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La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por trato fiscal discriminatorio de los contribuyentes no residentes, a los que niega beneficios fiscales en ganancias patrimoniales cuando estas se pagan por tramos. Cuando el pago de una transferencia de activos se aplaza más de un año o se abona a plazos durante un período superior a un año, los contribuyentes residentes tienen la opción de pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías o de aplazarlo proporcionalmente sobre la base del flujo de efectivo, una opción que no se ofrece a los contribuyentes no residentes. El Ejecutivo comunitario ya advirtió a España de este trato fiscal discriminatorio en 2021 y 2024, pero las autoridades nacionales han defendido en sus diálogos e intercambios posteriores que la legislación tributaria española se ajusta a las normas europeas. Sin embargo, la Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido "insuficientes" y, en consecuencia, ha decidido llevar a España ante el TJUE.
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