La vicepresidenta del gobierno lo explica por la recesión, que ha disminuido los ingresos y aumentado los gastos; porque se han aprovechado las circunstancias favorables para emitir el 80% de la deuda anual y porque el gobierno ha destinado fuertes sumas para pagar las deudas de las otras instituciones públicas.
Con respecto a la recesión, la señora Sáez de Santa María, debería saber a estas alturas que las políticas de recortes de sueldos, pensiones y derechos ciudadanos impactan en el consumo interno y que, por tanto, el proyecto del gobierno tendría que haberlo tenido en cuenta. El segundo argumento me parece más peligroso: el ejecutivo considera que la tasa de la deuda podría aumentar y se adelanta para sacarla al objeto de ahorrarnos intereses más abusivos. Las cantidades destinadas a los pagos de deuda de otras instituciones requieren algo más de explicación. ¿De qué deudas se trata? ¿Por qué se producen? ¿Qué medidas se han tomado para corregirlo?
En todo caso no he visto ninguna explicación de nuestros gobernantes sobre cómo piensan sortear el año cuando ya en el primer semestre se ha gastado el 92% del Producto Interior Bruto (PIB) y nos habíamos comprometido a no superar el 91,4% en todo el año. La deuda del Estado, también ha subido en picado, pese a los recortes: 73% del PIB en junio de 2013 contra 61,3 en el mismo periodo de 2012.
Hay otras explicaciones que merecen atención. Así, tras la proclamación de la decisión de inyectar 23,5 millardos de euros en el reflote de Bankia, el interés de la deuda española a 10 años alcanzó el 6,45 el 29 de mayo de 2012. En los presupuestos del Estado del mismo año se presentó un recorte de 27,3 millardos de euros en servicios públicos.
En realidad, el déficit de las administraciones públicas españolas no es el problema. En 2011 era de 68% del PIB, muy inferior al de Alemania: 81,2% o al de Francia: 85%. Aún tras el rescate de Bankia, nuestro déficit continuaba siendo inferior al de los estados más poderosos de la UE, 79, 8.
Para muchos especialistas nuestro real problema es la deuda privada. El prestigioso McKinsey Global Institute estima que la deuda de las empresas españolas, excluidos los bancos, alcanza 134% del PIB y la de las familias, algo más del 80%.
El “New-York Times” confirmó estos datos y llamaba la atención sobre la deuda de 9 millardos de la constructora ACS, propiedad del magnate Florentino Pérez. Nuestro problema es que la deuda externa, de la que solamente el 18% proviene del sector público, ha sido comprada por bancos alemanes (22%), franceses (20%), de USA (17%) y del Reino Unido (14%).
Este es nuestro problema; el Estado absorbe los negocios ruinosos de nuestro sistema financiero. Así, por ejemplo, Unnim ha sido adquirido por 1 euro por el BBVA, pero es el Estado quien se hace cargo del 80% de sus activos tóxicos. No parece necesario mencionar el “Banco malo” que ha absorbido la toxicidad de la banca española o las necesidades de nuevas inyecciones en la crisis del sistema financiero.
El proyecto del gobierno no ha cambiado: nuevos recortes que rompen el paralelismo entre sueldos, pensiones y el conjunto de gastos del Estado e inflación. Aumentaremos el déficit y el fatídico paro. ¿A quién le importa? Los bancos de las potencias tienen asegurado el pago de la deuda española, los responsables de la crisis financiera siguen cobrando cifras millonarias, so pretexto que se trata de negocios privados y hay mucho dinero para la corrupción y para el despilfarro. Se ha creado, en 2012 la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda; Eulàlia Reguant Cura, de Justicia i Pau lo explica así:
«La deuda es ilegítima cuando las razones por las que ha sido contraída no han beneficiado a los ciudadanos. La deuda española ha sido contraída para crear infraestructuras inútiles, como es el caso del aeropuerto de Castellón, que no recibe aviones o para salvar a bancos que continúan enriqueciéndose mientras los ciudadanos pagamos por sus errores”
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