La Fiscalía te lo afina

Recuerdan a Jorge Fernández Díaz, un Ministro del Interior de Mariano Rajoy, ahora imputado por sus trapicheos y sus amistades peligrosas con las cloacas del Estado, este capitoste del PP presumía, desde su despacho ministerial, ante Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifraude catalana de sus poderes ante la Fiscalía. “Esto la fiscalía te lo afina” le decía a su interlocutor mientras buscaban como imputar, fuera como fuera, a los políticos catalanes partidarios de la independencia.

Han pasado años desde aquellos tiempos en los que el Partido Popular hacia y deshacía en Catalunya y en España a su libre albedrío sabiendo que jueces y fiscales estaban de su parte. Rajoy les endosó un problema político, el llamado “problema catalán”y ellos con su especial interpretación de la legislación lo transformaron en un problema judicial substituyendo el dialogo por largas penas de prisión y por la represión policial, como se hizo patente durante el juicio ante el Supremo de los acusados de rebelión, a los que, retorciendo la ley, tuvieron que condenar por sedición ya que el supuesto penal de la rebelión no encajaba en los hechos por los que se les acusaba, como tampoco lo hacía la sedición si nos ceñimos estrictamente a lo que establecía en el momento de los hechos el Código Penal en su articulado. Y ahora las togas del Supremo vuelven a las andadas. No han aceptado de buen grado la modificación del Código Penal que ha suprimido del mismo la sedición como delito, y están, una vez más, intentado dar un toque especial al nuevo articulado penal para que no se les escape la pieza de caza mayor que llevan persiguiendo desde octubre de hace cinco años: Carles Puigdemont, President de Catalunya destituido “manu militari” por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Hubo un tiempo, no hace mucho de ello, que entre España y Catalunya existía una Mesa de Dialogo o de Negociación, o, como carajo le quieran llamar. Hoy parece finiquitada, a Pedro Sánchez, aprobados sus presupuestos para el último año de legislatura, esta Mesa ya no le interesa, más bien le molesta al tiempo que para no seguir perdiendo votos en España necesita la política de la mano dura con el independentismo catalán. Hasta hace un par de meses todo eran mimos, promesas y carantoñas a ERC, hasta se llegó a prometer la “desjudicialización” de la política catalana. Y se reformó la legislación penal para adaptarla a la legislación europea, y desapareció como delito la sedición, y se adjetivaron los delitos de desordenes públicos y malversación. Y esta reforma se vendió como la panacea que solucionaba el problema. Pero nadie recordó que las leyes las interpretan los jueces, y con la actual composición del Tribunal Supremo era más que imposible que las sentencias del “procés” se modificaran en el sentido que se esperaba y tal y cómo el PSOE lo había vendido como señuelo para alcanzar los votos necesarios para aprobar el presupuesto para el 2.023.

El pasado jueves el magistrado Llarena emitió un auto por el que, olvidando el delito de sedición, seguía procesando a Carles Puigdemont y Toni Comín por los delitos de desobediencia y malversación agravada con lo que a Carles Puigdemont le podrían caer 17 años de cárcel. En realidad, según diversos juristas, el delito de malversación agravada requiere un “lucro” para quien lo ejecute, circunstancia que no existe en este caso porque Puigdemont no se benefició económicamente con los hechos del 1-O, una vez más interesadas interpretaciones judiciales se salen del espíritu de la ley. Los legisladores en su texto han dejado bien claro que para aplicar este pena, la máxima por malversación, debe existir y probarse la existencia de ganancia económica por parte del acusado de este delito.

Posteriormente los fiscales del Supremo que actuaron como acusación en el juicio contra los políticos catalanes acusados de haber convocado un referéndum han ido más allá que Llarena, Ellos consideran que en aquel 1-O se produjeron hechos incluidos en el apartado de “desordenes públicos agravados” y solicitan a Llarena que amplíe su auto en este sentido. Y por si faltaba algún convidado más en este akelarre justiciero, mientras escribo me llega la noticia que también la Abogacía del Estado solicita perseguir a Puigdemont por desordenes públicos agravados. Dos instituciones dependientes del Gobierno:Fiscalía y Abogacía del Estado, en este caso, han ido más allá de las peticiones de Llarena. ¿A estas actuaciones es a lo que Pedro Sánchez llama “desjudicialización” de la política catalana?

La verdad es que desde Moncloa, con Pedro Sánchez al frente, los ministros ya se han quitado la careta declarando a todo aquel que quiera escucharles que con esta reforma Puigdemont será extraditado a España para ser juzgado. Sánchez está jugando con fuego, ERC tendrá que dar un puñetazo en la mesa, yo me sentiría estafado por este nuevo tahúr del Mississipi, y más cuando Salvador Illa, el líder de la sucursal del PSOE en Catalunya, está mareando la perdiz con exigencias favorecedoras de una empresa dedicada al juego donde de rebote también se lucraría el gran capital representado por la Caixa, propietaria de los terrenos donde se instalaría Hard Rock. Sin presupuestos, a pesar de haber aprobado los del Gobierno, sin justicia “desjudicializada” y con el independentismo en el punto de mira de todo el aparato represivo y judicial es muy difícil, diría que imposible, dialogar con un Gobierno con dos caras como es el de Pedro Sánchez. A no ser que todo haya sido motivado por reformar un Código Penal sin haber reformado antes a los jueces que lo han de aplicar. 

Si Europa vuelve a dar la espalda a las euro ordenes de Llarena la bofetada no será tan sólo para el magistrado, también resonará en el rostro de Pedro Sánchez y sus ministros.