La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) critica que las limitaciones en el uso del dominio público hidráulico no den derecho a indemnización, lo que a su juicio puede dar lugar a actuaciones arbitrarias y a expropiaciones sin procedimiento poco respetuosas con las concesiones y con el Estado de Derecho. La Federación lanza este aviso tras el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró ayer, en el que el Gobierno aprobó 2.190 millones de euros para paliar los efectos de la sequía.
Los regantes consideran positivas algunas medidas incluidas en el decreto aprobado para hacer frente a la falta de agua, ya que atienden a una reivindicación planteada por Fenacore desde hace meses, pero advierten de que las ayudas generales previstas no son suficientes para compensar las pérdidas históricas que está sufriendo el campo, que ya superarían los 10.000 millones de euros y dejan a miles de explotaciones agrarias del país en una situación dramática.
En concreto, la Federación valora positivamente las exenciones al canon de regulación y la tarifa de utilización de agua para regantes con dotaciones de recursos hídricos mermadas, así como la del IBI, tal y como ha venido reclamando desde hace meses, en el marco de su plan de medidas coyunturales y estructurales para luchar contra la sequía, presentado al Gobierno.
Reutilización de aguas regeneradas
La Federación, que está analizando en detalle el conjunto de las medidas del real decreto-ley tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), destaca algunas actuaciones, como la apertura de pozos de sequía en periodos como el actual, la puesta en marcha de obras de emergencia o la culminación del proceso de modernización de regadíos. También valora positivamente los cambios que van a impulsar la reutilización de las aguas regeneradas en condiciones de calidad y económicas adecuadas para el regadío.
En paralelo, destaca otros aspectos importantes del paquete de medidas, entre ellos, que se descongele la inversión en obras e infraestructuras hidráulicas, como defienden los agricultores de regadío desde hace años, no sólo para mitigar las consecuencias de las inundaciones y sequías, sino también para garantizar la producción de alimentos.
En este sentido, valora que el decreto prevé dar un impulso a nuevas infraestructuras, pero lamenta que el Gobierno, en materia de planificación hidrológica, no haya tenido en cuenta las aportaciones del sector del regadío, los principales usuarios, que saben mejor que nadie dónde se necesita el agua de manera urgente y cuáles deben ser las actuaciones y obras de regulación prioritarias para garantizar los riegos.
La Federación lleva advirtiendo desde hace años sobre los efectos de la falta de inversión en obras de regulación, ya que agrava la amenaza que suponen las sequías en nuestro país. Y pone como ejemplo que se han ejecutado sólo dos de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un porcentaje elevado de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han llegado a realizar.
Pacto de Estado
Por último, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, Fenacore reclama que el agua no se convierta en un arma arrojadiza entre partidos y que no se vuelva a convertir en un objeto de confrontación. Reitera que, para que las medidas ayuden eficazmente a combatir la sequía, es urgente alcanzar un Pacto de Estado que refuerce la colaboración entre los sectores afectados, las administraciones públicas y los grupos parlamentarios para, a fin de cuentas, evitar la “contaminación política del agua”.
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