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No por habitual, admitido, justificado por motivos de acumulación de juicios, retrasado por culpa de la ley procesal y sus garantías que permiten multitud de recursos y dilaciones, consentido por escasez de medios y de personal e, incomprensiblemente, eternizado por la incuria de aquellos que, teniendo en sus manos tomar las medidas precisas para agilizar la administración de Justicia, permiten que pasen años, legislatura tras legislatura, sometiendo a aquellos que se ven obligados a pasar por los juzgados de la nación, a someterse a una pena, que no contempla el CP, pero que es el pan nuestro de cada día en los numerosos casos en los que, la espera para que se resuelva el proceso penal que pesa sobre los “presuntos inocentes” convertidos, en virtud del mal funcionamiento de los órganos judiciales encargados de aplicar las leyes, en “presuntos culpables”, se hace eterna convertida en una tortura y pena añadidas a la condena que pudiera derivarse de la sentencia de jueces o magistrados.
Nueve años ha estado el señor Rodrigo Rato y su compañero en el gobierno de Aznar, señor Acebes, en compañía de otros funcionarios, acusados de malas prácticas en la gestión de la entidad bancaria Bankia; años en los que se le ha mantenido en prisión, ha sido sometido a humillaciones (todos recordamos como fue tratado por los policías que lo detuvieron obligándole a bajar la cabeza con brusquedad, como si se hubiera tratado de un criminal para introducirlo en el coche policial) ha sido “juzgado” sin misericordia desde quienes fueron los que lo acusaron, los partidos políticos de izquierdas, la prensa que lo convirtió en chivo expiatorio para atacar al PP, algunos de los miembros de su propio partido y, en general, por quienes quisieron ver en él a un ricachón que con malas artes había conducido a Bankia a la ruina.
Ahora, no obstante, los jueces no han visto en la persona de Rodrigo Rato, de Ángel Aceves ni del resto de los funcionarios que fueron acusados, injustamente por lo que se desprende de la sentencia que los ha considerado inocentes de los cargos de los que se les hacía responsables; después de tenerlos sometidos a un régimen de vigilancia y privados de libertad, durante la interminable espera de nueve años. Y ahora nos preguntamos ¿quién va a poder compensar a estos falsamente acusados de delinquir, de las penurias que se han visto obligados a pasar, ellos y sus respectivas familias, mientras los que los denunciaron vivían tranquilamente y gozaban de todos los derechos de los que dispone cualquier ciudadano? Acaso ¿será el Estado el que los compensará? o ¿será el juez instructor y el fiscal anticorrupción quienes deberán rendir cuentas por sus errores, que permitieron que los que han sido declarados inocentes tuvieran que estar sometidos a unos juicios en los que se vieron obligados a “demostrar su inocencia” y no que, quienes los acusaron, fueran a los que tuvieran que demostrar fehacientemente su culpabilidad?
Una sentencia verdaderamente apabullante para la acusación, llena de reproches hacia el fiscal, en la que se han sacado a relucir hechos verdaderamente incontestables como el que la operación de salida a bolsa de Rato estuviera supervisada por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, que dieron su aprobación a que se llevase a cabo, aparte de reconocer que los inversores tenían información financiera y no financiera, “amplia y certera”, que les permitía saber cuál era la situación de la entidad. No obstante el señor Rato permanecerá en prisión porque tiene otros casos que están pendientes y que, quién sabe el tiempo que le van a obligar a seguir privado de libertad y ¿qué pasará si, finalmente, también es absuelto de las nuevas acusaciones y resulta que se le ha mantenido once o doce años encerrado injustamente? Once años es una parte importante en la vida de una persona, lo suficientemente grave como para que se convierta en un amargado, desesperado, paranoico o candidato al suicidio. ¡No hay recompensa, disculpas, indemnización ni rehabilitación alguna que sea capaz de devolverle, al señor Rato, todo aquello de lo que fue privado a consecuencia de la mala y errónea actuación de un juez y un fiscal que decidieron acabar con la carrera política de este señor a la vez que ponían en aprietos a un PP ya suficientemente desacredito por los acontecimientos del Gürtel.
Pero el señor Rato, vilmente tratado por una oposición ansiosa de caer sobre él y de desprestigiar a su partido, deberá enfrentarse a otros dos juicios, uno por las tarjetas “Black” y el otro por el presunto impago de 6´8 millones de euros por el IRPF. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias de ambos juicios pero, en todo caso, la Justicia le debe la devolución de los años que ha estado en prisión por adelantado visto que la causa, por la que ha sido juzgado y absuelto, deja al Estado debiéndole una compensación por el tiempo que injustamente se lo ha mantenido encerrado en la cárcel.
Pero, este caso, nos lleva a reflexionar sobre un tema que se ha convertido en algo común entre la ciudadanía y la prensa española. ¿Es legítimo que, por el mero hecho de ser acusado de un delito, la prensa y determinados sectores progresistas de la sociedad, si se trata de alguien de derechas o sobre el cual existe una predisposición a crearle problemas a causa de sus ideas políticas, no se limiten a pedir la acción de la justicia, sino que se adelanten a ella, se constituyan en jueces y se tomen la libertad de pronuncia su sentencia particular antes de que los tribunales hayan llevado a cabo la labor que les corresponde de juzgar al presunto culpable con todas las garantías que la Ley le concede para garantizarle un juicio justo y ético. Son ya muchos, desgraciadamente, los casos en los que las turbas deciden tomarse la Justicia por su mano, prescindiendo de los tribunales, de modo que, cuando la Ley interviene, ya hay personas que han sido juzgadas, condenadas y entregadas a los leones, debido a que los activistas y la acción de determinados medios de información, han actuado malévolamente para predisponer a las multitudes en contra de la persona a la que se deba juzgar, de modo que a la vista de la plebe ya no es necesario que los tribunales decidan porque ya estiman suficiente el juicio de quienes, sin más que intentar aprovecharse de la credulidad de las personas, actúan para llevarlas a su redil.
No obstante, cuando son las mismas instituciones, el propio Gobierno de la nación, la fiscalía, los parlamentarios y los responsables de los sindicatos o de los partidos políticos, los que contribuyen con sus declaraciones, hechos o actitudes a que, esta falta de respeto por las decisiones judiciales; esta jugada malévola de dar por juzgada una cuestión antes de que, quienes tengan la competencia de resolver aquella materia puedan hacerlo, entonces sabemos que estamos a punto de convertir al país en una nación ingobernable, donde no existe un Estado de derecho y no se mantiene el debido respeto por los derechos y las libertades individuales, reconocido para todos los ciudadanos en virtud de la Constitución que se dieron todos los españoles, por amplia mayoría, en 1978.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos viendo que no pasa día sin que exista alguna muestra de en lo que se ha convertido nuestro Gobierno, como ha ocurrido con las declaraciones del ministro de Justicia, señor Juan Carlos Campo, que se basó en la necesidad de mantener “la convivencia” en Cataluña para intentar justificar la ausencia del Rey del acto de la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. DE modo que para este señor, el Rey, el Jefe del Estado español no debe ir a Barcelona, a un acto institucional, para que los independentistas catalanes, que no olvidemos que son menos del 50% de los ciudadanos catalanes, no se molesten y no se sientan ofendidos porque el Rey de España vaya a una autonomía española, cuando desde su punto de vista soberanista ya se ha convertido en la “república” catalana. ¡Este señor debiera de haber presentado la dimisión a los diez minutos de decir semejante barrabasada! Y esto lo dice nada menos que un ministro de Justicia que debiera de haber iniciado los trámites para garantizar que, SM el Rey hubiera podido visitar la Ciudad Condal, con todas las garantías de no ser obstaculizado, por ninguna manifestación separatista. Y para terminar una frase de Platón: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”
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