicas, crear una red de profesionales y equipos en disponibilidad de actuación inmediata, la actualización de la Ley General de Salud Pública y la modificación de las leyes que amparan las actuaciones en crisis sanitarias. Es inapropiado, ineficaz y mezquino seguir focalizando el problema en cuántos mayores murieron en las residencias de una comunidad autónoma y no hacer nada para evitar que una pandemia vuelva a acabar con la vida de decenas de miles de ciudadanos. Pero los políticos están a otras cosas, a la confrontación permanente. Han pasado cinco años y no hemos aprendido nada.
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