Cermi denuncia que en España hay trabajadores con discapacidad que cobran menos del SMI

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Comisión de Inclusión Laboral del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Daniel Aníbal García Diego, denunció este miércoles en el Congreso de los Diputados que, aunque "sea de forma marginal", en España hay trabajadores con discapacidad que cobran sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Lo hizo durante su comparecencia ante la comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, donde también reivindicó el derecho a "la igualdad salarial" de este colectivo.

En su intervención, exigió el acceso de estas personas a "un empleo que realmente sea empleo" y "no sentarse ocho horas al día frente a una mesa para cumplir con la cuota".

Esto puede resultar "tremendamente destructivo", indicó. Por eso, reclamó el derecho de las personas con discapacidad a "trabajos significativos, que les inserten en la cadena productiva y les procuren un salario que permita su participación social".

García Diego exigió "igualdad salarial" y criticó que, aunque sea "de forma residual", en España existen trabajadores con discapacidad que cobran por debajo del SMI. Así, reclamó una reforma de los Centros Especiales de Empleo (CEE), que "empiece por el nombre". A su juicio, debería cambiarse por el de "empresas para la inserción laboral de las personas con discapacidad".

Además, prosiguió, "haríamos bien en dejar atrás ese mantra de la transición al empleo ordinario" porque "la idea es buena", pero qué pasa con todos aquellos que no logran esta transición". Su "frustración puede ser muy grande".

De ese modo, defendió que "lo verdaderamente importante es procurarles un empleo inclusivo donde la persona se sienta cómoda, realizada y con una remuneración adecuada".

Como presidente de la patronal de CEE Feacem, García Diego defendió "el modelo de éxito" que representan estos centros, aunque abogó por "seguir mejorando de cara a conseguir la excelencia". "¿Por qué no abrirlos para incluir a otros colectivos vulnerables?", propuso en respuesta a la diputada del PP Violante Tomás.

ACTIVACIÓN

García Diego pidió una Ley integral de Inclusión Sociolaboral de las Personas con Discapacidad, que incorpore elementos de empleo, Seguridad Social y prestaciones sociales.

A su juicio, "es preciso incentivar la activación de las personas con discapacidad porque "hay barreras" que, por ejemplo, "se podrían solucionar si se suprimiesen muchas incompatibilidades".

"Imagínense a una persona con discapacidad que vive en una residencia y quiere intentar buscar trabajo, pero que puede perder esa plaza si lo consigue", les dijo a los diputados. "¿Qué harían ustedes?".

También se refirió a la imposibilidad de trabajar a media jornada y cobrar una prestación social. Muchas personas con discapacidad, por motivos de salud, "a veces prefieren trabajar a media jornada". Esto les convierte en "trabajadores pobres", explicó, pero al mismo tiempo, no tienen derecho a ningún subsidio. "¿Qué decisión tomar"?".

En la actualidad, poco más de una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral (28%) en España tienen un empleo, cuando la media de la población española ronda el 75%. Asimismo, su tasa de actividad es del 35,5%, casi 45 puntos por debajo de la población general. Por eso se necesitan "medidas decididas de activación", reclamó.

ENDURECER LA LEY

Los diputados Rafa Cofiño (Sumar) y Emilio Sáez (PSOE) se interesaron por el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad en lo que a contratación en empresas ordinarias se refiere.

En este punto, García Diego destacó una de las propuestas del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, que sugería bajar de 50 a 20 trabajadores el límite de plantilla para que las empresas empiecen a estar obligadas.

"En España hay muchas pymes", declaró, y "en las zonas rurales casi no hay empresas con más de 50 trabajadores". "¿Qué pasa? ¿No se va a hacer nada para que contraten a personas con discapacidad en el mundo rural?", espetó.

García Diego se mostró partidario de "obligar" al sector privado y criticó que, a veces, los cupos de empleo reservado en las ofertas públicas quedan desiertas por falta de adaptación de las plazas. "Sé de una comunidad que reservó la subcuota de discapacidad intelectual dentro de una oposición a médicos de familia. Obviamente se quedó desierta". A su juicio, eso sólo es cumplir el expediente.

RETOS DE FUTURO

Por otro lado, García Diego hizo una reflexión sobre el impacto de la inteligencia generativa en el empleo de las personas con discapacidad.

"Estamos inmersos en una revolución tecnológica en la que, por primera vez, no estamos seguros si se producirá una creación neta de empleo o todo lo contrario". Por eso, llamó a "estar vigilantes para que las personas con discapacidad no queden fuera de este progreso" porque sus empleos suelen ser muy vulnerables.

También apostó por la formación en habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías e insistió en que todavía queda una brecha importante que superar en el acceso a la educación superior.

Asimismo, criticó la aplicación del nuevo baremo para la valoración del Grado de Discapacidad, que definió como "un decreto muy positivo y acordado por todo el sector, pero cuya puesta en práctica ha generado un gran descontento".

García Diego reflexionó también sobre las diferencias entre hombres y mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo. "Es verdad que todos estamos mal, con independencia del tipo de discapacidad", recalcó. A cualquier nivel de formación, la tasa de actividad, de empleo y de sueldo es siempre menor", afirmó.

Sin embargo, las mujeres se llevan de nuevo la peor parte. Están menos representadas en la franja de edad laboral (55 frente a 45%) y, aunque "trabajan prácticamente lo mismo, la brecha salarial es de 2.000 euros al año" a favor de los varones.