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Los presupuestos Generales del Estado (PGE) son las hipótesis que recogen la previsión de los gastos e ingresos anuales del Estado. Los propone el Gobierno, se tramitan según está legislado y se formalizan con una ley que aprueban las Cortes Generales. Como es obvio y por eso es importante, la Ley de los PGE permite la puesta en escena de las propuestas programáticas de los partidos políticos que sustentan al Gobierno. Por ello, los PGE muestran los propósitos del Gobierno y anticipan las intenciones de los partidos políticos que lo sostienen. En el caso de los próximos, además, tienen una importancia añadida: Han de sustituir a los vigentes, prorrogados de Montoro. Van a comprobar la estabilidad del Gobierno de coalición PSOE-UP. Van a determinar el futuro político nacional. Y pueden condicionar las ayudas que la UE dé a España.
En una democracia la situación del actual Gobierno frente a los PGE en vigor es, como poco, anómala. Redactados por Montoro, son los propuestos por el gobierno de Rajoy con el voto en contra de los grupos que ahora gobiernan. Por eso, la postura del Gobierno actual es incongruente: Los está usando aunque se posicionó contra ellos. Los impone con fuerza de ley aunque los rechazara. Y, si no se sustituyen, puede necesitar prorrogarlos, como los vigentes, en contra de ideologías y promesas.
En esta situación, la obtención de los nuevos PGE se convierte en una necesidad para el Gobierno. Para intentar una política económica propia, sin directrices ajenas, que no es cosa menor de cara al respeto propio y de los electores. Y por tres razones más. Una interna, propia de los miembros de un gobierno de coalición que necesitan autonomía frente a próximas comparecencias electorales. Y otras dos, externas, en función de lo que afectan: Marcar identidad frente a otros grupos nacionales.
Y favorecer las perspectivas del Gobierno ante las ayudas de la UE.
Veamos cómo influye la consecución de unos PGE nuevos: En el Gobierno de coalición son necesarios, más en el PSOE que en UP. Pero, entre ellos, no casa la necesidad (distinta en cada uno) con la fórmula única de una propuesta inicial que, si ha de estar en consonancia con los principios y programas electorales de cada uno, es distinta y con unas diferencias que, aún suavizadas con los acuerdos que condujeron a la coalición, van a estar ahí, conocerse e influir en las bases y en el electorado de cara a las elecciones. Ahora, cuando PSOE y UP negocian la redacción de la propuesta a los grupos que han de considerarla, solo cabe reseñarla, sin ver encuestas individuales, impactos electorales o prevision de expectativas.
Para la oposición, el logro de los PGE es conveniente pero no absolutamente necesario. Por utilidad nacional serán motivo de atención, cálculos y trabajo. Supeditados al interés de cada uno (distinto en cada caso) pero alejados del principio que como mantra tramposa usa el Gobierno para convencer que los PGE que propone son cosa de todos. Porque la propuesta es del Gobierno, que parece no considerar que no todos los PGE que pueda proponer serán aceptados por todos. Habrá grupos (sin aventurar nombres ni número) que entenderán que la primera necesidad nacional no es aprobar los PGE que proponga este gobierno, sino evitar que este gobierno continúe. Es más, cuando se observa cómo presenta cada uno (PSOE y UP) lo que ha de ser aceptado o rechazado, parece que uno de ellos, UP, pudiera preferir unos PGE prorrogados que otros nuevos, que favorecen al PSOE, olvidan promesas de los Indignados que fueron, y lastran perspectivas electorales. Aunque acucie la tentación de ver las divergencias PSOE-UP, son tantos los intereses que están en juego (privados y de grupos, legítimos o espurios) que sólo parece oportuno señalarlos como el escollo que ponga a prueba la continuidad del Gobierno de coalición.
Con la propuesta de los nuevos PGE sin acordar entre PSOE y UP, sin conocer los apoyos extragubernamentales que puedan tener y a la puerta del Congreso de los Diputados en que ha de definirse la ley que les dará forma, en este momento, la viabilidad de unos nuevos PGE cuenta con:
La intención del PSOE para asentar el gobierno de Sánchez, promocionado como beneficioso en los medios de comunicación que controla y dependen del Gobierno (la mayoría). El apoyo tímido y medroso de UP. La expectación susceptible, silente en algún caso y ruidosa en otros, de grupos con intereses no siempre confesables. El rechazo de parte de la Oposición. Y la convicción que estos PGE puede puede determinar: La continuidad del Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias, si se aprueban con el asenso de ambos. El arma usada por Sánchez para formar otro gobierno, con UP, C's, ERC, PNV, PDeCAT, IU u otros, si se logra. O la herramienta constitucional que, propiciada o impedida por Sánchez, permita o evite la convocatoria de Elecciones Generales.
En otro orden de cosas y abundando en lo que significan hoy los PGE posibles próximos, cabría considerar hasta qué punto pueden condicionar las ayudas a España de la UE. Porque, avivada la pandemia y con las crisis sanitaria, económica y social a la vista, Europa habrá de decidir si permite (o impide) que los fondos europeos sean cogestionados por un gobierno participado por los comunistas de UP.
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