Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora cada 1 de octubre desde su reconocimiento hace 30 años por la Asamblea General de la ONU, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) se suma a las voces de diferentes organizaciones sindicales y de la sociedad civil, que visibilizan las aportaciones cotidianas de las personas mayores a la sociedad y reivindican la conciencia intergeneracional y la importancia de garantizarles la mayor calidad de vida.
Por ello, desde UATAE, señalan con especial preocupación la enorme desigualdad entre las pensiones de jubilación que soporta el colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomas, y subraya el sesgo de género como especialmente preocupante: las trabajadoras por cuenta propia, denuncia María José Landaburu, secretaria general de UATAE, terminan siendo “las jubiladas más pobres”. En concreto, una mujer autónoma cobra 676,92 euros menos cada mes por su pensión de jubilación que la cuantía media de una persona jubilada por el régimen general.
La pensión media en España por jubilación es de 1.192,26 euros al mes, y entre los asalariados (que son más del 72% de los pensionistas jubilados), 1337,71 euros mensuales. Los autónomos y autónomas tienen una pensión media un 40,6% inferior a los asalariados y asalariadas (794,19 €) Eso supone una cuantía de 543,52 euros mes menos. Pero, como se indicaba anteriormente, la brecha aumenta cuando las pensionistas autónomas son mujeres hasta una diferencia de 676,92 euros, un 50,6% menos que esa pensión media de los trabajadores por cuenta ajena jubilados. Dentro del colectivo del trabajo autónomo, ellas soportan pensiones de jubilación un 25,7% inferiores que sus colegas varones. Con estas cifras, valora Landaburu, “difícilmente podemos hablar de promover un envejecimiento activo”. La secretaria general de UATAE llama la atención también de cómo esta brecha en pensión de jubilación entre autónomos y asalariados se ve amortiguada por el llamado complemento de mínimos, y que si no, la diferencia sería mayor. El porcentaje de pensionistas autónomos que necesita complemento de mínimos para poder cobrar la pensión mínima es del 32%, mientras que en el caso de los asalariados es del 19,5%. Para la Unión de Autónomos, el reciente acuerdo entre gobierno y agentes sociales para la reforma de las pensiones es “muy positivo” porque asegura la revalorización de las mismas según el IPC y, en lo que atañe específicamente a los autónomos y autónomas, porque marca el camino a una cotización justa y solidaria a la Seguridad Social, ajustada a los rendimientos netos reales y garante de una mayor protección. Pero añade que no se trata sólo de “frenar la pérdida del poder adquisitivo actual de los pensionistas” sino de “asegurar un cambio estructural en el sistema que conlleve la igualdad en obligaciones y derechos para todos y todas las trabajadoras, lo sean por cuenta ajena o propia”. María José Landaburu insiste en que las personas mayores que en su vida laboral activa han trabajado por cuenta propia se enfrentan a sus últimos años en condiciones más precarias, y resalta la especial vulnerabilidad de las mujeres, ya que “la tendencia es que más del 50% de nuevas incorporaciones al trabajo autónomo corresponda a mujeres mayores de 52 años, con bajos ingresos y que arrastran carreras de cotización intermitentes, lo que precede a pensiones de jubilación más que modestas”. “La precariedad en la cotización durante la vida laboral”, analiza Landaburu, “es un factor clave de pobreza y desigualdad en la jubilación, por lo que la reforma del RETA para hacerlo más justo y solidario y la mejora de la protección son ya inaplazables”. Por ello, para UATAE es fundamental que ese compromiso de alcanzar un sistema de cotización justo y solidario como garantía de pensiones dignas para las y los autónomos “se concrete lo antes posible, sin que quienes tienen ingresos más bajos tengan que esperar hasta nueve años -como prevé como máximo el acuerdo- para pagar una cuota justa y recibir una protección suficiente”. UATAE recuerda, además, que la pandemia ha sido especialmente cruel con el colectivo de personas mayores, y ha evidenciado la enorme debilidad asistencial y de recursos del sistema sanitario, sociosanitario y de atención a la dependencia, y ha reclamado que las administraciones se comprometan a “acelerar una agenda de reversión de los recortes impuestos desde 2009”, ya que las personas mayores constituyen “un colectivo especialmente vulnerable a los recortes, y que representa el sustento principal del 25% de los hogares en España”.
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