No marcha bien eso de la igualdad legal, al menos en la práctica, porque se observa el auge de grupos legalmente favorecidos, por la norma de carácter especial, que han pasado a ser intocables, mientras que al ciudadano común, bajo el paraguas de la normativa general, se le tiene, de hecho, desamparado. Tenemos demasiados ejemplos de esta situación, pero hay uno al que, en general, se procura hacer oídos sordos y se concede escasa publicidad.

La creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas refleja el vuelco civilizatorio que Luiz Inácio Lula da Silva pretende promover en su tercer gobierno en Brasil, que comenzó este domingo 1 de enero con un llamado a la unión nacional en “un frente amplio contra la desigualdad”.

Considero que cada día es más complicado hacer menos pobres a los pobres, en medio de un mundializado panorama sombrío e incierto. Las tremendas desigualdades y la merma del poder adquisitivo en multitud de hogares, nos están dejando sin fuerza; y, lo que es peor, sin esperanza alguna, ante el imperio de los poderosos y la ausencia del poder de las normas.

Desde el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España y la gran patronal se pide que los salarios suban por debajo del IPC que terminó el año en el 6,5%, provocando una nueva pérdida de poder adquisitivo que se extiende al conjunto de las clases populares. El oligopolio eléctrico mantiene el atraco impuesto con la brutal subida de la luz. Y desde Europa llegan avisos de subida de los intereses que España tendrá que pagar para devolver la deuda contraída por la pandemia.

Sin duda, es tiempo de pactos, de diálogos a fondo para prevenir los efectos adversos que puedan producir el aumento de la exclusión social, mientras la corrupción y los flujos financieros ilícitos campean a sus anchas por todos los territorios del orbe, acrecentando las desigualdades y debilitando el estado de derecho y la ineficacia en la distribución de los fondos públicos, que afectan directamente a nuestra natural familia humana.