Un término que se introdujo en la política durante la Argentina de los años 90 hace temblar a la casta política española: escrache. El vocablo al menos ha unido a populares y socialistas que ven en este modelo de protesta ciudadana una vulneración de derechos.
La palabra se refiere a una manifestación pacífica que consiste en perseguir a los líderes políticos en sus lugares de trabajo y domicilios a modo de protesta y denuncia. La situación ha supuesto una pesadilla y un dolor de cabeza para la clase política, y no es para menos, si tenemos en cuenta lo que supone llegar a casa y verte la pared con carteles y pintadas, que un grupo de personas te incordien en el día a día, o en los actos oficiales, además de ver tu rostro en pancartas donde lees: corrupto, ladrón, prisión, etc.
He dicho muchas veces que no encuentro justificación alguna en el acoso a nadie por su condición de personaje público, sea o no político, ni me parece un argumento decir que la difamación, insulto y persecución vaya implícita en el sueldo. Hay que diferenciar la vida pública de la privada, y los cauces legales están para algo, aunque sean poco efectivos, lentos y nunca a gusto del ciudadano.
Tampoco son de recibo las declaraciones de algunos dirigentes políticos en las que llaman “perroflautas” a los escraches, porque en esos grupos hay también hombres y mujeres que antaño trabajaban, cotizaban a la Seguridad Social, pagaban su hipoteca, recibos y deudas, pero ahora se han visto abocados a protestar ante una situación que los ha dejado en la pobreza y que ellos no han creado.
Por otro lado, así como digo que el sueldo del político no incluye su asedio, persecución o cacería, si debe llevar incluido cierta dosis de responsabilidad, obligación, trabajo, dedicación y servicio social; y no la malversación, el despilfarro, la prevaricación, el robo y la sustracción de fondos públicos que vivimos en España tanto desde el Gobierno central, pasando por los autonómicos, provinciales y municipales.
El sueldo puede acarrear la posibilidad de incentivos que valoren una gestión saneada y basada en el beneficio general y no en el particular, así como también contemplar la posibilidad del despido, la incapacidad para ejercer en la función pública o la cárcel si fuere el caso.
Así que, ante tanto delincuente político, un poco de ciudadano rebotado tampoco está mal, ya que por el momento, los políticos, líderes sindicales, grandes inversores o mediocres alcaldes no temen a la Justicia, y la mano de Dios parece estar en la lista del paro.
Igualdad Animal expone y denuncia graves violaciones de la mínima normativa en dos granjas de cerdos en España en agosto de 2024. La primera de las granjas, ubicada en el municipio de Ontiñena (Huesca), está presuntamente vinculada a la empresa Joaquín Bayona y CIA S.C. ligada a Piensos Costa. Paradójicamente, esta empresa anuncia en su página oficial haber sido la primera del sector en obtener el sello en Bienestar Animal certificado por AENOR.
Los intereses a corto plazo de agricultores y ganaderos no siempre son coincidentes, pero a largo plazo, que es como hay que ver estas cosas, un sector no es nada sin el otro. Por eso, la estrategia de éxito de este sector primario en su conjunto tiene que consistir en la colaboración y complementación de ambos, y en afrontar juntos los ataques que llegan desde fuera, que son muchos.
En Perú el sultán de Brunéi, recibió los galardones máximos del municipio capitalino (las llaves de Lima), del Congreso (a Medalla de Honor del Parlamento en el grado de Gran Cruz) y de la República (el gran collar de la orden del sol, la máxima premiación del laurel más antiguo de las Américas, uno que se remonta a 1821, cuando se inició nuestra república).
