¿Quién crea los empleos y a quién hay que proteger para crearlos?

Uno de los mitos (por no decir mentiras) más extendidos cuando se habla de relaciones laborales es el que defienden muchos empresarios, economistas o dirigentes políticos al afirmar que el empleo lo crean las empresas y que, por tanto, toda la capacidad de decisión relativa a las relaciones y condiciones laborales debe estar en sus manos. Lo estamos oyendo casi diariamente en los últimos meses cuando reclaman que se dejen bajo su exclusiva responsabilidad los fondos europeos destinados a recuperar la economía tras la pandemia.

La idea, sin embargo, no responde a la realidad y lo que se oculta tras ella es la demanda de un privilegio para algunos propietarios del capital que no necesariamente redunda en creación de puestos de trabajo y ni siquiera en beneficios de todas las empresas y empresarios.

Vaya por delante que las empresas son imprescindibles, no solo en el capitalismo sino en cualquier sistema económico mínimamente complejo, para que se pueda crear empleo y riqueza. Son las organizaciones en donde se conciben, producen o distribuyen los bienes y servicios que los seres humanos necesitamos para garantizar nuestro sustento, de modo que obligadamente han de existir para que podamos satisfacer nuestras necesidades y sobrevivir.

Y si las empresas son imprescindibles para esa función, es también evidente que los empresarios, las personas capaces de crearlas o dirigirlas, lo son igualmente. Otra cosa es, por supuesto, que pueda haber muy distintas clases de empresas y de dirigentes o directivos empresariales, en función de su forma de propiedad, modo de funcionamiento o tipo de gestión.

Ahora bien, una cosa es esta que acabo de señalar y otra afirmar que son las empresas las que que por sí mismas crean los puestos de trabajo y, por tanto, las únicas que garantizan el flujo de ingresos que se necesita para que se desarrolle la vida económica.

En la economía capitalista son efectivamente las empresas, los propietarios del capital privado, quienes llevan la iniciativa en la puesta en marcha de proceso económico y quienes arriesgan su patrimonio cuando realizan las inversiones que son necesarias para generar actividad. La expectativa de obtener beneficio es lo que les mueve a arriesgar y gastar con el propósito de recuperar sobradamente lo invertido. Y en ese proceso es cuando se crean puestos de trabajo que proporcionan los ingresos a los hogares que luego se gastan en adquirir los bienes y servicios que producen las empresas.

Esa es sin duda una de las grandes virtudes del capitalismo: permite que se puedan satisfacer necesidades colectivas simplemente a expensas de que haya individuos que traten de lograr su beneficio particular.

Esa realidad es la que justifica que se facilite o proteja la actividad empresarial y se trate de proporcionar las mejores condiciones para que se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Lo que ocurre, sin embargo, es que, por un lado, resulta materialmente imposible que esa actividad empresarial se lleva cabo con los exclusivos recursos que pueda aportar el capital privado. Y, por otro, que no cualquier tipo de actividad empresarial satisface efectivamente las necesidades sociales en las condiciones más deseables o eficientes.

Sin temor a exagerar, se puede decir que no hay ni una sola actividad empresarial que pueda desarrollarse hoy día sin disponer de recursos colectivos, sin conocimiento elaborado fuera de ella misma, sin infraestructuras públicas, por ejemplo. Ninguna actividad empresarial privada podría obtener beneficio si tuviera que hacer frente a los costes efectivos de todos los recursos que utiliza para llegar a vender cualquier bien o servicio que produzca. Teniendo esto en cuenta, resulta que la creación de puestos de trabajo no es el resultado, por tanto, de la sola iniciativa o riesgo empresarial.

Más importante todavía es tener en cuenta que la pervivencia del empleo y del beneficio no es el resultado de la mera existencia de la empresa sino de todo el sistema socioeconómico en el que se desenvuelve. Ninguna empresa sobreviviría sin un sistema adecuado de normas, sin una administración eficaz de los recursos colectivos y del capital social que acabo de decir que necesita, sin un buen sistema educativo o de salud, sin seguridad, sin la investigación básica que sólo los estados pueden financiar con carácter general… Y, por supuesto, sin un adecuado equilibrio económico que asegure a las empresas las ventas que necesitan para obtener beneficios y sobrevivir.

De hecho, es una evidencia indiscutible que la gran virtud del sistema empresarial del capitalismo que he mencionado va lamentablemente asociada a un inconveniente insuperable: organizar la producción en función del beneficio privado no garantiza que se satisfagan todas las necesidades humanas, ni que la satisfacción que se pueda alcanzar persiguiendo ese fin se logre de la mejor manera posible. La exclusión y la pobreza tan extendidas, el paro tan numeroso, los fraudes, la deuda y las crisis tan frecuentes… son la prueba evidente de ello.

Para crear empleos, por consiguiente, no basta con conceder libertad de iniciativa a las empresas y poner en sus manos toda la capacidad de decisión en materia de mercados de trabajo porque, para crearlos y mantenerlos, se necesita tomar decisiones para hacer frente a estos últimos riesgos que tienen que ver con recursos que, sencillamente, no son de la exclusiva propiedad del capital privado.

Para crear empleos, incluso para garantizar el beneficio empresarial, es imprescindible gobernar bien recursos comunes y estos, por definición, no pueden quedar sometidos a la decisión o interés exclusivo de un grupo social. Y mucho menos de la «coalición de los ricos para oprimir a los pobres y mantener en su provecho la desigualdad de bienes que, de otra forma, no tardaría en ser destruida por los ataques de los pobres», de la que habló Adam Smith en sus Lecciones de Jurisprudencia.

El interés empresarial es muy importante en nuestras sociedad, sin lugar a dudas. Pero no es el único. Es más, muy a menudo es contrario al general, tal y como estamos viendo día a día. Por ejemplo, con el oligopolio eléctrico que sobrecarga al resto de las empresas u hogares, o el farmacéutico que impide que toda la población mundial disponga de una vacuna contra la Covid-19.

Y, además y esto es muy importante, no es verdad que exista un solo interés empresarial. Es muy fácil de comprobar que los dirigentes empresariales que reclaman para sí la capacidad de decidir en materia laboral ni siquiera representan al conjunto de las empresas.

En España, sin ir más lejos, la patronal que negocia con el gobierno y reclama privilegios y políticas económicas determinadas no lo hace en nombre y en interés de todos los empresarios y empresas. La pequeñas, medianas y micro empresas ni siquiera están formalmente representadas cuando tienen intereses muy diferentes y necesidades distintas a las que defienden para sí las grandes empresas que dominan los mercados.

Estas últimas se garantizan condiciones de privilegio que se traducen, para las más pequeñas, en costes desorbitados, plazos de pago insoportables, discriminación fiscal, desventajas en la contratación pública, o peores condiciones en materia de flexibilidad laboral, indemnizaciones, tipos de contrato, ayudas públicas o bonificaciones… La realidad es que las condiciones que se guardan para sí las grandes empresas y las que imponen a las medianas, pequeñas o micro representan una losa para estas últimas que frenan la creación de empleo y de riqueza.

Las grandes empresas cuyos representantes negocian con el gobierno y reclaman plena capacidad de decisión con la excusa de son las que crean el empleo son, en realidad, las que más dificultades imponen para que sobrevivan las más pequeñas, en donde se registra mucho mayor volumen de empleo, y las que acaban con la competencia en los mercados que puede proporcionar precios más bajos y condiciones más eficientes y satisfactorias para el resto de las empresas y los consumidores. Es decir, las condiciones que permitirían crear más empleos.

Las últimas reformas laborales que se han llevado a cabo en España no han establecido mejores condiciones para crear empleo, sino privilegios para las empresas más poderosas que han frenado el desarrollo de la productividad y la competencia y desincentivado la innovación al generalizar la devaluación salarial. Es decir, las que impiden que se desarrolle el ecosistema empresarial, institucional, cultural, político e incluso personal más favorable para crear empleo en nuestra economía.

Ahora que se está planteando modificar la anterior reforma laboral es el momento de poner sobre la mesa estas cuestiones, sin dejarnos llevar por los mitos que imponen los poderosos, para dar más voz y poder de decisión a todos los sujetos, instituciones y empresas de quienes de verdad depende que se puedan crear más empleos e ingresos dignos.