La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, sostiene
en un informe enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el
estudio de arquitectura Unifica cometió cuatro delitos fiscales en las
obras de remodelación de la sede central del Partido Popular (PP), situada
en la calle Génova de Madrid, que se llevaron a cabo entre los años 2005 y
2011.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la
compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, "habría dejado de ingresar" a la
Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios "superan los 120.000 euros", límite
establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Se trataría, en concreto, del Impuesto
de Sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007 y del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) de 2009 y 2010.
El organismo tributario confirma que las obras de reforma de la planta baja de Génova,
que se llevaron a cabo en 2006, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP
abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal",
según apuntó Ruz en un auto dictado en noviembre pasado.
La Agencia Tributaria llega a esta conclusión tras cotejar las dos certificaciones sobre
estas obras que elaboró Unifica, una por el importe total de los trabajos y otra descontando
los supuestos pagos en negro. Así, apunta que por los trabajos de 2006 el estudio tendría
que abonar 332.295,30 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal. Teniendo en
cuenta las anotaciones que el extesorero Luis Bárcenas realizó en sus manuscritos, que
reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones, la propuesta de
regularización supondría un pago de 134.162,04 euros.
En relación con el Impuesto de Sociedades de
2007, el informe señala que Unifica no declaró
211.160,77 euros correspondientes a las obras
en la segunda planta del edificio (195.000 euros
según los 'papeles de Bárcenas') y 274.880,35
euros (258.000 en los manuscritos) por los
trabajos en la planta quinta. La regularización
ascendería a 1,2 millones, atendiendo a las
cantidades de las certificaciones, y a 1,1
millones según los pagos anotados en la
supuesta contabilidad B.
El informe, de 111 páginas, también calcula la
defraudación que habría cometido Unifica al no
declarar el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) correspondiente a las obras que realizó en
los años 2009 y 2010.
1,71 MILLONES EN NEGRO
Ruz pidió el informe sobre las cuotas defraudadas por Unifica en noviembre pasado, tras
dictar un auto en el que revelaba que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en
las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los
descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio de 2014. En total, se
habrían pagado en negro 1,71 millones de euros.
Según el auto de noviembre, sólo una parte de estos fondos (184.000 euros) "habrían
tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis
Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparecía en sus manuscritos.
Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado,
"habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo
aplicar "un descuento".
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la
Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, según señalaba el juez
instructor.
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