La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de cárcel para el
Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y 16 y medio para su exsocio, Diego
Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron
acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por las
Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de
contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las
arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
 Se trata de las dos principales peticiones de pena que el fiscal Pedro Horrach incluye en
el escrito de acusación que ha presentado este martes ante el juez instructor del caso
Nóos, José Castro, al que ha tenido acceso Europa Press. Hasta 103 años de prisión
reclama para un total de 14 acusados, cuyo papel en la trama relata de forma
pormenorizada a lo largo de 673 páginas.
El representante del Ministerio Público desgrana los mecanismos con los que
Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y
urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público. Y para
ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles
de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
En su escrito, Anticorrupción reclama asimismo que la Infanta Cristina haga frente,
junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. También la
mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240
euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
En el caso de la hermana del Rey Felipe VI, Anticorrupción considera que no existen
sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría
obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente
defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en
concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado
empresarial: Aizoon.
La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50
por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros
de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del
IRPF de 2007 y 2008.
Para reclamar la fianza, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que
establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o
falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía
de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos
investigados.
6,2 MILLONES DE EUROS EN FIANZAS Y 8,7 EN MULTAS
No son las únicas cantidades de dinero que reclama el fiscal Pedro Horrach, puesto que
tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y
Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades
civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de
euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
Las multas que el representante de la acusación pública reclama para todos los
acusados ascienden, por su parte, a 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden
al Duque de Palma.
En concreto, Horrach atribuye a Urdangarin un delito continuado de malversación en
concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en
documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la
administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de
capitales (dos años). Los mismos que a Torres, si bien sobre éste pesa un solo delito fiscal
(tres años).
ONCE AÑOS DE CÁRCEL PARA MATAS
Entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente
del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un
delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y
otro de fraude (tres años). Sobre la mujer de Torres pesa, por su parte, un delito de
blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público
solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis
Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge
Vela, ocho más para laexdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis
años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis
años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.
LAS EMPRESAS DEL ENTRAMADO
El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin
como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que
prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a
mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas
por los dos imputados.
Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu,
Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las
que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado
el foco de atención de las investigaciones.
LOS FONDOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGARON A NÓOS
El fiscal Horrach detalla de forma pormenorizada cómo estas entidades se hicieron con
los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears
Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por
el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears -
Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina
del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de
material promocional del Illes Balears.
Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000
millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento
Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos
Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla en su escrito cómo el
Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para
preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se
llevaron a cabo.
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