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El problema de los menores llegados a Ceuta en pleno fragor de la crisis diplomática entre España y Marruecos, se ha convertido en un rompecabezas para el Gobierno que, finalmente, ha obligado al propio Sánchez a intervenir personalmente, junto al presidente de la ciudad autónoma.
La solución que ambos encontraron en la en su encuentro en La Moncloa de finales de agosto, después de un nuevo varapalo judicial, es algo tan simple como cumplir la ley. De esta manera, el presidente del Gobierno ha venido a desautorizar a su ministro del Interior, Grande Marlaska al reconocer explícitamente que estaba aplicando una vía de escape, a todas luces ilegal, para forzar la repatriación de esos centenares de menores no acompañados, al margen de todas las garantías recogidas por la Ley de Extranjería, del respeto a los Derechos Humanos y de la legislación internacional. El problema continua.
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