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El derecho premial civil español contempla trece órdenes, de las cuales tres se encuentran en desuso. Estas órdenes civiles no están extinguidas ni derogadas de derecho. Sin embargo, tienen una actividad totalmente nula desde la segunda mitad del siglo XX.
Las órdenes civiles españolas que siguen vigentes, pero en desuso, son la Real Orden de Damas Nobles de María Luisa, la Orden de África y la Orden de Cisneros. La Real Orden de Damas Nobles de María Luisa fue creada durante el reinado de Carlos IV en el año 1792, dentro del ambiente de la crisis del Antiguo Régimen. Esta orden se fundó como una orden nobiliaria y todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, está regulada por el Real Decreto de 24 de noviembre de 1816. En cuanto al motivo de su concesión, radica en «mostrar su benevolencia a las personas nobles de su sexo que se distinguiesen por sus servicios, prendas y calidades».
Aunque en la I República por el Decreto de 29 de marzo de 1873 fueron extinguidas todas las condecoraciones relacionadas con la monarquía, en la Real Orden de Damas Nobles de María Luisa no se produjo dicha suspensión. El motivo radica en la decisión de Isabel II en seguir otorgando esta distinción desde su exilio en Paris. Además, delegó la soberanía de la orden en la primera esposa de su hijo Alfonso XII, María de las Mercedes. Y, desde entonces, la autoridad de la real orden se ha ido sucediendo en las figuras de las reinas españolas.
La Orden de África nació en pleno franquismo, en el año 1950, como orden civil. Su finalidad es premiar méritos civiles y militares. Actualmente esta orden está reglamentada por orden de periodo franquista del año 1951. La cancillería de la orden se encuentra en la presidencia del Gobierno y su gran maestre es el jefe del Estado.
La Orden de Cisneros también surge durante el régimen franquista, concretamente en el año 1944. Su objetivo es premiar los méritos políticos. Esta orden sigue regulada por el reglamento de 1945, aunque este presenta modificaciones en los artículos relacionados con sus categorías, su estructura y su procedimiento de concesión. Estos cambios se recogen en el Decreto 99/1976 y fueron originados por el cambio político del Estado español.
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