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Cuando los fundamentos de una construcción empiezan a crujirse y agrietarse, lo mejor que pueden hacer los que habitan el edificio es poner remedio intentando reforzarlos y asegurarse de que se ha conjurado el peligro de que la construcción entera se derrumbe. Si el deterioro es tan importante que no tiene posibilidades de ser reparado convenientemente y el peligro del derrumbe se hace inminente sin posibilidad razonable de salvar al inmueble, lo correcto es abandonarlo y proceder a su demolición antes de que las fallas y las grietas se hagan tan frecuentes y amenazadoras que pongan en peligro las vidas de los habitantes del edificio. Lo mismo podemos decir cuando nos referimos a una nación que está comenzando a tener graves problemas en su estructura política, importantes desajustes en la acción de gobierno, resbaladizas carencias en el mantenimiento de sus leyes fundamentales, destrozos básicos en sus instituciones y peligrosas, comprometidas y arriesgadas actuaciones de sus dirigentes, movidas por afanes egoístas y totalitarios y no por el bien común y el bienestar de sus ciudadanos, como corresponde a todo régimen democrático.
En lo que se refiere a nuestra desconocida España, podríamos decir que “viento en popa y a toda vela no corta el mar sino vuela” ,como se dice en la Canción del Pirata de Espronceda, un Gobierno integrado por piratas de la sociedad que se esmera, con plena dedicación, en quemar etapas sin darse respiro, para impedir que, quienes en la oposición tienen la obligación de cortar sus desafueros, puedan seguirles y darles caza antes de que ellos hayan conseguido sus objetivos que, evidentemente, se centran en implantar un régimen autoritario, policial, totalitario, de base comunistoide, en toda la extensión de la nación española. Y es que, cuando se tiene a un Parlamento dominado, a un Senado obediente, a un ejecutivo con plenas atribuciones y, al único poder que podría dar esperanzas a los españoles de que los desafueros del gobierno fueran controlados desde la Justicia, el poder Judicial, en vías de caer en poder de la dictadura que se está fraguando en España, cuando los fiscales, los abogados del Estado y algunos jueces y magistrados, parece que están dispuestos a colaborar en que el pobre Montesquieu vaya a hacer compañía al general Franco, en el rincón que le han dejado, para que reposen sus restos, en la cripta de un panteón de Patrimonio del Estado en el madrileño cementerio de Mingorrubio, en El Pardo ( en una democracia, como se supone que es la española, quién lo quiera visitar deberá pedir una autorización, suponemos que para tener controlado a lo que queda del franquismo).
Cuando se está dispuesto a pasarse la legalidad por la entrepierna, a cualquier listillo al que no le importe lo que tenga que hacer para conseguir su propósito, no le afecta tomar atajos, cometer irregularidades, torcer la interpretación de las leyes y saltarse las reglas cuando, de esta forma, se consigue avanzar a pasos agigantados en obtener los resultados apetecidos. El sistema utilizado por los socialistas para evitar someter las leyes a discusión en las cámaras de representación popular, aun teniéndolas dominadas, les evita que, mediante decretos-ley los españoles podamos presenciar debates por TV que a ellos no les favorezcan y que, por otra parte, les retrasen la aplicación de normas que les permitirían ir limitando los derechos de los españoles, coartar sus libertades, restringir sus privilegios constitucionales y mermar sus derechos a poder expresar sus opiniones libremente, cuando el poder gubernamental dispone de prácticamente el monopolio de la prensa escrita, de la radio y, por supuesto de las TV, entre ellas y de suma importancia, tienen el control de la cadena estatal la TVE1.
Lo que resulta evidente que, sea porque soterradamente tanto Sánchez como Iglesias tienen acordado seguir el camino hacia la dictadura de tipo comunista o, bien, porque Iglesias tiene chantajeado a Sánchez y éste se ve obligado a hacerle concesiones de tipo social, sin descartar que pueda haber algo de ambas posibilidades; lo cierto es que, como la Colau viene haciendo con plena libertad en Barcelona, los recortes a las facultades de los propietarios, la idea de que el Estado puede despojar de sus derechos de propiedad, cuando se le pase por su cerebro administrativo, a los ciudadanos, simplemente alegando necesidades de tipo social, sin contemplar la deficiencia en la construcción por el mismo Estado y por sus autonomía de los cupos de viviendas de tipo social que deberían ser subvencionadas mediante los impuestos de los contribuyentes, en lugar de ser destinados a la propaganda de los partidos, a subvencionar a los amigos o a favorecer a las sociedades que están conchabadas con quienes nos gobiernan.
Pero la mente de estos ineptos que nos gobiernan, con los resultados que claramente podemos contemplar, tanto en la gestión de la epidemia del Covid 19 como en cuanto a lo que se refiere a tomar las precauciones económicas ( limitación del gasto y reducción de la DP) ante la crisis inminente que va a venir y que se nos anuncia desde todos los especialistas en economía de la UE y de los bancos que actúan dentro de ella, como en lo que se refiere a los despilfarros que se siguen haciendo en materia de subvenciones, de aumentos de salarios de los funcionarios, del número de los mismos ( más gente que no crea riqueza y más sueldos que los ciudadanos deben pagar con sus impuestos) así como un incremento sustancial de asesores del gobierno y de las autonomías, en lo que no se escatima dinero. Ya no hablemos de la política que se está llevando respecto a la inmigración, dejando que España se convierta en un coladero, tanto por el norte como por el sur, y ahora las Canarias, un lugar en el que, la llegada continuada de inmigrante de Marruecos, les está causando serios problemas de logística y de orden público que, el Gobierno, no parece que sea capaz de contener a no ser que se considere una solución ir embarcando inmigrantes desde las islas hacia España para, una vez en ella, irlos esparciendo, no importa cómo, por toda la extensión peninsular, la mayoría de ellos sin control alguno.
Y, por si no fueran bastantes los motivos de preocupación que tenemos los ciudadanos que no pertenecemos al club de las izquierdas, nos hemos enterado de que, este Gobierno social-comunista, siguiendo la senda que se ha propuesto de acabar con la propiedad privada, no contento con las expropiaciones irregulares que se practican en nombre de los derechos sociales, ha iniciado lo que se podría considerar como un refuerzo de los “derechos” de los okupas, contrariamente a lo que parecía que iba a suceder en cuanto a que se adaptaran las leyes estatales para facilitar el trámite de expulsarlos de las vivienda irregularmente ( por no decirlo de una manera más dura) ocupadas, con forzamiento de cerraduras y, en ocasiones, violencia en las personas, y se habla de evitar su expulsión inmediata de las viviendas, ocupadas irregularmente, en aquellos casos en los que “no hubiera habido violencia en las personas o intimidación cuando se produjo su ocupación o durante su permanencia en las mismas”. Y nosotros, ante semejantes desaguisados y ataques al derecho de propiedad reconocido, expresamente, en nuestra Carta Magna, nos preguntamos: ¿no es un acto de violencia el penetrar en una vivienda, rompiendo la cerradura, aprovechándose de la ausencia de sus legítimos ocupantes?, ¿cómo se califica el hecho de que una familia que está en su propio domicilio y se vea sorprendida por la invasión del mismo por unas personas que, aún sin violencia, toman posesión del lugar sin hacer caso de las protestas de quienes la venían habitando? ¿A quién le pasa por la cabeza esta absurda idea de que privar a una persona de la propiedad o el uso de su morada, por los medios ilegales no reconocidos por la Ley, puede ser generadora de un derecho que lo único que haría sería legitimar un acto reprobable y contrario a los derechos legales de las personas perjudicadas?
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos sentimos desasistidos como ciudadanos de una democracia en la que quienes forman parte del Gobierno son los primeros que favorecen que se pongan limitaciones fraudulentas a derechos que emanan de la misma Constitución, con la misma tranquilidad con la que uno se toma un vaso de agua y, con el añadido de que parece que nadie se opone a que, hechos semejantes, puedan suceder en un Estado de derecho que, en lugar de perseguir a los delincuentes, lo que hace es crear leyes y normas para favorecerlos. Cada vez, y los hechos lo confirman, parece que vamos camino de lo que pudiera ser una repetición, actualizada, de los hechos que dieron lugar a que España y los españoles se enzarzaran en una lucha fratricida que, como ocurrió entonces, puede acabar con un enfrentamiento directo contra el comunismo frente-populista. Y, para terminar, leamos a Aristóteles: “En su mejor momento el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia es el peor.”
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