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La Policía Nacional, además de realizar una excelente labor en la lucha contra el coronavirus, sigue cercando a los piratas audiovisuales. A partir de una denuncia de EGEDA, Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales, la Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal que suministraba ilegalmente servicios audiovisuales y de televisión a más de 15.000 usuarios en España, utilizando el método denominado IPTV, a través de grupos cerrados en redes sociales que dificultan extremadamente estas investigaciones pero que, sin embargo, la Policía Nacional ha desmantelado.
Los autores del delito, ahora detenidos, operaban desde Zamora, Salamanca, Córdoba, Valencia y Málaga. Se les han incautado siete lingotes de oro, 11.000 euros en efectivo y numeroso material informático además de teléfonos móviles.
El perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública española ha sido de más de 3 millones de euros y a los titulares de derechos de casi 12 millones de euros.
La industria audiovisual está compuesta por pequeñas empresas y autónomos que en estos momentos están viviendo una situación dramática, como en otros muchos sectores, con cese total de actividad. Lo menos que necesita ahora el sector, es que, además, de sufrir como el resto de la sociedad las consecuencias del Covid-19, algunos desalmados sigan robando la autoría de sus obras y sus derechos a sus legítimos dueños.
El audiovisual ha demostrado ser de gran ayuda para paliar el aislamiento de muchos ciudadanos españoles. Nunca se han visto tanto material audiovisual como películas, series, cortos o documentales. Nos congratulamos por ello, pero no se puede piratear a quienes nos los proporcionan.
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