| ||||||||||||||||||||||
La facilidad con la que juzgamos y condenamos a los demás | |||
| “No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. Porque con el mismo juicio que juzgareis habéis de ser juzgados, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos vosotros.” Jesucristo | |||
| |||
|
Verán ustedes, como todo ciudadano, deseamos que el imperio de la Ley prevalezca en todo el territorio nacional, que las sentencias de los jueces y tribunales de Justicia sean respetadas y obedecidas y que, sobre todo, sean justas, como debiera ser regla principal en cualquier país democrático en el que, el Estado de Derecho, se convierta en garante de que, en España, todos los españoles gocen de los mismos derechos y obligaciones y del mismo trato por parte de la Justicia, cualquiera que fueren sus ideas políticas, su religión, su origen y su raza. Es obvio que, lo primero que se le puede exigir a nuestras instituciones, es que se respete la independencia de cada una de las divisiones del poder, según las especificó Montesquieu; así como que, los encargados de la gestión y desarrollo de cada una de ellas, sean personas que cumplan rectamente con la función que tienen encomendada, sin que sus posibles adscripciones a partidos políticos, a asociaciones profesionales o sean simpatizantes o seguidores de determinadas corrientes de pensamiento; puedan interferir, en manera alguna, en el recto ejercicio de sus deberes públicos, de acuerdo con lo establecido en la legislación, sin dejarse desviar ni un ápice, en la práctica de su profesión, de los principios de equidad, ética, imparcialidad y honradez requeridos para garantizar, a los ciudadanos, el ejercicio y reconocimiento de sus derechos, según tiene establecida la normativa jurídica de nuestra nación. No podemos dejar de referirnos a lo que, a simple vista, se puede entender como una campaña, desatada desde que las votaciones del 20D dejaron un panorama político enrevesado: dirigida, orientada, destinada y, evidentemente, orquestada desde la izquierda política en contra de la derecha; una verdadera cruzada apoyada desde los grupos de progresistas, los comunistas, los separatistas y los socialistas encabezados por Pedro Sánchez del PSOE, con la evidente intención de situar a la opinión pública en contra del PP, de modo que, como suele ocurrir cuando se pretende descalificar la gestión de un partido político, se organiza mediante el procedimiento de negar sus evidentes logros, aprovecharse de sus debilidades y magnificando sus errores, intentando que todo lo favorable que se le pueda atribuir quede cubierto por el barro de la maledicencia, la descalificación, la mentira, el engaño y la calumnia. Evidentemente que, para conseguir su objetivo, se han de poner en juego todos los medios de que disponen los que maquinan semejante propaganda destructiva. Nadie puede poner en duda de que, en España, las izquierdas, si bien a la hora de gobernar son un verdadero castigo para los españoles, conducen al país, como sucedió durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, a sus peores situaciones económicas, a las cotas más altas de paro y quiebras de empresas, a la pobreza, a la falta de financiación, al empobrecimientos y a las prácticas más desacreditadas de economía intervenida; desgraciadamente ya reconocidas como obsoletas y desacreditadas por los fracasos de aquellas economías socializadas de los antiguos países del Este, sojuzgados por las férreas dictaduras del comunismo soviético; no obstante, en honor a la verdad, se debe reconocer que han sabido situar sus peones en todos los organismo del Estado, en las empresas públicas, en los medios de comunicación, en los órganos judiciales, en la Sanidad, en la enseñanza y en las universidades públicas etc., con la inestimable colaboración del sector de la farándula y del gremio de los llamados “intelectuales” que, en muchas ocasiones, tienen más de fanáticos, de resabiados, de rencorosos y corroídos por la envidia que de verdaderos intelectuales, apelativo que se debiera respetar para un reducido grupo de verdaderos intelectuales que, como siempre suele suceder, son los que más sentido común demuestran y los menos radicales en sus pronunciamientos. Cuando vemos las formas con las que se llevan a cabo determinadas actuaciones judiciales, el verdadero festival que se recrea cuando, un juez, precisa interrogar a una persona, si da la casualidad de que es de derechas o liberal; antes incluso de que se le considere “investigado” o, cuando la policía se presenta ruidosamente, invade una calle de furgonetas, despliega un dispositivo de docenas de números e invade un domicilio privado, de apenas 120 metros cuadrados, con docenas de agentes que lo convierten en un verdadero campo de Agramante ¿ podemos pensar que el llevar a cabo un registro domiciliario precisa de tamaño espectáculo? ¿No supone una desproporción entre lo que serían las lógicas medidas de seguridad y los necesarios elementos para reducir o vigilar a una persona? Una persona contra la cual no existen más que presunciones o indicios de haber delinquido. La alarma, el desconcierto y el revuelo creados por tamaño despliegue innecesario de fuerzas conduce a la gente que lo presencia a formular juicios de valor, a fomentar la sospecha, el descrédito y las dudas sobre la honradez y honorabilidad de aquella persona que es objeto de semejante trato, lo que se conoce vulgarmente como “la pena de la televisión”. Y todo ello para que, un juez o la policía, lo someta a un interrogatorio o, simplemente, para entregarle un cita para acudir a un juzgado sin que, en muchas ocasiones, se sepa de qué se le acusa o cuales son los cargos que se le imputan. Muchos de estos escenificados revuelos por parte de la policía no es raro que acaben en nada y, el presunto delincuente, regresa a su casa sin cargos pero, es obvio, que ya nadie le saca el San Benito que le ha caído encima por culpa de aquel espectáculo denigrante. Ahora ha salido el tema de Panamá. Unos periodistas han destapado la caja de los truenos y se dedican a valerse de ella para ir incriminando a todos aquellos que han tenido o tienen empresas en dicho país, sin que nadie se haya parado a averiguar cuales son los que acudieron a aquel país para dejar de pagar impuestos; cuales porque tenían negocios legales en aquel territorio o cuales utilizaban aquel país como puente para relacionarse con otras naciones del entorno o, incluso, pagando impuestos en Panamá, declararlo en España y pagar la diferencia de impuestos, si hubiera lugar a ello. Así se ha creado un ambiente (¿no encuentran curioso que, de las izquierdas, sólo haya salido el señor Almodóvar? No les quepa la menor duda que si mirásemos con detalle los documentos publicados seguro que aparecerían nombres que, con toda seguridad, han desaparecido o se han silenciado, como ocurre en España donde algunos jueces dejan que prescriban expedientes relacionados con los ERE de Andalucía de los que nadie habla. ¿Qui prodest? Pues evidentemente al señor Sánchez y sus correligionarios, dispuestos a dejar España hecha unos zorros, con el único propósito de que, con estos métodos, se cree la sensación de que el PP es el único partido corrupto y que el resto (los unos porque todavía no han gobernado, aunque ya han dado pruebas de lo que harían si lo hicieran) son inocentes de cualquier culpa. Claro que, en el caso del mismo PSOE con cientos de encausados, lo disimulan para que no se haga ruido sobre ello o, si cobran dinero del extranjero de un señor que lo entregó para hacer labor de propaganda comunista en España, los tribunales prefieren entender que fueron donativos caritativos. En fin, que por mucho que nos empeñemos en convencernos de que jueces y fiscales se muestra tan activos y diligentes con las izquierdas como con las derechas, todos sabemos cuales son los amigos íntimos del juez Garzón, condenado a 10 años de inhabilitación para su profesión y cuales, los menos, simpatizan con los conservadores. Es muy fácil distinguirlos, basta observar las formas con las que ejercen su poder. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos que admitir que nos cuesta mucho creer, aunque acatamos sus sentencias, que la Justicia en España sea igual para todos; lo mismo que sería difícil que nos creyéramos que las TV, las radios y la prensa, en su gran mayoría, no están controlados por los clanes de izquierdas, eso sí, ante la pasividad cretina de los gobernantes de derechas. |
| ||||||||||||||
© 2024 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto