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Se acaba de conocer la sentencia sobre los ERE en Andalucía. Ha explotado contra el PSOE. Rotunda. Pero unida a quienes, tergiversando lo enjuiciado, tratan de suavizar condenas sin ver que con ello dificultan la actividad de la parte sana de la izquierda (socialista y no socialista) que está libre de sospechas. Todo ello, con un gobierno en funciones y sin dar forma al resultado electoral 10-N. Con ello: Alerta, que urge atención porque el PSOE es un actor político útil que está en peligro. Agravio, del PSOE a democracia y sociedad, que debe repararse, en lo enjuiciado y ahora si se deforma el pasado. Y paralización o ilegalización del PSOE como posible satisfacción de una ofensa que lastra a una izquierda que no puede ser arrastrada, ni en la parte sana socialista nacional ni en el resto, hasta lo que la instrucción de la juez Alaya y la sentencia han destapado.
Hay una forma de explicar la acción de la justicia, cuestionada y no siempre aceptada, que entiende que las penas que imponen los órganos jurisdiccionales no son otra cosa que la satisfacción a la sociedad del daño que hayan causado los penados con sus actos. Según este criterio, con las penas, que no son castigos ni venganzas, se restituye el bien a proteger: El derecho de la sociedad.
Siguiendo este criterio, veamos qué pasa en el caso ERE de Andalucía: Se conocen las penas que explicita la sentencia. Se ha condenado a un grupo de altos cargos del PSOE en la Junta de Andalucía por delitos tipificados en el Código Penal. Está por ver si son solo ellos los responsables o hay alguién más que deba dar satisfacción, a título personal o por actuar en la organización política que permitía lo ahora conocido. No está totalmente definido el daño hecho a la sociedad y hay quien intenta confundirlo. Se habla de dinero, 680 millones de euros que llegan a varios miles de millones según apreciaciones. Hay quien trata de suavizar conductas y penas con la excusa de que solo han malversado o gestionado sin control en vez de llevarse fondos públicos. Un ex-alto cargo, José Bono, pone sus manos por los condenados, no por los hechos que motivan sus condenas, sino por algo distinto: No llevarse un duro al bolsillo. Existe quien, en vez de fijarse en lo importante, hace como Bono yéndose a cerros de Úbeda o a páramos a los que van algunos socialistas, demasiados, para enmascarar la malversación y hechos penados con algo ajeno a la sentencia. Por lo anterior, conviene evitar distracciones y atender lo que importa: Perjuicios y perjudicados. Consecuencias del perjuicio. Y forma de repararlo.
Perjuicios y perjudicados.- Importa el perjuicio por lo malversado, que puede conocerse, cuantificarse y repararse. Pero importa más, por fundamental: El mal hecho a los directamente perjudicados (ciudadanos que perdieron subvenciones y ayudas que les correspondían). Y la, por enorme, difícil de calibrar extorsión a la sociedad española.
Consecuencias del perjuicio.- Agrupadas en dos grupos: Inmediatas, ocurridas en el momento que sucedieron los hechos de los que se ocupa la sentencia. Y Demoradas, que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, de una complejidad y trascendencia tales que, en un una democracia asentada y con solo citarlas referidas a cuatro décadas, son difíciles de calcular y producen, como poco, asombro, indignación y vértigo: Alteración de resultados electorales. Cambios de Ayuntamientos, Corporaciones Locales, Cabildos, Comunidades y Parlamentos Autonómicos. Modificación de varios Gobiernos y composición de Cortes Generales. Normas y leyes locales, autonómicas y nacionales obtenidas con mayorías alteradas por hechos que ahora se conocen...
Forma de repararlo.- Conocidos los condenados en sentencia, pero sin saber, si son solo ellos los que deben reparación o hay alguno más (en solitario, grupo o encuadrados en la organización PSOE), no es momento de, sobre la marcha, improvisar formas para que la sociedad obtenga satisfacción. Sí se pueden aventurar, no obstante, algunas ideas:
Dado que ha sido en el PSOE donde se han producido los hechos que constan en sentencia, sin entrar en ellos y por el bien del propio PSOE, parece acertado impedir que sean posibles y sigan produciéndose hechos similares. Estando el PSOE en un gobierno en funciones y, tras el resultado electoral 10-N, intentando formar gobierno, no parece sensato continuar sin que antes el propio PSOE, el resto de las fuerzas políticas y los estamentos nacionales aclaren lo ocurrido, depuren responsabilidades y comportamientos, y tomen las medidas adecuadas para que la organización socialista siga contribuyendo a la estabilidad y progreso nacionales sin reincidir en lo pasado ni arrastrar, en pactos, conversaciones y convenios, a unos interlocutores (de izquierda, centro, derecha, regionalistas, independentistas y otros) que deben procurar el bien, la equidad y el imperio de la Ley.
Tras la alerta que despierta la sentencia y visto el agravio que la sociedad ha soportado por el comportamiento del PSOE en Andalucía, que ha condicionado en toda España, hay medidas que podrían aplicarse. Entre ellas dos: Una, suave, con Cese voluntario de la actividad política del PSOE hasta que, limpio, pueda contribuir al bienestar nacional. Y otra muy grave, y acaso inconveniente, ilegalización del PSOE hasta que esté en condiciones de ser útil.
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