Como era de esperar, ha pasado sin pena ni gloria la noticia de dos mujeres que se suicidaron en Barcelona horas antes de procederse a su desahucio judicial por impago de alquiler de su vivienda. Los medios generalistas han tratado la nueva como un suceso trágico sin mayor repercusión social. Tampoco se han registrado pronunciamientos al respecto de nadie con mayor o menor relieve público de responsabilidad política a cualquier escala territorial, ya sea local, autonómica o estatal.

Ayer acudí a la concentración que la plataforma PAH convocó a las puertas del Ayuntamiento de Valencia contra los desahucios y los suicidios derivados de la angustiosa situación que suponen. Varios colectivos estuvieron allí dando apoyo a la plataforma.

Con estos titulares aparecen estos días en los medios de comunicación, especialmente en los digitales, que se pondrá fin a la ocupación ilegal con que algunas personas se apropian de viviendas que no les pertenecen. Sin lugar a dudas la reiteración con que se producen estas ocupaciones constituye un gravísimo problema social.

En Estados Unidos, los inquilinos han tenido una cierta protección contra los desalojos durante la pandemia de COVID-19 a través de una combinación de leyes federales aprobadas por el Congreso en proyectos de ley de ayuda económica de emergencia y una moratoria a los desalojos emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.