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“El Estado de derecho debe ser reconocido por todos los partidos políticos. Ellos no deben aconsejar a otros violar la ley, ni alentar a otros a hacerlo, incluso cuando están en total desacuerdo con la legislación presentada por el gobierno de turno” James Callaghan.
Sí, señores, todavía en este país hay motivos para no perder del todo la esperanza. Quedan instituciones que, de momento, no sabemos cuánto tiempo este gobierno socio-comunista que estamos soportando, permitirá que los tribunales de Justicia y el propio TC puedan actuar con plena libertad, intentando que se aplique la ley y que no sea el Gobierno o los propios gobiernos autonómico – especialmente los de carácter separatistas – quienes sean los que fijen la pauta de lo que se ha de hacer, cómo hacerlo y con qué autoridad se nos obligue a los ciudadanos a someternos a sus veleidades políticas, en detrimento de nuestros derechos constitucionales.
La propiedad privada, el gran objetivo de la izquierda para intentar acabar con lo que, para ellos, es capitalismo y para los que no pensamos como ellos un signo de la libertad, de la recompensa al esfuerzo, del tributo a la inteligencia, de incentivo al trabajo y de contribución al progreso de una nación; se está poniendo en cuestión desde que, en el Gobierno de la nación se instalaron quienes, entre sus ambiciones políticas y sus rencores atávicos estaba acabar con las derechas, y lo que supone esta obsesión destructiva, la implantación un nuevo régimen estatal que convierta a los ciudadanos en meros números estadísticos, supeditados en todo a la voluntad suprema del Estado que, como no podría ser de otra manera, estaría controlado, dirigido, dominado y centralizado por el comunismo galopante que parece que lleva camino en no mucho tiempo, si seguimos votando a quienes están empeñados en llevarnos de nuevo a regímenes heredados del viejo y caduco comunismo bolchevique, en convertir a nuestra nación en una más de estas “repúblicas” americanas que se caracterizan por el hecho de haberse convertido, todas ellas, en una caricatura de la democracia dominadas por el totalitarismo y absolutismo de sus gobiernos de izquierdas.
En España existen focos, especialmente en comunidades, donde el separatismo y el comunismo tienen la facultad de imponer sus sistemas absolutistas, mediante los cuales han decidido prescindir de lo que dispone la legislación estatal y, por supuesto, por lo recogido en nuestra Constitución de 1978. El ejemplo más lacerante, por la impunidad con la que vienen actuando y su desprecio hacia el resto de España y de sus leyes es, sin duda alguna, la comunidad catalana. Ellos, sin que parezca que a nuestro gobierno en Madrid le preocupe ni le afecte, ya hace tiempo que, con una claridad meridiana, vienen diciendo y actuando en consecuencia, que quieren convertirse en una república independiente y que, para conseguirlo, no les importará desobedecer, maquinar, incumplir, contradecir y legislar, si cabe, en contra de lo que esté regulado por la Carta Magna y el resto de las leyes por las que nos regimos todos los españoles (que no estén incluidos en alguna de estas autonomías que tienen a bien hacer caso nulo de lo que decida el resto de nuestra nación).
Y en este sentido, podemos comprobar como la Generalitat catalana y la alcaldesa de Barcelona, la activista reconvertida en alcaldesa de la ciudad, señora Colau, ha decido ( ya lo advirtió nada más asumir el cargo) que aquellas leyes estatales que no le gusten no va a tener escrúpulo alguno en no hacerles caso y, como viene demostrando, tampoco le importa legislar, crear normas y tributos que estén fuera de sus competencias, cuando le ha apetecido incordiar a los propietarios de viviendas limitando sus derechos constitucionales sobre sus propiedades, especialmente si son inmobiliarias, erigiéndose en mandamás, censora, dictadora y manipuladora de aquellos temas jurídicos o fiscales que ella considere que no se avienen con el concepto que ella tiene de a lo que tienen derecho los ciudadanos respeto a las propiedades de los edificios o viviendas que han adquirido legalmente y sobre las cuales tienen el derecho de uso, disfrute y cesión, onerosa o no, mientras no se den las circunstancias que nuestra Constitución y leyes de desarrollo correspondientes tienen previstas, amén de que se cumplan los requisitos de indemnización y utilidad pública que, por supuesto, no pueden obviarse ni dejarse al arbitrio de cualquier alcalde que pretenda legislar sobre ello.
Ha sido notoria y escandalosa la forma, completamente arbitraria, con la que Generalitat y la alcaldesa de Barcelona se han tomado la Justicia por su mano imponiendo, o han pretendido hacerlo, limitaciones sobre las facultades de la propiedad de sacar provecho, alquilar, ceder o mantener la vivienda sin ocupar ni que terceros, arbitrariamente, se la ocupen, cuando la mantiene en espera de hacer un uso determinado que no tiene por qué ser inmediato (reservarla para un hijo, por ejemplo). Siempre hemos mantenido que la utilidad pública por circunstancias sociales es, en toda caso, excepcional porque los ciudadanos pagamos impuestos, muchos impuestos, precisamente para que sea el Estado el que se haga cargo de solucionar estas necesidades de vivienda y no que se convierta en una servidumbre o una carga más para los propietarios de inmuebles que, evidentemente, se ven discriminados respeto a aquellas personas que deciden invertir sus ahorros en Bolsa o en otros negocios, que no se ven lastrados por semejante carga de tipo social.
Hay que decir que los descalabros judiciales que va sufriendo la Generalitat y ya no digamos al Ayuntamiento de Barcelona, se pueden contar por docenas o más. Pero esto sucede cuando han pretendido imponer sus limitaciones, tasas o impuestos a empresas potentes, dedicadas a la construcción o al alquiles de edificios, o cuando determinados partidos políticos, como el PP en el caso que nos ocupa, en defensa de sus representados, presentan recursos de inconstitucionalidad para intentar que se haga justicia y se devuelvan los derechos que les correspondan a aquellos que salieron perjudicados por la actividad errónea de las administraciones locales. Pero la justicia en España es lenta, lentísima y, en ocasiones, es tan lenta que nunca se resuelven los contenciosos que se elevan a la consideración del alto tribunal Constitucional ( caso del aborto, por ejemplo), sin embargo, en esta ocasión el TC ha estado diligente y les ha propinado a todos estos aspirantes a convertir a España en una anarquía comunistoide, una severo correctivo, anulando los decretos de la Generalitat que obligaban a los grandes tenedores a ofrecer en alquiler social a los inquilinos morosos o con contrato vencido, lo mismo que a quienes hubieren ocupado ilegalmente un inmueble cuando acreditasen una falta de recursos que les colocaba en exclusión residencial. La ponencia de rechazo a dichos decretos fue aprobada, por unanimidad, por los magistrados del tribunal.
Faltaría saber si quienes hubieren salido perjudicados por las ilegalidades de la Generalitat o del Ayuntamiento catalanes, podrán recurrir ante las correspondientes administraciones, para demandar daños y perjuicios por las presuntas pérdidas ocasionadas por las imposiciones y limitaciones que se les hubieran obligado a aceptar ilegalmente. Creemos que, en casos de tan manifiesta temeridad, de tan absoluto y evidente desprecio por la normativa vigente, de tanto egocentrismo y desvergüenza, al atribuirse facultades de las que se es consciente que no se tienen, debería existir la posibilidad de actuar contra los que incurrieran en semejantes hechos que, aparte de la sanción penal que les pudieran corresponder, debiera de existir la posibilidad de una reclamación civil contra el patrimonio privado de las personas causantes de semejantes desaguisados. Entonces, posiblemente, quienes ostentaran el poder fueran más cuidadosos en atenerse a la legalidad, mirando con más cuidado el no excederse de sus limitaciones administrativas.
Pero existe la posibilidad de que les lleguen nuevos disgustos a quienes se erigieron en defensores de causas perdidas o con grandes posibilidades de que no tuvieran éxito. En efecto, el PP presentó anteayer a trámite otro recurso de inconstitucionalidad contra la “ley de medidas urgentes en materia de vivienda” aprobada por el Parlament catalán en septiembre pasado, por la que se pretendía poner topes a los alquileres (hay que decir que esta norma contó con el rechazo del Consell de Garanties Estatutarias del Parlament, pese a lo cual siguió su trámite.) Hay que añadir que, en el decreto anulado por el TC, se incluía ampliar los derechos de tanteo y retracto en favor de la Generalitat en la trasmisión de viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de hipotecas.
Puede que sólo sea un pequeño rayo de esperanza, un relámpago que ilumine la oscuridad en la que nos han recluido quienes nos gobiernan, pero aunque sólo sea por esto demos por bien recibida la noticia que demuestra que, entre nuestros encargados de velar por la salud de nuestro ordenamiento jurídico, todavía los hay que saben anteponer a cualquier otra consideración de orden político, económico o personal, el bien de nuestra nación y los derechos básicos de los ciudadanos españoles garantizados por nuestra Constitución.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, ante el abuso de demagogia, la divulgación interesada de bulos para encubrir errores del Gobierno; el lavado de cerebro que corre a cargo de todos los medios de información que tiene a su disposición la izquierda en España; la falta de credibilidad de quienes están a cargo de informar sobre la pandemia del Covid 19; la incompetencia supina de quienes sabiendo que las sucesivas cepas del coronavirus iban a llegar y, como siempre sucede, los ha pillado desorganizados, faltos de jeringuillas para la vacuna, sin disponer de suficientes sanitarios para aplicar las dosis; cogidos a contrapié cuando las farmacéuticas se han querido aprovechas de la necesidad y han desviado su producción hacia aquellos que han ofrecido pagar más etc. Lo único que nos queda es esperar que el sentido común se imponga entre los votantes españoles; que recapaciten a la hora de depositar su voto y que tomen conciencia de que, los comunistas, separatistas y socialistas, son los responsables del declive de nuestra economía y de la crisis que nos acecha si no se rectifica el rumbo que lleva nuestro país.
Sepan que el porvenir que nos espera a todos será el que, si siguen votando a los que han sido responsables de la extrema situación en la que se encuentra este país, será muy posible que, en un breve espacio de tiempo, nos encontremos en la misma situación paupérrima en la que se encuentran los venezolanos, bajo la tiranía del señor Maduro, el mentor de Unidas Podemos y de quienes forman parte del gobierno que comparten. Y una frase del genial Francisco de Quevedo: “Creyendo lo peor, casi siempre se acierta” No sé lo que pensarán Uds. pero yo estoy de acuerdo con ello.
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