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Los abogados de ETA ocultaron a Hacienda más de 1,3 millones de euros | |||
| Hay un total de 16 personas arrestadas | |||
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Los 12 abogados de ETA detenidos en el marco de la 'operación Mate'
están acusados, además de integración en la banda, de delitos de
blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, llegaron a
ocultar al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los
años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del
colectivo de presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera), según
informa Interior.
Los detenidos como tesoreros de Herrira gestionaban los mismos recursos económicos que las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, además de utilizar las mismas técnicas, hasta el punto de asumir sus deudas pasadas y continuar su actividad. Entre sus funciones se encontraban la de efectuar los pagos a los letrados que formaban parte del "colectivo de abogados" por las actividades que realizaban. Los arrestos han tenido lugar en diferentes localidades del País Vasco, Navarra y Madrid y se han realizado diversos registros en domicilios y locales utilizados para el desarrollo de las actividades ilícitas que realizaron entre los años 2012 y 2013. Entre los lugares registrados se encuentra la sede del sindicato abertzale LAB en Bilbao. La operación ha supuesto la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al "colectivo de abogados" (BL) y supone también la práctica desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda. La Guardia Civil considera que los abogados detenidos formaban una estructura organizada que aprovechando la cobertura que les otorga su actividad profesional, ejercían sus funciones siguiendo las directrices marcadas por la banda terrorista, anteponiendo, de esta manera, los intereses de ésta a los de sus defendidos. Tres de los detenidos este lunes en la operación son los veteranos Ainhoa Baglietto, Kepa Mancisidor y Alfonso Zenon, según han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. La operación se desarrolla simultáneamente en Madrid, en el País Vasco y en Navarra. Entre los arrestados también se encuentran los letrados Arantxa Aparicio, Aier Larrarte, Javier Carballido, Jaoine Karrera, y Ane Ituño, así como la también abogada y portavoz de Sortu Amaia Izko. En el marco de estos trabajos participaban activamente en el mantenimiento del adoctrinamiento ideológico e informaban permanentemente a la dirección de la banda de la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con los postulados de la banda. Asimismo, trasladaba a los presos las directrices e instrucciones de la propia ETA. Toda una labor encaminada a prevenir posibles disidencias internas. La "Operación Mate" es fruto de distintas líneas de investigación. Unas derivan del análisis de la documentación intervenida en los registros efectuados en anteriores operaciones contra las diferentes estructuras del "frente de cárceles" y otras son consecuencia de investigaciones paralelas. La documentación intervenida en anteriores operaciones ha permitido determinar que las actividades para mantener a los presos bajo la disciplina de ETA se combinaban con una acción en el exterior sobre sus familiares mediante un entramado de apoyo social a favor de los mismos, que se veía complementada con medidas económicas y asistenciales. RONDAS DE CONTROL EN UN 95% DE CÁRCELES Para desarrollar las funciones asignadas, "el colectivo de abogados" utilizaba las llamadas "rondas de control a los presos de ETA", en las que los letrados visitaban a los miembros de la banda en prisión y aprovechaban estos encuentros para "alimentarlos políticamente", trasladarles instrucciones, directrices y todo tipo de información. De esta forma, los ahora detenidos llegaron a mantener anualmente contactos con la mayoría de los miembros de ETA en prisión. Realizaron visitas a más del 95 por ciento de los centros penitenciarios en los que hay internos de la banda. En unos casos contactaron directamente con los presos y en otros lo hicieron a través de los denominados "responsables de cárceles", es decir, aquellos presos de ETA designados por la organización terrorista para ejercer el control y dirección de los reclusos en cada prisión. En definitiva, la Guardia Civil considera que el "colectivo de abogados" es un elemento fundamental para la transmisión de información entre ETA y sus militantes en prisión. Por ello, constituye un baluarte para garantizar la cohesión y el mantenimiento de la disciplina interna del EPPK. En este sentido, cabe destacar que estas funciones están exclusivamente dirigidas a los presos de ETA y a los de las organizaciones de apoyo que se mantienen bajo la disciplina de la organización terrorista y pertenecen al EPPK. |
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