La Plataforma de Infancia pide a los políticos que consoliden con recursos y medidas específicas los avances en derechos de los menores

La Plataforma de Infancia pide al Gobierno y a los grupos políticos consolidar en 2022 los avances en derechos de infancia con recursos económicos y medidas específicas. Las organizaciones de infancia reclaman "una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones reembolsables en el IRPF con el objetivo de aumentar las ayudas destinadas a cubrir los costes de la crianza en nuestro país, reducir la desigualdad en el acceso a los beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas y prevenir y reducir la pobreza infantil".

Así lo plasma la Plataforma de Infancia en su documento 'Propuestas de Infancia para la XIV legislatura 2022: La infancia en el centro de las políticas públicas', que compartirá con el Gobierno y los diferentes grupos políticos.

“En la presente legislatura ha habido importantes avances en términos de derechos de infancia como la aprobación de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (Lopivi), la constitución del Consejo Estatal de Participación de la infancia y la Adolescencia o el complemento del Ingreso Mínimo Vital para la infancia en situación de pobreza”, explicó el director de la plataforma, Ricardo Ibarra.

“Sin embargo, en 2022 es necesario consolidar estos avances con desarrollos legislativos, estrategias y dotación presupuestaria suficiente para que tengan un impacto real en la vida y derechos de los niños, niñas y adolescentes”, subrayó.

Según esta organización que agrupa a las principales ong de infancia en España, en los últimos meses, los efectos de la crisis provocada por la covid-19 han empezado a ser evidentes en la sociedad española, especialmente en muchos hogares vulnerables que han visto como sus condiciones socioeconómicas se han deteriorado aún más. De hecho, según señalan las organizaciones de infancia, los primeros datos empiezan a apuntar que las familias con hijos son las que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

“Las políticas de infancia en España no han contado históricamente con la relevancia suficiente, especialmente desde el punto de vista presupuestario, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos de nuestro entorno, dónde las inversiones en infancia están protegidas. Por ello, en situaciones de crisis económicas son los que más sufren las consecuencias, al no priorizar su protección blindando las inversiones estratégicas para los niños, niñas y adolescentes”, añadió Ibarra.

POBREZA INFANTIL

Actualmente España es el tercer país de la UE con la tasa más alta de pobreza infantil, con un 27,4%, casi 10 puntos porcentuales por encima de la media de la UE 15 (17,9%). “Esta situación afecta diariamente al desarrollo, derechos y oportunidades de 2,1 millones de niños y niñas, y que, además, condiciona su futuro, ya que el 81% de ellos vivirán en la pobreza cuando crezcan”, denunció la plataforma.

Por ello, la organización recomienda “una deducción reembolsable que priorizaría la equidad y perseguiría la universalidad, garantizar el acceso al comedor escolar a todos los niños y niñas en situación de pobreza, poner en marcha el plan de acción de Garantía Infantil europea en colaboración con la sociedad civil especializada, y mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, garantizando que alcanza a todos los niños y niñas en pobreza”.

Además, “ante la ausencia de políticas de equidad” en el ámbito educativo y las elevadas tasas de abandono escolar en España, una de las más alta de la UE, (16% frente a la media europea de 10,2%) y de repetición de curso, la Plataforma de infancia propone, entre otras medidas, aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio.

Además, la Plataforma de Infancia considera necesario promover y apostar el derecho a la participación infantil y denuncia que en 2020 se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima a una niña, niño o adolescente, por lo que propone desarrollar y adaptar las legislaciones autonómicas a la Lopivi, asegurar inversión suficiente para todos los ámbitos que la ley regula y crear Juzgados especializados y una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia.

Otras propuestas de las organizaciones de infancia son destinar recursos suficientes para atender la realidad de los niños y niñas migrantes no acompañados, así como reformar el procedimiento de determinación de la edad, aprobar una Ley Orgánica de universalización de la atención temprana, reforzar las medidas de prevención para evitar la entrada de niños y niñas en el sistema de protección o reforzar los servicios sociales para favorecer la reintegración de los hijos e hijas retirados de tutela con sus familias cuando hayan cambiado las circunstancias que lo motivaron.