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El aviso nos llegó en una de esas reuniones con políticos en las que se baldean noticias y opiniones que conviene retener con una nota: Ojo, puede ser un tiro al aire, parcial o interesado.
Una vez recibido el aviso, parecía oportuno ver el momento indicado para que apareciera. Convocadas las Elecciones Generales el 28 de abril y las Locales, Autonómicas y Europeas el 26 de mayo, lo lógico era que apareciera entre ambas, ya que hacerlo antes del 28-A hubiera significado alterar el sentimiento electoral por un motivo local; y hacerlo después del 26-M suponía la pérdida de la oportunidad que se anunciaba.
Fijada la fecha, entre 28-A y 26-M, lo inmediato era ver a quien pudiera interesar soltar la sabandija. En principio, el más interesado en colar lo que convenga hacer es el adjudicatario del concurso para hacer la Operación Chamartín, DCN, que lleva 26 años gastando dinero para cumplir un contrato del que espera obtener el beneficio que previó. Después, vista la situación en la Casa Consistorial, aparece el Ayuntamiento de Madrid, con la alcaldesa Carmena acabando mandato e interesada en lograr algo importante en su haber personal para la historia; y en posibilitar ‘otros beneficios’ tan variados y amplios como la ocasión y situación permitan. Pero con DCN y el Ayuntamiento no se agotan los interesados, hay algunos más interesados en la suelta de la sabandija: RENFE-ADIF que adjudicó el concurso. Comunidad Autónoma de Madrid y las empresas públicas con intereses en ella. Partidos políticos que dirigen la Administración Nacional, Autonómica, Local y empresas públicas. Empresas privadas afectadas. Propietarios de terrenos afectos, expropiados o cedidos, con derechos de reversión o sin ellos. Vecinos agrupados en asociaciones o no. Y resto de ciudadanos.
Atentos a la sabandija, unos días después conocimos una declaración del candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, proponiendo, a estas alturas y desde su condición de candidato, un replanteo general de la Operación Chamartín. Próximo al Presidente del Gobierno, recién llegado, desconociendo la Operación Chamartín (Lo demostró hace unos días en el Club Siglo XXI al hablar sobre ella), cambió la estrategia de sus antecesores en el socialismo municipal (Antonio Miguel Carmona y Purificación Causapié), que han apoyado al Ahora-Madrid de Manuela Carmena, para hacer algo distinto. Raro. Pepu Hernández es inteligente, bajo de estatura y un entrenador de baloncesto que está acostumbrado a ver qué pasa a ras de suelo, a tratar con jugadores altos y a aprovechar lo que estos puedan jugar (o gestionar) en las alturas. Desde esa situación, las declaraciones de Pepu Hernández podían tener significado: Bajar a ras de suelo lo que pudiera haber conocido en las alturas políticas, o algo de menor calado, acaso la sabandija que esperábamos.
Al cabo de unas horas conocimos que el cambio de táctica de Pepu era algo más importante que una sabandija que pueda andar moviéndose por la Estación de Chamartín y la zona aneja a ella. Porque ésta apareció, pero no vino desde DCN con el BBVA y Constructora San José callados, ni desde el Ayuntamiento de Madrid con Carmena y el concejal Calvo en posición de ‘alerta al tránsito’: Apareció con ADIF, desde la Entidad Pública Empresarial Adif Alta Velocidad. Hecha pública ahora pero firmada electrónicamente unos días antes (21 de marzo de 2019) por la presidenta Pardo de Vera con un título llamativo para las 26 páginas que forman, sin edulcorar, un documento con el título “CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN (MADRID)”.
Descarada. Buscando algo sin precisar, acaso sitio, apareció amparada en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores de agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Advirtiendo que “el hecho de que el planeamiento en tramitación vincule la autorización de construir usos asociados en la estación a la materialización de las edificaciones de uso ferroviario, condiciona el diseño y desarrollo de ambas zonas”. Y fijando que “Deberá acometerse la realización de un Plan Parcial basado en una propuesta arquitectónica para la estación y para todas las edificaciones y elementos de urbanización incluidas en el ámbito, acompañada de un estudio económico y financiero que planifique las inversiones necesarias, sus rendimientos económicos y la forma en que dichas inversiones deben desarrollarse en el tiempo para conseguir, por un lado, satisfacer las necesidades ferroviarias y urbanas y, por otro lado, garantizar la obtención de los mayores recursos económicos posibles”
Evitando la hojarasca y la redacción formal, veamos qué supone: En principio y sin entrar en otras consideraciones, que se verán llegado el caso, el cambio de criterio que en 1993 llevó a RENFE a sacar a concurso y adjudicar la gestión de la Operación Chamartín. Entonces se buscó un consorcio (DUCH, hoy DCN), a él se confiaron los trabajos y gestiones necesarios, y con él se contrató. Al decidir la ‘Consulta preliminar de mercado’, que ahora anuncia ADIF, aquel criterio cambia y se fuerza al adjudicatario a unas imposiciones ajenas a la realidad en que contrató. Después, sin cuestionar, de momento, los principios de legalidad y coherencia que deben animar los actos de la administración para que sean válidos, lo que de hecho se produce es la imposición por ADIF de unos condicionantes que modificarán el contrato, que habrán de prever compensaciones y que abren nuevos escenarios con actores en roles distintos a los vistos y aceptados hasta ahora: Recuperación por ADIF de competencias y actividades (hasta hace unas fechas oscuras o silentes). Imposición al Ayuntamiento de normativa comunitaria, que condiciona lo previsto por sus Servicios Técnicos, o suplidos estos por ayuda externa. Y apertura de una fase de pactos nuevos, para atender los derechos de DCN, las circunstancias resultantes de la iniciativa de ADIF y las necesidades que aparecerán.
Mientras tanto, con o sin sabandijas, el Ayuntamiento de Madrid sigue pendiente de que la Comunidad Autónoma de Madrid emita el Informe de Impacto Ambiental necesario para aprobar (en campaña electoral si Ahora-Madrid se decide) el conjunto de intenciones conocido como Proyecto Madrid Nuevo Norte.
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