La puesta en libertad de la "Manada" por parte de los jueces, vuelve a provocar un aluvión de reacciones populares que claman justicia e incluso venganza. Las reacciones se multiplican en dos sentidos. Por un lado están los que cargan contra los acusados, y por otro, los que critican abiertamente la decisión tomada por los jueces para la salida de la cárcel de unos chicos que hasta el momento cumplían condena de manera provisional, hasta la espera definitiva del juicio.
No cabe duda que el hecho de juzgar supone dos cualidades fundamentales que no conviene perder de vista: la competencia y la imparcialidad. Pero, ¿a caso son suficientes para poder juzgar?
A nivel del derecho positivo, el juez no realiza ningún tipo de juicio moral sobre los hechos a los que se ve confrontado por parte de los autores que han infringido la ley. El juez, tan solo debe pronunciarse sobre la conformidad o la contradicción entre unos hechos concretos cometidos por los ciudadanos y las leyes, de las que él mismo no es el autor, y que probablemente, personalmente no apruebe internamente.
Por lo tanto, no se trata de su propio juicio, sino del de la ley, que en principio en un Estado de derecho no se presenta como un juicio moral.
Por otro lado, el juicio de los hombres choca con muchas dificultades. ¿No sería más "justo" por parte de una sociedad democrática y madura, no deplorar ni maldecir una acción concreta, sino intentar comprenderla?
Los prejuicios son malos consejeros, siempre, ya que se basan en la moralidad del comportamiento de una persona o de un grupo de personas. De ahí que las manifestaciones populares que ponen en cuestión las decisiones judiciales sean el reflejo de una idea muy peligrosa en democracia: que sea preferible mantener a un preso preventivo en la cárcel que a un culpable en libertad. Y todo por utilizar el argumento de que se trata de un individuo o grupo de personas "potencialmente" peligroso.
Queremos convertir la Justicia en la instancia encargada de castigar a los culpables, y no en el órgano independiente que debe proteger a la sociedad. Los magistrados defienden la independencia de su autoridad judicial, puesto que saben que es la garantía del Estado de derecho, ya que aplican exclusivamente la ley, siguiendo las reglas de los procedimientos establecidos judicialmente.
La libertad de los jueces implica por lo tanto verse libres de toda influencia popular, o presión externa. Los jueces deben rechazar cualquier intervención que pretenda influir, directa o indirectamente, sobre su decisión, fuera de los cauces legales establecidos.
Al pueblo habría que explicarle que ningún tipo de venganza puede ser justa. Vengarse no es juzgar, sino responder al sufrimiento con el sufrimiento. Con la fuerza no se para el mal, se perpetúa. La venganza no busca reparación, es una mala respuesta a la emoción.
Por eso, los jueces no se vengan, puesto que no se ven personalmente implicados en el asunto que es objeto de su juicio. Hace falta distancia para aplicar la justicia, mientras que la venganza es más bien una cuestión de proximidad.
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