La fanfarria socio-comunista amenaza la democracia española

Como en la Comedia del Arte italiana, del Siglo XVI, en este gobierno que padecemos todos sus integrantes, sin excepción, usan máscaras para ocultar su verdadera personalidad, sus carencias o quizás sus excesivas ambiciones. Pero de todos ellos, sin duda, hay uno que resalta, por sus particulares características del resto de los demás. 

Arlecchino, un arribista que lleva una máscara de cuero negra que, según se lo describe en algunos comentarios: “Es un personaje rústico, enigmático e inaccesible, farsante y fantasioso, un ingenuo con toques de locura a veces genial …se aflige y se consuela como un niño endemoniado, es oportunista y sus burlas persiguen algún interés… se muestra muy hábil para escapar de una situación difícil” un ejemplar al que no cuesta mucho de encontrarle grandes similitudes con nuestro actual presidente, don Pedro Sánchez.

Estamos, señores, en manos de unos personajes que intentan mostrarse amigables, alcanzables, cercanos, populistas y, por encima de todo, preocupados por el pueblo y sus condiciones de vida. Podríamos decir, si fuéramos crueles, que lo mismo que nuestras ministras socialistas se embadurnan la cara con afeites y pomadas para cubrir sus aparentes patas de gallo, con poca fortuna si nos atenemos a los resultados; en el aspecto social intentan ocultar sus verdaderos propósitos y ambiciones bajo la capa de una supuesta preocupación por los trabajadores y un evidente deseo de acabar, como sea, con el capitalismo en España.

Sus esfuerzos por intentar presentarnos una España en plena recuperación económica, con magníficas perspectivas de futuro y en una situación especialmente favorable para afrontar los efectos de la guerra de Ucrania y de la crisis que, desde todos los organismos relacionados con la economía, las finanzas y el empresariado, se viene anunciando como inminente y de gravísimos efectos; nos aparecen como intentos desesperados de salvar la nave que se está hundiendo, cuando todas las ratas que se cobijaban en ella ya se han lanzado al agua intentando ganar la tierra salvadora a nado.

Cuando se conocen datos tan descorazonadores, como es la noticia de que la venta de coches en España, hasta el pasado mes de julio, ha disminuido en un 11% respecto al año pasado y en un 40% ,si lo comparamos al año anterior a la epidemia de la Covid 19; tendremos que admitir que tenemos un problema. Cuando vemos al gobierno dispuesto a modificar la Ley de Secretos Oficiales para contentar a los independentistas catalanes y vascos, ávidos de conocer detalles de los que puedan sacar ventajas, es evidente que tenemos otro problema. 

Cuando un ente público, como es el Parlamento catalán, cierra su periodo de sesiones con un balance de 28 decretos Ley validados y 51 iniciativas legislativas en trámite, de las que 5 son proyectos de Ley, nos deberíamos preguntar: ¿cómo es posible que una autonomía deba legislar tanto y con tan escasas garantías de que, lo legislado, se ajuste a lo previsto en la Constitución española?

Y mientras el señor Aragonés, presidente de la Generalitat catalana, se engalla, intentando ponerse a la altura del mismo gobierno de la nación española, exigiendo, no pidiendo ni rogando, al señor Pedro Sánchez, que se convoque un referéndum en Cataluña ( no en España) para ver si en esta autonomía quieren seguir siendo españoles; además de ser una perogrullada que, él mismo, sabe que saldría lo contrario a lo que él espera.

También es consciente de que, el actual presidente del Gobierno, no tiene la posibilidad legal de poner esta cuestión al sometimiento de la opinión pública catalana, por estar en contra de la defensa de la unidad de la nación española fijada, con claridad, en nuestra Carta Magna de 1978. Sólo un señor sometido y obligado por los separatistas a obedecer sus órdenes, puede continuar sometiéndose a una presión, tan desvergonzada y humillante, por parte de un personajillo que ni es capaz de poner orden entre sus compañeros de filas y el resto de separatistas y comunistas que componen este sanedrín de díscolos dirigentes catalanes.

Pero volvamos al tema del catalán, una cuestión que siempre está a flor de piel y que es usada como arma reivindicativa por los periódicos catalanes que, en su mayoría, son los que apoyan el separatismo excluyente. En la sección del “El lector expone” de la panfletaria La Vanguardia, algún elemento sectario se queja de que no se haga más para defender el idioma catalán. 

No sabemos en que país vive este sujeto, ni cuales son sus argumentos para protestar del uso de una lengua que se viene utilizando exclusivamente en todas las escuelas de la comunidad, sin que haya sido posible que las sentencia del TSJC se cumplieran, a pesar de que fueron requeridos todos los establecimientos educativos para que se pusiera en práctica, de inmediato, la enseñanza de un 25 % del castellano en las aulas. 

Diga, sin ambages, este individuo, que lo que él desea es que no se hable el castellano, ni se enseñe en esta lengua porque a él no le da la gana, corroído por su desapego a todo lo español. Cualquier sospecha de que el idioma catalán corre peligro de desaparecer, por el hecho de que se pudiera enseñar alguna asignatura en castellano, resulta tan ridícula, irracional y absurda que lo único que se le puede decir a esta persona es que se calle y no meta más cizaña en las relaciones entre españoles de distintas comunidades.

No parece que los problemas que nos ha traído la nueva ley educativa pergeñada por la ex ministra, señora Zeláa, hayan hecho que la sensatez, la evidencia de que cualquier ley relacionada con la educación, si no está concertada por las principales formaciones políticas de cada Estado, tiene garantizada su fecha de caducidad cuando haya un cambio de Gobierno, que signifique el relevo del partido gobernante. 

De nuevo parece que, la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, la misma que se explayó a gusto en unas declaraciones al periódico al que nos estamos refiriendo, pretende convencernos de que su partido, el PSOE, va a seguir gobernando pese a todos los fracasos que ha venido cosechando a través de lo que llevamos transcurrido de esta legislatura y, en consecuencia, pretende reunirse con todas las autonomías para “trabajar” sobre lo que se entiende por “nueva selectividad”. Ya se sabe, menos exigencia, menos memoria y, menos esfuerzo pedido a los futuros licenciados que, gracias a las recientes medidas gubernamentales, han tenido ocasión de beneficiarse de pasar curso con dos suspensos.

Se habla de que: “Se evaluará la materia de modalidad elegida por el alumno además de historia de la filosofía e historia de España”. ¿No habíamos quedado que los niños no iban a estar preparados para estudiar filosofía? No se consideran preparados para entender los silogismos, pero deberán ejercitar su memoria aprendiendo Historia de la Filosofía, algo que supone un esfuerzo de memoria importante, si quieren que, en su día, puedan pasar la selectividad. 

Resulta un ejercicio de futurismo impresionante hablar de los cursos del 2026 y del 2027 como si estos señores que han demostrado su incapacidad para gobernarnos, piensen que en dichas fechas van a continuar dirigiendo España porque, lo que sí es evidente, es que, si por los hados del destino esto ocurriera, la España que iban a dirigir nada tendría que ver con la que tenemos en la actualidad porque, en este periodo de tiempo, los restos de la España democrática y unida, habrían desaparecido para convertirla en una sucursal de la izquierda más obsoleta.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mientras seguimos acumulando malas noticias como es la de que, las fábricas españolas, entran en contracción según se desprende de los datos del indicador PMI. En efecto el sector de la manufactura está entrando en contracción por la caída de la producción, las ventas y los pedidos. 

En el análisis se dibuja un panorama gris:“ la demanda nacional e internacional sufrió una reducción notable”; vemos con inquietud que nuestros dirigentes siguen encerrados en su jaula de cristal como si el mundo quedase recluido en lo que, para ellos, consiste en su objetivo primordial, conseguir llegar, como sea, al mes de mayo del 2024, con la esperanza de que, en el interín, los españoles hayan olvidado estos años en los que hemos estado padeciendo su totalitarismo autoritario y, en un ejercicio de verdadero masoquismo,  los volvieran a votar.