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Esta España nuestra es cada vez más sorprendente. Hace poco leía en un medio de comunicación que ni la Fiscalía ni los jueces responden a las expectativas de la ciudadanía ni van en la línea del sentido común; de ello no parece haber duda porque, incluso, dentro de esos mismos Cuerpos hay serias discrepancias y la misma ley no se interpreta igual por todas las partes ni para todas las partes. Va a ser verdad que quien hizo la ley, hizo la trampa, como va a ser verdad que “todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros”. Todo esto viene a cuento por la situación del poco o nada honorable, Carlos Puigdemont, expresidente de la Generalidad catalana.
Dentro del circo en el que Puigdemont nos tiene inmersos, cada día nos encontramos con un nuevo espectáculo. Recientemente hemos comprobado cómo la Fiscalía era contraria a excluir a este personaje de las elecciones europeas, hasta el punto de que descaradamente mostró su oposición a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). A día de hoy es sabido que sí pueden presentarse el personaje fugado de la Justicia, el tal Toni Comín y Clara Ponsatí, ambos exconsejeros.
Asustado Pedro ‘Plagio’ Sánchez, de todos es sabido que tenía un firme compromiso con el independentismo y 21 puntos pendientes, además de que sus aspiraciones no pierden de vista a nacionalistas e independentistas y exterroristas; de ahí que el Ministerio Público estuviera contra la JEC: “su resolución no es ajustada a Derecho, en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo”. Se refería a los tres personajes fugados, no solo al expresidente. El caso es que la JEC se la ha tenido que envainar porque hasta el Constitucional ha dicho que pueden presentarse a las elecciones. A nadie se le escapa que hay unas interesadas y torticeras interpretaciones.
Desde el independentismo no se cree en la Constitución y se desprecia ésta, como se desprecia la monarquía, pero cuando interesa acuden al Constitucional o fundamentan sus reclamaciones en algún artículo de la Carta Magna. Muchos empezamos a pensar que eso del independentismo es como un chicle que se estira o encoge según convenga ¿De qué nos extrañamos cuando, incluso dentro de la UE, nuestro ordenamiento jurídico queda como el hazmerreír de Europa y lo ven con más agujeros que un queso gruyere?
Un ciudadano no puede ser elector ni elegible si no consta adecuadamente en el censo, pero un fugado de la Justicia sí puede serlo si es político y aunque esté pendiente de cumplir con la ley. ¿Los golpistas de Waterloo deben mantener sus derechos fundamentales cuando ni siquiera ellos cumplen con su deber de presentarse a la Justicia por el golpe de Estado? ¡Qué mal huele la Judicatura! ¿Y la Fiscalía? Pues... peor aún.
Pero quietos que aquí no acaba todo. Hace unos días el tal Quim Torra ha nombrado secretaria para el prófugo expresidente, al menos mientras permanezca en Waterloo. Se llama Sala Ribas y va a cobrar a costa del erario público catalán. “¡Joder, qué tropa!”, diría Romanones. El cometido de ella es que atienda su gabinete, organice su agenda, visitas, correo… En fin, las labores propias de un secretario o secretaria. Ahí es nada, un fugado por golpe de Estado, corrupción, malversación, sedición, amenazas al rey… con su propio gabinete.
Miedo me da que acabe con gabinete personal el desgraciadamente famoso “Chicle” o “la manada”. Viendo lo que estamos viendo cualquier cosa nos creeremos. Por si no lo saben, diré que el montante va a sobrepasar los 300.000€ anuales, solo el gabinete. Cuanta más información se tiene de este asunto, más fácil es montar en cólera y dejar de creer en la Justicia, capaz de retorcer el retorcimiento y desajustar sus decisiones de la sociedad en la que viven: la ley es ley, pero no siempre lo legal es justo. Los latinos se quedaron solo en aquello de “Dura lex, sed lex”, pero no debieron de pensar que toda norma tiene sus excepciones. En fin, el incipiente Derecho romano era lo que era y su base era el consuetudinarismo.
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