Las cosas se ponen feas en Cataluña, pero también para los propios catalanes. El complejo catalán se agudiza y, cada vez con más insistencia, el alumnado se rebela contra el profesorado y contra el sistema educativo catalán. La división irreconciliable de familias catalanas es un hecho y el sufrimiento de familias de policías y otros profesionales llegados a Tabarnia y Tractoria empieza a cambiar en algunas zonas.

Alfonso Fernández Mañueco ha convocado elecciones en Castilla y León en el peor momento que podía hacerlo: con la pandemia en claro ascenso, no es ético dejar huérfana la consejería de Sanidad. No me extrañaría que la ciudadanía le hiciera pagar esta brutalidad que, por otra parte, demuestra una inmadurez política y un claro afán de revancha del PP nacional.

Hoy está siendo tendencia la localidad de Camporredondo, provincia de Valladolid. La cuestión es que su alcalde, Javier Izquierdo, ha respondido de forma contundente, y no sin sorna o recochineo, pero con extraordinario fundamento histórico, a un requerimiento del Senado sobre la aplicación de la mal llamada ley de Memoria Histórica. Ley sectaria, mentirosa y torticera basada en el revanchismo, el odio y la venganza.

No es fácil poner orden en Cataluña y tampoco en España. Lo están intentando varias familias frente al supremacismo catalán; lo han intentado asociaciones y agrupaciones no catalanistas; no dejan de hacerlo los partidos constitucionalistas: unos más que otros, porque el Partido Popular se limita a hablar, pero no actúa. Del Gobierno mejor no hablar: su actitud es calificada de «despreciable ante el sufrimiento de miles de familias represaliadas en Cataluña».

Hace algún tiempo pensábamos que Nadia Calviño abanderaba el sector más moderado del Gobierno, incluso ella daba la imagen de ser la más moderada. Pero ayer se quitó la careta tras las afirmaciones de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados.

No se puede esperar más. La defensa de los niños en Cataluña es urgente y hasta los jugueteros muestran su enfado por la burda manipulación que hace al efecto el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Sabido es que el Gobierno «Frankenstein» se ha desentendido de los problemas de represión que practica el independentismo catalán, las amenazas a las familias y la persecución a todo lo español, incluidas las instituciones y las tradiciones.

Se apellida Garzón, y no es precisamente Baltasar, el exjuez expulsado de la Judicatura. Me refiero a Alberto, el ministro de Consumo. Sesudo personaje que descubrió que circulaban menos coches cuando nos obligaron a permanecer enclaustrados bajo amenaza de sanción. El mismo que no domina las matemáticas y que descubrió que había bajado el nivel de juego, precisamente cuando estábamos encerrados por la pandemia y por las ilegales medidas del Gobierno.

La meiga gallega del Gobierno pierde tornillos a su paso. Muy torpes tienen que ser quienes votan en las encuestas para que este personaje traicionero quede en primer lugar. Claro que, eso pasa porque los otros, por quienes también se pregunta, son burdos personajes políticos, sin importancia, carisma ni prestigio, aunque sean líderes de otros partidos.