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La perdida batalla de América a la mala gestión pública y el incansable Estado regulador | |||
| Los medios convencionales tienen un considerable poder a la hora de enmarcar el debate público | |||
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A instancias del Presidente Obama, un verdadero torrente de polémicas ha sacudido nuestro escalafón político. Conservadores y Republicanos están aterrorizados ante lo que consideran la catastrófica gestión del Equipo Obama. Citan los escándalos (que si el armamento policial del programa Fast and Furious acabó en manos de narcotraficantes mexicanos, que si Bengasi, que si la agencia tributaria investiga a los conservadores, que si la Agencia del Veterano sabía que morían en lista de espera sin recibir atención), los fiascos (la reforma sanitaria Obamacare) o la desmesurada actuación de las instancias burocráticas (medio ambiente, relaciones laborales, la comisión de las telecomunicaciones o la de gestión del suelo público, entre otras). Progres y Demócratas replican que no hay ningún escándalo, fiasco o vejación real, y vierten la acusación de que todas las alegaciones de lo contrario no son más que invenciones partidistas diseñadas para obstaculizar y socavar el programa del caballero que se ha alzado con los dos últimos comicios presidenciales. Yo soy de los primeros. Lo que considero irónico y frustrante es que el descabellado alcance de los episodios de mala gestión pública parece revertir en beneficio del Equipo Obama. Justo cuando parece que los Republicanos van a poder influenciar alguna legislación problemática relevante, salen a la luz varios casos más de esta naturaleza, acaparando a su vez la atención pública y desviando la atención de la opinión pública de los escándalos, las vejaciones y los fiascos previos. Los ejemplos de mala gestión pública vienen proliferando a un ritmo tan vertiginoso que el Congreso se ha visto incapaz de entrar en cualquier problema individual. En lugar de brindar el imprescindible control de daños frente a la malversación ejecutiva, la rama legislativa funciona inútilmente en punto muerto mientras el mastodonte federal se extiende sin control. Vamos a pisar el freno un momento para examinar más de cerca solamente uno de los preocupantes siniestros federales acaecidos este año — el enfrentamiento abierto por la Oficina de Gestión del Suelo contra el ranchero de Nevada Cliven Bundy. Hay cuatro facetas de ese episodio que revisten importantes moralejas para nosotros. La primera lección es el considerable poder de los medios convencionales a la hora de enmarcar el debate público. El caso Bundy alberga múltiples cuestiones importantes — el derecho a la propiedad privada, el federalismo, el comportamiento idóneo o admisible por parte de los funcionarios públicos, etc. De la noche a la mañana, sin embargo, cuando Cliven Bundy realiza una intervención torpe, desfavorable y sin arte, los medios convencionales convierten una importante crónica que afecta a cuestiones de interés vital en la cuestión de si Bundy es racista o no. Parece evidente que no hay prácticamente posibilidades de que ninguna malversación o mala gestión pública vaya a ser investigada de forma integral a menos que los medios de referencia mantengan la noticia de actualidad. La segunda faceta del caso Bundy que merece especial atención es el comportamiento de la plantilla de la instancia medioambiental y los demás funcionarios públicos. En su tribuna "Cómo liberar los estados del Oeste ocupados federalmente", la antigua teniente de la gobernación de Nueva York Betsy McGaughey cuenta que cuando los funcionarios de Medio Ambiente fueron a por Bundy, fueron a por su cabaña en el momento del destete, separando a las vacas de su prole recién nacida y causando así traumas, sufrimiento, y en ocasiones la muerte de esas vulnerables criaturas. Tal comportamiento fue inexcusable; pone de manifiesto una mezquindad premeditada. La operación policial fue un abuso descarado, programado para causar los máximos daños materiales al sustento de un ciudadano norteamericano y (yo estoy convencido) concebido para trasladar un mensaje discreto pero inconfundible al pueblo estadounidense: El Estado manda, y quien defienda sus derechos frente a las instancias públicas, será aplastado. (Y por cierto, ¿qué hizo la cabaña ganadera para merecer sufrimiento y muerte?) La Agencia de Gestión del Suelo exhibió el mismo comportamiento que manifestó el Presidente cuando pretendió imponer el máximo castigo e incomodidad a estadounidenses inocentes durante las negociaciones presupuestarias. Las desproporcionadas prácticas de la instancia del Suelo en Nevada recuerdan a las brutales prácticas de los comunistas para someter a quienes trataban de oponerse a ellos. Un ejemplo nítido: Durante las hambrunas de mediados de los 80 en Etiopía, el dictador estalinista, el Coronel Mengistu, llamó a filas a los jóvenes granjeros justo antes de la recolección, para que la cosecha se perdiera. Parece que como Mengistu, la Agencia del Suelo calculó que la forma más eficaz de someter a la gente es privarla de su sustento. Otra faceta problemática de las prácticas de la agencia pública contra Bundy es que los funcionarios de la instancia y de las demás instancias públicas fueron a por Bundy con equipos de asalto, francotiradores y armamento desproporcionado. Al margen del ridículo extremo de superioridad que mostrar contra un granjero que según hasta sus detractores es un paleto vago, no un asesino ni un violador, que las burocracias federales apunten armas contra ciudadanos estadounidenses de a pie tiene algo tremendamente desconcertante. Sí, claro que es necesario llamar al FBI y a las demás agencias del orden público. Pero durante el último año más o menos, se han visto demasiadas crónicas de instancias públicas no relacionadas con el orden que reciben armas — desde una Seguridad Social que pidió enormes arsenales de proyectiles de cabeza hueca, a los pedidos de ametralladoras realizados por la plantilla del Departamento de Agricultura. El tercer extremo que tenemos que valorar es el papel de la Agencia de Gestión del Suelo. Esta instancia federal controla ahora mismo la octava parte de la superficie de los Estados Unidos, así como los derechos de explotación de la riqueza mineral subterránea con casi tres veces ese tamaño. (Todas las instancias públicas juntas "controlan" el 28 por ciento del suelo estadounidense). Por tanto, la Agencia de Gestión del Suelo es más grande que muchos países del mundo. Su actual responsable es Neil Kornze, de 35 años de edad, que con anterioridad trabajó para el izquierdista senador Harry Reid. Desde el caos del caso Bundy, me he dedicado a buscar noticias de la Agencia de Gestión del Suelo. Resulta que el joven Kornze se está prestando a ayudar al Presidente Obama a saltarse al Congreso e imponer legislaciones nacionales de dos formas importantes al menos — a saber, está colaborando en los planes verdes del Equipo Obama y debilita el control de la frontera con México. Con respecto a lo primero, la instancia promueve la agenda de los ecologistas dando luz verde a un pasillo eléctrico de energía renovable que atraviesa las instalaciones militares de White Sands en Nuevo México, propiedad del Departamento de Defensa. Esto estaría beneficiando a los inversores de una empresa llamada SunZia, al tiempo que compromete la seguridad nacional, según la gobernadora de Nuevo México Susana Martínez y el congresista Steve Pearce. Pregunta: ¿En qué momento delegó el Congreso sus competencias para alterar el mercado de las energéticas en la Agencia de Gestión del Suelo? La instancia también se está prestando a minar la capacidad de las instancias de orden público para detener a los ilegales del conocido municipio de Ciudad Juárez, al declarar 240.000 kilómetros cuadrados de suelo "Parque Nacional de Organ Mountains-Desert Peaks”. La clasificación de región protegida se traduce en que las patrullas fronterizas no pueden atravesar el territorio de la reserva, facilitando mucho que los ilegales no sean detectados. Esto nos lleva a la cuarta faceta de las actividades de la Agencia de Gestión del Suelo durante 2014 que merecen mayor atención: ¿Dónde está el Congreso? ¿Por qué los congresistas no citan a la agencia por su actuación usurpadora de sus competencias legislativas a la hora de determinar las energéticas que van a prosperar y la legislación de nuestro país en materia de inmigración? Ya puestos, ¿por qué no empieza el Congreso a desmantelar la instancia a base de privatizar su considerable patrimonio? El control público del suelo es el primero de los 10 puntos de la plataforma de socialización de la economía de Marx. ¿Por qué toleramos que nuestro gobierno "posea" tanto suelo? Aparte de tener el suelo que precise para hacer posible la defensa nacional y acoger las dependencias de las demás instancias, el Estado no pinta nada como propietario de unos recursos tan valiosos y considerables arrebatados al sector productivo de la economía. Tanto como me gustaría que el Congreso pusiera orden en la Agencia del Suelo y que la reformara de forma radical, no preveo que suceda. Esto no se debe a que esos congresistas que consideran que la rama ejecutiva del Equipo Obama se extralimita de forma lesiva e inconstitucional sean vagos o insensatos. Simplemente no tienen tiempo suficiente para llevar a cabo una investigación exhaustiva de la mayor parte de los abusos. La lista de imprescindibles de los que quieren volver a la gestión solvente nos liberaría de los asfixiantes tentáculos de la reforma Obamacare, investigaría hasta el final lo de Bengasi, controlaría a la agencia tributaria, desentrañaría el escándalo de los veteranos, metería en cintura a la Agencia de Protección Medioambiental (y a la Comisión de Telecomunicaciones, y a la de relaciones laborales, y…), etc. Obviamente, esto no lo vamos a ver. Igual que una versión acelerada del videojuego de los topos, los nuevos problemas y abusos del ejecutivo siguen viendo la luz más rápido que las posibilidades legislativas de abordar los problemas vigentes. Estamos viendo de primera mano la siniestra realidad de la audaz promesa de Obama de saltarse al Congreso e implantar sus políticas de forma unilateral a través de las instancias, oficinas y departamentos del ejecutivo. Obama ha desmantelado el sistema tradicional del reparto de poderes entre las ramas legislativa y ejecutiva. El Equipo Obama ha anulado al Congreso a través del enorme volumen de reglamentos por decreto. Los tochos de papel que se acumulan en el despacho son los reglamentos — leyes que todos hemos de obedecer — promulgados el año pasado por burocracias federales. ¿Reparó usted en el pequeño legajo de papeles encima del gabinete? Son las leyes tramitadas de forma impecable por nuestros congresistas electos el pasado año. Esto demuestra de forma gráfica lo dominantes que se han vuelto las burocracias no electas de la rama ejecutiva del Estado. Y si usted quiere poner cifras a la factura de esta usurpación de competencias legislativas por parte de las burocracias no electas del ejecutivo, los economistas John Dawson y John Seater calculan que el PIB del ejercicio 2011 de 15,1 billones de dólares habría sido de 53,9 billones de dólares — tres veces y media mayor — si los reglamentos se hubieran quedado a niveles de 1949. Es difícil tener esperanza en que de alguna forma vayamos a poder desbrozar la desproporcionada y enmarañada red de burocracia que de forma constante y clandestina ha ido haciendo acopio de competencias sobre nosotros. Teniendo en cuenta la actual composición del Congreso y la administración de la Casa Blanca, las cosas van a empeorar antes de que mejoren (si es que realmente llegan a mejorar). No estamos a punto de ganar la batalla contra el mastodonte del Estado regulador. Lo que me haría conformarme por el momento, lo que suplico a nuestro Congreso que haga, es: ¿Se podría al menos celebrar una vista legislativa para dictaminar si las burocracias federales deben acumular peligrosas armas de fuego y armarse cuando su deber oficial es "servir al ciudadano”? Y por favor, que el Congreso no se quede en la Seguridad Social, la Agencia de Gestión del Suelo, la Agencia de Protección Medioambiental o el Departamento de Agricultura, o en cualquier otra burocracia aislada. Que se celebre una vista pública relativa a la cuestión de si las instancias públicas del Estado que no se dedican de forma específica y explícita al orden público deben de ir armadas o no. ¿Qué te parece, Congreso? ¿Alguien escucha? |
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