Las pequeñas y medianas empresas engloban el 99% de empresas en España y, las que están gestionadas por familias conforman el 89% del total, ocupan el 67% del empleo privado y su peso en la actividad económica equivale al 57% del PIB del sector privado. A medida que la economía es más digital, estas empresas corren el riesgo de quedarse atrás respecto a otras empresas.

Las empresas españolas invirtieron mediante leasing 5.356,7 millones de euros para financiar activos mobiliarios e inmobiliarios hasta agosto de este año, lo que representó un aumento del 12,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según la información ofrecida por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

El retraso medio en los pagos de las empresas europeas aumenta hasta 12,48 días en el segundo trimestre de 2023, según el Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas en Europa. A pesar de la ligera subida de 0,06 días desde trimestre anterior, que supone romper la tendencia de recorte de los nueve trimestres anteriores, sigue por debajo de los trece días.

El 64% de los empresarios reconoce haber tenido algún impago en los últimos doce meses, según la encuesta realizada para la décima edición del libro “Análisis del comportamiento de pago empresarial”, un macro estudio sobre la situación de los pagos en las empresas españolas. Esta proporción supera en 11 pp a la del año pasado, cuando era de un 53%, y en 21 pp a la de 2021, año en el que se quedaba en el 43%.

De acuerdo con el seguimiento de la constitución de empresas en los registros mercantiles, en julio de 2023 se registró un aumento del 16% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En el conjunto del año la creación de tejido productivo acumula una subida del 12%. Las nuevas firmas se concentran en Madrid (23% del total), Cataluña (19%), Andalucía (18%) y la Comunidad Valenciana (13%).

La pequeña y mediana empresa española ha sido una de las principales afectadas por el aumento de los precios y el consiguiente estancamiento de las ventas. 2022 dibujó un complejo escenario económico para las pymes que conforman el tejido empresarial y no en pocas ocasiones han visto peligrar su continuidad, especialmente ante el riesgo de contracción económica que se planteaba para 2023.

Las empresas españolas invirtieron mediante leasing 3.456 millones de euros para financiar activos mobiliarios e inmobiliarios en los cinco primeros meses de 2023, lo que representó un aumento del 16,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según la información ofrecida por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

El retraso medio en los pagos de las empresas europeas se reduce hasta 12,42 días en el primer trimestre de 2023, según el Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas en Europa. La demora media en los pagos en Europa creció a lo largo de 2020. Sin embargo, en 2021 se inicia la tendencia opuesta y son ya nueve trimestres consecutivos con descensos. El descenso desde hace un año se generaliza a casi todos los países analizados. España y Bélgica son las únicas excepciones.

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de procesos concursales en el BOE y el Registro Público Concursal que realiza Iberinform, el tejido empresarial registró en mayo un aumento interanual del 9,1% de las insolvencias empresariales. Aunque en 2023 se han producido importantes novedades, como la entrada en vigor del denominado procedimiento especial para microempresas, en el conjunto del año estos procedimientos judiciales registran una caída del -17%.

El incremento de los tipos de interés está provocando un impacto significativo en la estructura de costes del tejido productivo que puede afectar a sus capacidades para operar de forma rentable. De acuerdo con el último Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 82% de las empresas españolas confirma que las subidas de tipos están impactando en su capacidad para financiarse adecuadamente. 

A medida que los clientes piden plazos de pago más largos, o intentan renegociar los precios, las empresas necesitan dedicar cada vez más tiempo y recursos a asegurar sus ingresos. Así lo refleja la nueva edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum, presentada hoy a nivel internacional y que analiza la salud financiera y las previsiones económicas de las empresas de 29 países de toda Europa -entre ellos, España-.

Según el estudio de Demografía empresarial en los últimos 30 años presentado por Informa D&B, durante las tres últimas décadas se han constituido más de 3.200.000 empresas en España. Entre las creadas en 1992, 2002 y 2012 se aprecia que la mayor parte ya no están activas.

Empresas, inversores, asociaciones empresariales y Pymes de ámbito internacional se reunirán en el Foro Iberoamericano de la Rábida para analizar los retos y oportunidades del sector. El Foro, impulsado por la Diputación Provincial de Huelva en alianza con la Red Business Market, tiene como objetivo posicionar el tejido económico, empresarial y emprendedor de Huelva en el ámbito internacional.

Durante el año 2022 se han contabilizado 7.272 concursos en España, lo que supone el 0,21% de las empresas activas existentes, según el Estudio sobre concursabilidad 2022. A pesar de que el número de concursos creció un 24% respecto al año anterior, la tasa de concursabilidad en nuestro país se mantiene por debajo de nuestros vecinos europeos (en Francia supera el 1%).

Las empresas españolas invirtieron mediante 'leasing' 987,8 millones de euros para financiar activos mobiliarios e inmobiliarios en el mes de enero de 2023, lo que representó un aumento del 119,5% respecto al año anterior, según la información ofrecida por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

En los dos primeros meses del año se han constituido 19.535 empresas en España, un 15% por encima de las 16.932 que se crearon el mismo periodo en 2022, según el Estudio sobre Demografía empresarial. Las constituciones crecen en casi todas las comunidades. Madrid, Cataluña y Andalucía lideran tanto las cifras desde enero como las de febrero.

A Pedro Sánchez Pérez Castejón, el hombre más embustero que puede haber en el mundo en estos momentos, y al que -por cierto- se le está poniendo cara de “cardo borriquero”, es muy posible que se le esté acabando el tiempo de las “vacas gordas” que ha manejado dictatorialmente y sin pensar en nadie más allá de su persona.

Sinceramente, Ferrovial ¿a quién se debe? Creo, sinceramente, que, prioritariamente, debe rendir cuentas ante su “capital”, es decir ante sus accionistas, con otro nombre, ante sus inversores. ¿A quién más?, es claro que a su “segundo capital”, la base humana, capaz de desarrollar la empresa a niveles nacionales e internacionales.

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) multó con 203,6 millones de euros a las 6 principales constructoras de nuestro país por alterar, durante más de 25 años -desde 1992 a 2017- con prácticas monopolistas, las adjudicaciones públicas para la construcción de infraestructuras de todo tipo. La tercera por cuantía de la multa era Ferrovial Construcción y la sanción de 38,5 millones.

El proceso de transformación digital se percibe como un elemento clave en la consecución de la Agenda 2030, ya que permite mejorar la eficiencia en los procesos de producción, reducir el uso de materia prima o limitar los desplazamientos. En este sentido, cada vez son más las empresas que incluyen en sus planes internos de responsabilidad social corporativa algunos de los objetivos alineados con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).