Ingenieros de caminos, canales y puertos piden un pacto de Estado sobre el agua tras la DANA

Los ingenieros de caminos, canales y puertos de España reclamaron este lunes un “pacto de Estado sobre el agua” tras la devastadora DANA del pasado 29 de octubre, que causó la muerte de 222 personas sobre todo en Valencia por inundaciones.

Foto de Rober Solsona / Europa Press

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, lanzó esa petición en una declaración institucional leída este lunes al inicio de una jornada en Madrid donde diversos expertos analizaron las causas, las consecuencias y las soluciones relativas a la DANA.

“Desde el Colegio hoy hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas, a todas las instituciones nacionales, autonómicas, provinciales y locales para acordar con urgencia un Pacto de Estado sobre el agua”, apuntó.

La declaración indica que “España necesita y merece un consenso sobre el agua que garantice la ejecución de las inversiones recogidas en los planes hidrológicos y en los de defensa de avenidas de las cuencas hidrográficas”.

En este sentido, apunta que “el agua no tiene ideología, y su gestión, tampoco debe tenerla” y apostó por “trazar el rumbo del Estado a largo plazo en materia de agua, donde primen los criterios técnicos, la cogobernanza entre administraciones con total independencia del partido que gobierne y de intereses localistas”.

“En España ya hemos demostrado nuestra capacidad de llegar a acuerdos. Así ocurrió con los Pactos de la Moncloa en 1977 con reformas en el ámbito político, económico y social. También con el Pacto de Toledo sobre el sistema de pensiones de 1995, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el año 2000 o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género alcanzado en 2017. Ahora, más que nunca, es el momento de promover un Pacto de Estado sobre el agua”, sentencia la declaración institucional.

“DESALENTADOR”

Carrillo apuntó que “se podrían haber reducido las pérdidas humanas y los daños” de la DANA y lamentó “profundamente” que no se atendieran las recomendaciones técnicas de los ingenieros de caminos, canales y puertos sobre la construcción de las infraestructuras hidráulicas, su mantenimiento y la limpieza de los cauces de los ríos.

“También reivindicamos que el único técnico competente en materia de seguridad de las presas sea un ingeniero de caminos para garantizar el correcto funcionamiento de estas infraestructuras”, subrayó.

Además, reclamó la incorporación de ingenieros de caminos municipales en ayuntamientos que contribuyan a plantear soluciones técnicas en zonas de riesgo de inundación.

“En pleno siglo XXI, en un país desarrollado como el nuestro, de referencia en Europa en muchos ámbitos, con un colectivo de ingenieros de caminos valorados en todo el mundo por su solvencia técnica, nuestra sociedad no puede ni debe aceptar, bajo ninguna circunstancia, que se vuelva a producir una tragedia humana y material de esta magnitud”, apostilló.

Carrillo consideró “desalentador” y “muy difícil de comprender” que, más de un mes después de la tragedia, “los principales partidos políticos de nuestra nación solamente estén de acuerdo en criticarse mutuamente por la gestión de esta emergencia”.

“El agua es vida. Donde escasea, hay que llevarla. Y donde el agua produce riadas, hay que controlarlas. Con toda seguridad, uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos en España es la gestión del agua, específicamente, cuando se producen riadas provocadas por lluvias extremas y, también, ante las sequías”, comentó.

DAÑOS ECONÓMICOS

La declaración institucional señala que España tiene un riesgo de desertización del 75% de su territorio y cerca de tres millones de personas viven en zonas potencialmente inundables en un periodo de retorno de la inundación de 500 años.

“Es urgente e inaplazable un consenso sobre el agua en donde las soluciones técnicas propuestas por los ingenieros de caminos ante desastres naturales respalden y mejoren la eficacia de las decisiones políticas”, añade.

Además, el texto indica que “las consecuencias humanas y materiales de esta trágica DANA podrían haberse reducido si se hubieran construido las infraestructuras hidráulicas que estaban proyectadas”.

Apunta que, además de las pérdidas humanas, la DANA causó un millón de personas damnificadas entres comunidades autónomas, 69.000 viviendas y 120.000 vehículos dañados.

Según la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, la DANA provocó daños en las infraestructuras que riegan 70.000 hectáreas de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Además, afectó a unas 30.000 empresas y ocasionó una pérdida del tejido productivo por valor de más de 13.300 millones de euros. Y el Banco de España ha estimado que la DANA restará 1.000 millones del PIB al crecimiento del cuarto trimestre del año.

Una primera estimación considera que solo la reconstrucción de las infraestructuras de comunicación y la gestión de los residuos de los daños causados por la DANA tendrán un coste de 2.600 millones de euros.

“Estamos, por tanto, ante un auténtico desastre humano, económico y material que demuestra que invertir en infraestructuras hidráulicas es rentable desde cualquier perspectiva”, sentencia la declaración institucional.

Por otro lado, los ingenieros de caminos, puertos y canales apostaron por “revisar y mejorar los protocolos de actuación” para avisar a la población de manera más eficaz teniendo en cuenta que más de la mitad de las personas fallecidas tenían más de 70 años.