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La investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y la posterior formación de un Gobierno de Coalición “a la navarra” entre PSOE y Unidas Podemos habría desatado las alarmas en el establishment por lo que se habría iniciado una cruzada mediática encabezada por Felipe González, devenido en testaferro del Establishment para deslegitimar la “unión antinatura” de PSOE y Podemos.
Así, tras la irrupción de la pandemia del coronavirus, la mass media del establishment habría iniciado una feroz cruzada mediática contra Pablo Iglesias para desprestigiarlo sirviéndose de la dictadura invisible del miedo de la supresión de la propiedad privada ante medidas colectivistas presuntamente impulsadas por Pablo Iglesias con el objetivo confeso de provocar la salida de Podemos de Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Ofensiva del “clan de los políticos” contra Pablo Iglesias
El establishment dominante del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,política, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet) y habría declarado a Pablo Iglesias como “su bestia negra”. El Tardofranquismo judicial tendría a la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo como brazos ejecutores, a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal).
La primera fase de la operación de “acoso y derribo de Pablo Iglesias” consistió en la ofensiva mediática para hacer de Pablo Iglesias el “único culpable de la elevada mortandad en las residencias”, tuvo su continuación en los reiterados escraches en la residencia de Pablo Iglesias y en la actualidad asistimos al inicio de la fase consistente en la “judicialización de la política o lawfare”.
Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad” y que tendrían su plasmación en la cabriola jurídica de la nueva estrella mediática del firmamento judicial el juez García Castellón, que pertenecería al llamado “clan de los políticos afines al PP” con el objetivo inequívoco de declarar a Pablo Iglesias como “investigado en el llamado “Caso Dina” y forzar su dimisión como Vicepresidente del Gobierno utilizando Lawfare.
Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare” publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término Lawfare ( en castellano Guerra Judicial). habría surgido de la mezcla de las palabras Law (Ley) y Warfare (Guerra) y sería el “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”. Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, no respetar la inmunidad política de los cargos electos así como crear indefensión. El juez García Castellón tras acusar de tres delitos a Pablo Iglesias y elevar el caso al Tribunal Supremo en contra del criterio de la Audiencia Nacional que en su momento corrigió a dicho juez y le devolvió a Iglesias su condición de perjudicado, podría haber incurrido en el citado supuesto de indefensión que anularía el proceso al obviar las alegaciones de la defensa en el caso Dina y el preceptivo informe de una atónita Fiscalía Anticorrupción que no ha recibido la obligada notificación.
Sin embargo, la estrategia del Bipartidismo español sería mantener vigente el Régimen del 78 frente al vértigo que suscita la utopía propugnada por Podemos con el objetivo confeso de formar un Gobierno de Salvación PSOE-PP que procederá a la implementación de drásticos recortes siguiendo los dictados de la Troika europea para evitar el rescate del país. Ello se traducirá en una dramática reducción de los subsidios sociales que afectarán a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación y viudedad así como a una severa reducción de los sueldos del funcionariado, por lo que no sería descartable que el Congreso de los Diputados conceda el suplicatorio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que éste inicie una causa penal contra el líder de Unidas Podemos, lo que se traduciría en la fulminante salida del Gobierno Sánchez y la posterior formación de un Gobierno de Salvación PSOE-PP.
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