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Madrid fraccionó contratos por 3 millones para eludir la adjudicación

La Intervención del Estado denuncia adjudicaciones en las que se vulneraron "los principios de concurrencia en la contratación pública".
Redacción
jueves, 9 de mayo de 2013, 06:49 h (CET)
La Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley, según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza un total de 686 operaciones por un importe de 6.484.080,07 euros adjudicados por la Administración autonómica que se concretaron en seis expedientes de contratación por un importe total de 1.148.271,62 euros y en 657 expedientes tramitados como contratos menores por un total de 5.335.808,45 euros.

En 104 casos, según recoge el informe, ha quedado "acreditado" el fraccionamiento de los contratos en varios servicios, siempre por una cuantía inferior a los 12.020,24 euros, con "la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que sería un concurso". "Si no supera la cantidad de 30.050,61 euros se podría haber utilizado el procedimiento negociado sin publicidad", añade la Intervención General del Estado.

Además, el informe que está en manos del juez Ruz señala que el importe de los contratos fraccionados era el 69% de los estudiados, dato que los técnicos obtienen de descontar al importe total de los contratos menores a 5.335.808 euros el de los pagos de los que no se han facilitado facturas y sólo constan las órdenes de pago (780.477,41 euros).

Entre los actos investigados se encuentran actos como la Cumbre Flamenca 2005, la celebración del Día de la Comunidad de Madrid y los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2005, así como contratos del Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), Promomadrid y Arpegio con empresas como Servimadrid, MQM, CMR o Pasadena Viajes.

El desglose de estos actos por consejerías revela que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía el imputado en el 'caso Gürtel' Alberto López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.

En el examen de la documentación analizada se han puesto de manifiesto, según la IGAE, "facturas cuyo concepto es genérico o sin desglosar las unidades y su coste unitario, facturas cuya fecha de emisión es muy posterior a la celebración del acto y actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que no inician el expediente de contratación sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".

También se destaca que se llevaron a cabo actos "negociados sin publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios aplicables a la contratación pública".

El informe también concluye que de la 573 facturas analizadas, en 418 figuran los suministros o servicios prestados "sin desglosar ni detallar las unidades ni su coste unitario", en 56 el concepto es "totalmente genérico" y sólo en 96, lo que representa un 17 por ciento, "figura detallado o desglosado el suministro o servicio que se presta, diferenciando las unidades y su correspondiente coste unitario sin IVA".

En este sentido, destaca que el hecho de que en las facturas figuren cantidades "a tanto alzado, sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas ni su coste unitario, no sólo supone una vulneración de lo establecido" en la ley sino que "imposibilita verificar y, en consecuencia, certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado por el órgano gestor".

"Esta imposibilidad es máxima cuando se admiten y se presta la conformidad a facturas por conceptos genéricos", añade el informe elaborado por los técnicos de la IGAE, que lleva la firma de Juan Carlos Gómez Condado.

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