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El mismo jueves que se aprobó la Renta Mínima Vital de 462 € para una persona que viva sola, básicamente para subsistir, ya en las redes aparecieron comentarios (por supuesto sin identificar su condición social), en contra de ella, con comentarios de la índole de que aumentará los vagos a costa del Estado, cuando es mejor pagar 400 € al mes por ½ jornada, como están o han estado haciendo muchísimos empresarios (sin decir que son por determinados días, trabajos precarios y la mayoría de las veces, esconden otras 4 o 6 horas en negro, sin cotización a la S.S. o Hacienda), porque necesita algo más que subsistir, como el pago de energía, agua, alquiler y transporte para llegar al puesto de trabajo. Esta RMV, el PP no la apoya con argumentos peregrinos, el partido ladrador, ya se sabe por sus caceroladas y no han tardado los acólitos de ambos partidos, donde abundan xenófobos y racistas en acusar a este gobierno por la ayuda a inmigrantes, a los de acogida, a los musulmanes y gitanos en su tendencia procreadora y vivir de esa renta exclusivamente, o señalando ya a los africanos subsaharianos por el posible efecto llamada. Acusan e intentan desde el desconocimiento, porque casi ninguno sabe las limitaciones para percibir esas prestaciones, plasmadas en el documento, como tiempo de desempleo, edades, hijos, mínimo de tiempo de residencia en España, incluyendo sanciones, pero la xenofobia y el racismo de la derecha y ultraderecha lo alimenta mediante omisiones, y hay que desarmarla divulgando el documento.
También se hace necesario clarificar que esta Renta Mínima es sin menoscabo o detrimento para otras áreas del Estado, porque ella se verá paliada en la obligación de las cotizaciones de las Rentas más altas, que no son de la clase media, sino clases altas y grandes fortunas, la obligatoriedad recaudar el 1%, sin olvidarnos de la Iglesia. El temor de las grandes empresas y fortunas lo expresan sus voceros, la derecha que alimenta y defiende la CEOE al IBEX35, Banca, Aseguradoras.
Según la GESTHA, el 72% del fraude fiscal lo hacen las grandes empresas, porque los inspectores de Hacienda se ha estancado en poco menos de 2000 personas (de un total de 24.849 trabajadores, entre inspectores, técnicos, agentes tributarios y aduaneros y administrativos, sobre todo), con una media de edad superior a los 52 años. Y ahí entra la manida frase contra el Gobierno tachándolo de social comunista bolivariano que esgrimen los voceros, con la dictadura era el contubernio judeo masónico. UP estima que es necesario aumentar en 25.000 puestos en total en la Agencia Tributaria, en la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, para equipararnos al resto de Europa, dado que contamos con una persona empleada en la Administración Tributaria por cada 2.836 ciudadanos, menos de la mitad para combatir el fraude y la economía sumergida, frente a un profesional por cada 1.185 ciudadanos, como media en Europa. A lo que habría que añadir la reforma del IVA en determinados productos de lujo, obras de arte, vehículos de alta gama frente a los normales o de trabajo (camiones, autocares, furgonetas, hasta un valor determinado), así como el realizar una tributación ponderada, sin la ingeniería fiscal acostumbrada por las grandes corporaciones, con un mínimo del 15%, para que no sea a costa solo de trabajadores y autónomos.
Ahora es el momento de la Reactivación Económica, porque muchos asalariados han perdido el trabajo, sufrido ERTES, y seguramente muchas pequeñas y medianas empresas se reorganizarán y otras, por desgracia, terminaran cerrando, ahí es cuando se verá la importancia de la Renta Básica que muchos países europeos e incluso para los gurús económicos de la UE ven necesaria en establecer de forma permanente.
Y para en futuro en España que la Renta Mínima Vital no sea lesiva para las arcas del estado, se debe establecer rigurosos y regulares inspecciones de trabajo, al menos desde el 2021, para que no sea práctica habitual de economía sumergida en un futuro, como aparecerá cuanto la desescalada sea total casi seguro, pues muchos patronos también han sufrido bastantes pérdidas o realizado inversiones para el nuevo modelo de movilidad. Es Estado debe preparar y contratar Inspectores de trabajo y fiscales para vigilar especialmente anomalías en lugares susceptibles de fraude, poblaciones cercanas a grandes núcleo urbanos, donde proliferan las 2ª residencias, los puentes festivos, periodos vacacionales, de restauración o de ocio de todo tipo que en muchos casos contratan en negro, sobre todo los fines de semana, ese es un punto de actuación importante, dado que por necesidad si se recibe la prestación, el avispado (sea empresario o trabajador) trabaje o pague en negro, bien por presión del contratador o de forma voluntaria, sería conveniente levantar actas de tales hechos y sancionar al empresario para que contrate al menos durante un año en las mismas condiciones (días, fin de semana u horas) y al trabajador de alguna manera, según sus circunstancias reducir la prestación y si es reincidente, su prescripción. Estas medidas coercitivas no son una concesión a los bocazas que hablan de las paguitas, es una medida necesaria para las arcas del Estado, problema económico que se paliará para el Estado y los trabajadores con la Derogación o Profunda Reforma Laboral, elaborada y aprobada por el gobierno del PP en el 2012.
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