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En días como hoy, la corrupción y la prostitución de las teorías ilustradas, invitan al doctor de lo social a reflexionar sobre el devenir del cáncer que padece el paciente institucional. La militancia de Pérez de los Cobos – presidente del Tribunal Constitucional - en el Partido Popular rompe los cartílagos que separan la cocina legal de la sala comensal. La ideología manifiesta por el portador de la toga sitúa al Estado de Derecho en las orillas de la subjetividad. Orillas surcadas por los mismos ríos neoliberales que desembocan, día tras día, en los mares de la Moncloa.
Si Montesquieu levantara la cabeza – decía esta mañana el gato de la almohada – y viese el cómo ha quedado en la praxis los mimbres de su pensamiento, pondría - sin lugar a dudas - el grito en el cielo por esta mentira, a la que unos llaman democracia y otros dictadura. Es aberrante, por no poner un calificativo más dañino, que el guardián de nuestra Carta Magna vele por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico desde una posición manifiesta de parcialidad ideológica. Es aberrante, decía, porque el Alto Tribunal – paralelo a la pirámide judicial – no debería, por cuestiones éticas, controlar la savia del árbol legal sin los guantes de podar.
Así las cosas, el control constitucional ha quedado demostrado que pasa por el filtro sesgado del ojo ideológico de algunos. La justicia sin valores o, mejor dicho, desprovista de subjetividades no está garantizada con estas prácticas judiciales. No lo está, decía, mientras existan, en el Estado de Derecho, togas manchadas con ácidos políticos y cuotas de partido. A día de hoy, la inhabilitación de Garzón, la sentencia de Otegi y 40 sentencias más, dictadas por este señor, carecen de las garantías éticas suficientes de un fallo imparcial en un ordenamiento democrático. Las líneas ideológicas del Partido Popular en cuanto a materia antiterrorista y la aversión manifiesta contra Baltasar por parte de la derecha, ponen en evidencia el olor a malas hierbas que subyace en los veredictos de Cobos.
Desde la Crítica debemos solicitar una reflexión profunda sobre la falta de ética profesional que mancha las paredes del Alto Tribunal. Los jueces son – y no lo digo yo, sino la Constitución – los encargados de aplicar e interpretar las leyes emanadas del poder legislativo. Las mismas normas que se cocinan en las bancadas ideológicas del Congreso para ser respetadas por los ciudadanos e interpretadas por los jueces. La afiliación de un magistrado a un partido político – llámese A o llámese B – lo convierte en parte del todo y lo imposibilita para realizar la abstracción y lejanía necesaria que toda toga debe poseer en la interpretación de los preceptos. Un chef – decía esta mañana el admirador de Chicote – no debe ser cocinero y crítico de sus propios platos. Algo parecido ha pasado con Cobos, ha criticado desde su posición de juez a quiénes no han sido convergentes con sus prejuicios ideológicos. Mal vamos.
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