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España cierra el año hidrológico (de octubre de 2018 a septiembre de 2019) con un balance negativo. El promedio de las precipitaciones ha sido de unos 533,7 mm, mientras la media histórica de la última década alcanzó los 643,3 mm, según datos del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).
A pesar de las últimas lluvias torrenciales, los embalses están al 41.1% de su capacidad. Este retrato se repite cada año y muestra la deficiente gestión del agua que prioriza los grandes consumos, como el del regadío que acapara casi el 80% de este recurso.
Durante los últimos seis años, el nivel de agua embalsada en España no ha mejorado sustancialmente, incluso en los años que más ha llovido, como sucedió durante el periodo 2013-2014. Esta es una de las principales conclusiones que revela el nuevo estudio realizado por WWF. Es más, el nivel de agua embalsada está por debajo de la media de la última década, y claramente la recuperación de 2018, año en el que llovió un 25% por encima del promedio del valor anual, no fue suficiente para compensar el creciente uso con la escasa acumulación de agua por las lluvias.
Es decir, cuando llueve más no siempre se utiliza para almacenar agua en los embalses, pues se sigue utilizando de manera excesiva.
“Estos datos demuestran que los problemas de escasez no están siempre directamente relacionados con la falta de lluvias sino con las decisiones de gestión, y de cuánta agua se usa. La relación entre nivel de precipitaciones y agua embalsada no es directa y depende del agua que se reparta. Hay que gestionar el agua antes de que falte la lluvia”, afirma Rafael Seiz, experto del Programa de Aguas de WWF.
Durante el mes de agosto, y en julio en la mitad centro y sureste peninsular, ha habido una ausencia de sequía prolongada (como se puede ver en el mapa de sequía que mide el nivel de lluvias). Sin embargo, las cuencas del Segura, Júcar, Guadalquivir y Guadiana están en nivel de alerta y prealerta, incluso en algunas zonas de esta última en emergencia (que mide la capacidad para atender las demandas de agua), como muestran los mapas publicadas por el MITECO.
Esto se debe al alto consumo de agua por el regadío y agricultura intensiva que acapara el 80% de este recurso. Por otro lado, la cuenca del Duero ha sufrido una sequía prolongada, por lo que varias zonas están en niveles de emergencia.
Sin duda, la cuenca del Segura resulta un caso paradigmático, donde a pesar de las últimas lluvias torrenciales que asolaron zonas como la Vega Baja del Segura, donde se acumularon en el promedio de la comarca el equivalente a la lluvia de un año, o en Murcia (San Javier) donde de descargaron 203,7 mm en 24 horas, se encuentra actualmente en situación de (nivel de) alerta.
La reserva hidráulica del Segura se encuentra al 28.2% de su capacidad. De hecho, en julio de 2019 las autoridades del agua solicitaron prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2020 la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.
La mala gestión y la sobreexplotación del agua son la cara oculta de la escasez de agua embalsada en estos momentos. Las perspectivas empeoran aún más si tenemos en cuenta que con el cambio climático los periodos secos serán cada vez más largos e intensos. El Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (2017) estima que los recursos hídricos disponibles en las diferentes cuencas hidrográficas se reducirán entre un 3% y un 7% de aquí a 2040.
“Desde WWF solicitamos a las Administraciones públicas que den un giro radical a la gestión del agua. Las Autoridades del Agua por el momento han mantenido su empeño de afrontar las sequías a golpe de medidas urgentes y excepciones. Una huida hacia adelante que no plantea, ni siquiera en momentos de escasez hídrica, reducir ni adaptar la demanda a un recurso tan limitado como el agua”, concluye Rafael Seiz.
Precisamente, durante la gran sequía de 2017, la peor durante los últimos 20 años, las medidas que se adoptaron terminaron por agravar aún más la situación de consolidación de la demanda, a través de exenciones al pago del agua, justo cuando más falta hacía.
También se permitió la compra venta de derechos entre usuarios a cambio de compensaciones económicas. Este intercambio de estos derechos, que no eran sino papel mojado, abrió la posibilidad de un mercado “negro” o bien pagar por recursos que no existen, como ocurrió en 2012 con el fiasco del agua en El Alto Guadiana, en el que WWF denunció la compra pública de derechos de agua “fantasma” por 66 millones de euros.
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