El Congreso aprueba el decreto 'ómnibus' con 10 directivas europeas entre críticas por el “abuso” de esta figura como “coladero normativo”

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Congreso convalidó este jueves el decreto ley ‘ómnibus’ que traspone hasta diez directivas comunitarias con medidas sobre competencia, blanqueo de capitales o desplazamiento de los trabajadores, prorroga el IVA al 0% para el material sanitario importado o extiende de 20 a 40 años el plazo para las licencias en el espectro de 700 MHz para alentar la inversión en 5G, entre fuertes críticas por el “abuso” de la norma como cajón de sastre y “coladero normativo”.

Sin embargo, el texto salió adelante con apoyo 220 votos, frente a 13 rechazos y 12 abstenciones, tras acordarse también por abrumadora mayoría su tramitación como proyecto de ley por la vía urgente.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, explicó que el uso de la norma ‘ómnibus’ permite incorporar a la legislación, total o parcialmente, “hasta 10 directivas cuyo plazo de transposición está ya pasado o muy próximo a su vencimiento” para “evitar procesos que pudieran desembocar en la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea”.

Según expuso en anticipación de las quejas posteriores de diputados de diferentes grupos parlamentarios, el uso de esta fórmula es un “mecanismo” habitual para “momentos regulares a lo largo del año” y “se utiliza en otros países para la trasposición de la normativa comunitaria”, facilitando así que “dejemos de ser el farolillo rojo de la Unión en términos de trasposición”.

Además, defendió, pidiendo el apoyo a la norma, que con la incorporación de las diferentes directivas europeas incluidas en el decreto se otorga también “seguridad jurídica” y se extienden “los beneficios de estas nuevas regulaciones a todos los operadores económicos y los ciudadanos españoles”.

Durante su defensa, señaló que una de las directivas traspuesta refuerza la protección en el caso de los desplazados por motivos laborales, al asegurar que se aplicará la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida cuando los desplazamientos superen los 12 meses o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga. Su plazo de trasposición terminó el 30 de junio de 2020 y modifica otra directiva aprobada hace 20 años para “avanzar en la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores desplazados a nuestro país, que, tras un determinado período de tiempo en España, pueden considerarse efectivamente integrados dentro del mercado laboral español”.

Otras dos directivas culminan la regulación del IVA para el comercio electrónico, cuya trasposición es obligatorio cerrar el 1 de julio de 2021. Calviño refirió que así se reducen las cargas administrativas y los costes de gestión para los profesionales y empresarios que hagan ventas transfronterizas, a la vez que se “limitan las posibilidades de fraude justamente en el IVA transfronterizo”, y se favorece la compra a los consumidores, “ampliando así el mercado interior y restaurando, equilibrando la competencia entre los proveedores comunitarios y fuera de la Unión Europea”.

Otro aspecto vinculado al IVA incluido es la prórroga por otros ocho meses, hasta el 31 de diciembre de 2021, de la aplicación de un IVA a tipo 0% a la importación y adquisición de material sanitario utilizado en la lucha contra la Covid-19 y destinado a centros sanitarios públicos y privados, así como entidades de carácter social. Además, detalló que se incorporan varias directivas para trasponer la legislación europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y sobre requisitos de capital de entidades financieras, cuya transposición venció el pasado 28 de diciembre de 2020, junto a directivas en materia de competencia.

IVA Y 5G

Asimismo, refirió que se extenderá de 20 a 40 años la duración de las licencias para el espectro de 700 megahercios (700 MHz) en las próximas subastas que se convoquen para incentivar a las operadoras a que realicen inversiones importantes para desplegar el 5G con rapidez por medio de una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para adaptarla parcialmente a lo que establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

Según detalló, es una directiva que tenía que haber sido traspuesta antes de diciembre pasado y ayudará a “promover la inversión sostenible en el desarrollo de redes de comunicaciones electrónicas de alta capacidad y para favorecer el despliegue de estas nuevas redes, en particular el despliegue del 5G en nuestro país”.

En última instancia indicó que el decreto ‘ómnibus’ incluye una normativa para ampliar los plazos de garantías legales de bienes de dos a tres años e incrementar, de cinco a 10, el tiempo mínimo en el que los fabricantes están obligados a disponer de piezas de repuesto, una vez que el producto deja de fabricarse. “Son cuestiones tremendamente importantes para todos los ciudadanos de nuestro país”, manifestó, instando a los grupos parlamentarios a dar su apoyo por abordar un número de materias que “son muy relevantes para la seguridad jurídica, pero también para la adecuada protección de las empresas y de los ciudadanos de nuestro país”.

Sin embargo, la mayoría de diputados aprovecharon su intervención para recriminar la aprobación en bloque de normas tan diferentes. Según el diputado de Vox Rubén Manso se trata de un decreto “escoba”, no ‘ómnibus’, que traspone cinco directivas con plazos vencidos y procedimientos de incoación de expedientes abiertos contra el Reino de España, una sexta en la misma situación “porque se traspuso mal, se nos apercibió” y “se nos dio un plazo” que “también hemos sobrepasado”, y otras cuatro que vencerán en junio y julio.

Si bien anticipó el apoyo de Vox para evitar que suba la factura de las sanciones, indicó que la “habitación” del Gobierno está “muy revuelta” y es casi “la habitación de un adolescente” porque está “metiendo todo el desorden debajo de la mesa”, de “hasta ocho materias”. Demandó su tramitación por proyecto de ley para “darnos la posibilidad de discutir algo”, acusando “un abuso de la figura del real decreto”, “hurtando” a la Cámara su discusión.

“CHAPUZA LEGISLATIVA”

“¿Podrían decirme cuál es la conexión entre sistema bancario, el espectro radioeléctrico, el IVA del comercio electrónico, los daños medioambientales, los trabajadores desplazados o la defensa de los consumidores? Difícil, ¿verdad? Yo se lo voy a decir: la conexión de todos estos temas es la incompetencia y la cobardía parlamentaria de este Gobierno”, recriminó el diputado del PP Mario Cortés, quien calificó el decreto de “batiburrillo” de trasposición de directivas.

“Una auténtica chapuza legislativa. Somos el primer país en el ranking de incumplidores con más de 100 expedientes de infracción abierta por la Comisión Europea”, prosiguió, acusando al Ejecutivo de ser el “más vago” y “el que más tarda en adaptar las leyes a las directivas de Europa” y, por consiguiente, “el Gobierno más caro de la historia”. A título de ejemplo, refirió que se ha tenido que pagar 20 millones de euros por el retraso en la trasposición de la normativa sobre protección de datos y, con ese dinero, “más de 43.000 familias podrían haber cobrado el Ingreso Mínimo Vital”.

La diputada del PSOE Patricia Blanquer replicó que las normas tienen “el nexo común” de ser reflejo “del compromiso europeísta de nuestro Gobierno por dar una respuesta conjunta europea a los ciudadanos, a las empresas, ante las complejidades derivadas de la globalización y de los grandes retos del siglo XXI”. Anticipó su tramitación como proyecto de ley para “garantizar el debate y aportaciones constructivas”. “Por tanto, estamos en el debate. No hay abuso, no hay desprecio”, agregó, defendiendo que el real decreto “no es improvisado”.

En apoyo de las normas indicó a título de ejemplo que el 63% de los españoles ha recurrido a la compra online con la pandemia conforme a un estudio de OCU, se armoniza el IVA 0% para productos sanitarios o se refuerza el sistema en la lucha contra el blanqueo de dinero, que a nivel internacional y según datos de la ONU “ya ascendía al 2,7% de la riqueza mundial” y supone “una gran lacra para la sociedad insolidaria y generadora de desigualdad e inequidad”. Al PP le espetó que es un “atrevimiento y una responsabilidad” su postura, afirmando que, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, “España lideraba las sanciones por incumplimientos europeos”.

Antes que ellos, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, afeó que el decreto ‘ómnibus’ “relega a las Cortes Generales a un papel comparsa en no pocas ocasiones y suplanta su principal función: la legislativa”, criticando el “abuso de este coladero normativo” y apuntando que el "Consejo de Ministros ha recurrido casi medio centenar de veces al artículo 86 de la Constitución, invocando que estas medidas responden a una extraordinaria y urgente necesidad”. Juzgó como “antidemocrático” el hábito “de utilizar tamaña puerta falsa” y acusó “la manifiesta contradicción” de directivas en “beneficio” del sistema financiero cuando a los trabajadores los “despiden sin contemplaciones”.

La diputada del Grupo Vasco de EAJ-PNV Idoia Sagastizabal denunció que se trata de un decreto “que no ha sido consultado con los grupos políticos y tampoco consensuado”, mientras que la diputada de Ciudadanos María Muñoz apuntó con datos del Consejo General de Economistas que “España tarda de media doce meses más que el resto de los Estados miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional, sumando por ello el 70% de las sanciones a nivel europeo”.

Eso hace que España, junto a Grecia, sea “el farolillo rojo de la Unión Europea”, según coincidió con Calviño, aunque le reprochó usar la figura ‘ómnibus’ para meter en un texto de “casi 200 páginas” directivas “sobre diferentes asuntos que no tienen nada que ver”, acusando al Ejecutivo de “irresponsabilidad” por apurar los plazos de trasposición.