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De nada sirvió la subida de los pensionistas, ya que unos mueren por el Covid-19 y otros se mueren de hambre por la subida de los precios de los alimentos de primera necesidad. El precio de algunos alimentos sube hasta un 46%. Y una parte de los supermercados eliminan las ofertas
Que hayan subido los costes como argumentan las direcciones de las grandes superficies y no el margen o porcentaje de beneficio es algo que, en mi opinión, tiene que ser investigado por el Gobierno central.
En todo caso, es absolutamente necesario que se controlen de una manera minuciosa y rigurosa todos los precios de los alimentos básicos, con el fin de asegurar que los precios se mantengan estables o que, al menos, no suban de manera desproporcionada.
En definitiva, que se redoblen los esfuerzos para impedir subidas abusivas, ya que la ley de la oferta y la demanda no lo permite todo. Y todo esto sin hablar del desabastecimiento de productos alimenticios y sanitarios en el mercado.
En algunos tipos de fruta el precio excesivo no es de recibo. Se deberían poner en marcha medidas para ajustar los precios dentro de unos parámetros menores. Si esto no se hace no es descartable que la pérdida del poder adquisitivo, durante las próximas semanas y meses, de una considerable parte de la ciudadanía lleve al desastre del hambre a muchas personas.
Y no sirve de nada negar la realidad de lo que está sucediendo. Que los supermercados tengan que poner a la venta productos más caros al no haber disponibilidad de otras mercancías con un precio más bajo, los perjudicados son los compradores.
La cuestión de los márgenes de los intermediarios y la regulación a la que deben estar sujetos debe servir para que los precios de los alimentos se mantengan en ciertos límites razonables que supongan una clara estabilidad o unas subidas mínimas porcentualmente, por ejemplo, de 0,5% o de 1% durante seis meses o un año.
El INE detalla que los precios de los alimentos frescos se han encarecido el 6,9%. Si el repunte anual de los precios con los datos de marzo es del 4% anual frente al 2,5% del año 2019 y sabiendo que restan semanas y meses complicados por la devastación económica que está produciendo el coronavirus parece que la situación del presente y de lo que se avecina en el futuro no es para saltar de alegría.
El Gobierno tiene que tomar más medidas precisamente para controlar los precios. En alimentación es especialmente necesario. Y, sobre todo, evitar o impedir los precios abusivos a través de eficaces sistemas de inspección de todas las empresas y también de las cadenas de distribución. Lo que se ha hecho con el precio máximo de un tipo de mascarillas en relación con las farmacias también puede ser extrapolable a productos básicos en alimentación.
En definitiva, de lo que se trata es de poner freno al caos en los precios por la escasez y los problemas de producción y distribución. Esperemos que en los próximos meses no haya que regresar a las famosas cartillas de racionamiento como en los años cuarenta. Ya existe una emergencia social en algunas zonas de nuestro país. Y los datos oficiales indican claramente una caída del PIB sin precedentes.
Además, la caída del consumo en España es alarmante puesto que es del 7,5%. Si a esto se añaden las protestas de autónomos a los que no les llegan las ayudas económicas en los tiempos que están fijados legalmente, según dicen, y en cambio tienen que hacer frente a los impuestos y tasas en tiempo y forma parece que la situación, por desgracia, es caótica en bastantes casos.
Realmente, lo que hace falta es un control y una organización mucho más eficiente por parte del Gobierno para evitar el desorden social y la anarquía generalizada. Porque los efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus pueden incrementarse negativamente hasta límites insoportables que pueden causar un estallido social sin precedentes en los próximos meses. El dato de los 40.000 sanitarios contagiados en España da una idea muy clara de los errores que se han producido y la responsabilidad del Gobierno parece evidente.
Y es de esperar que no haya un rebrote por hacer mal el desconfinamiento en los próximos días o semanas y se tenga que volver a estar confinados. Sería lo peor que puede pasar, porque se hundiría con más profundidad la economía nacional y el bienestar general de los españoles podría verse afectado en mayor o menor medida.
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