MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Partido Popular anunció este lunes que utilizará todas las medidas "políticas" e "institucionales" a su alcance para evitar la aprobación de la reforma judicial presentada la semana pasada por el PSOE, que bautizó como "ley Begoña", al tiempo que tachó de "escándalo inédito" que el Tribunal Supremo implique a la Presidencia del Gobierno con la filtración de los datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, deploró que el auto del juez afirme que "el Gobierno estaba en el ajo" y abra la puerta a pensar que "el presidente del Gobierno probablemente" también. Y añadió: "Todo se va a acabar sabiendo, por eso convendría que quienes han perpetrado este tipo de actos se adelantarán, pidieran disculpas a los españoles y pusieran su cargo a disposición".
Pero más allá del caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el PP puso el acento en la "ley Begoña", que tiene "como objetivo limitar la acción del Tribunal Supremo" en los presuntos casos de corrupción del Gobierno y su entorno, según la tesis de Génova. Sémper se mostró convencido de que lo siguiente será el "blindaje" del fiscal general del Estado porque "Sánchez no tiene límites", según afirmó en una rueda de prensa.
El PP ve "verdaderamente grave" que el Gobierno "quiera terminar con los contrapoderes encargados de ponerle los límites debidos" buscando "la impunidad retroactiva de quienes están siendo investigados por la supuesta comisión de delitos", en este caso, el hermano y la esposa de Sánchez. Y señaló que es "inédito" que Sánchez trate de "legislar a la carta" para "beneficiar" a su entorno como hizo con los líderes del 'procés' con la amnistía.
"Este ataque a la igualdad de los españoles, a la lucha contra la corrupción y, en definitiva, al Estado de derecho que intenta perpetrar el actual Gobierno tendrá "la respuesta más contundente posible" por parte del PP. Y Sémper no descartó ninguna medida, aunque desde Génova tampoco avanzaron si presentarán un recurso de inconstitucionalidad o incluso acudir a Europa.
Con respecto al fiscal general, incidió en que es un "escándalo político" que "quien tiene la obligación de perseguir delitos" sea investigado por "la comisión de delitos penales" y el Gobierno le dé "un apoyo cerrado". Sémper volvió a reclamar su dimisión al tiempo que pidió a Sánchez que, si está vinculado con la filtración de los correos del novio de Ayuso, lo reconozca públicamente y asuma su responsabilidad.
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