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¿Un chantaje dará el golpe de gracia al caso Noos? | |||
| El chantaje no empece las responsabilidades penales, civiles ni tributarias, del chantajeado, si las hubiere | |||
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Cuando los ciudadanos observamos que la Justicia parece que se ampara en recovecos legales, busca justificaciones o se vale de elementos externos a los que afectan directamente a las responsabilidades supuestas de un imputado o investigado; sobre el que se supone que han existidos elementos suficientes para que un juez, en el periodo de instrucción del sumario, haya decidido que el caso pase a su segunda fase, la del juicio oral; sienten en lo más profundo de su ser que algo no va bien, que el mandato del pueblo para que existan unos tribunales de justicia que se ocupen de perseguir a delincuentes, cualquiera que fuere la persona que supuestamente pudiere haber cometido un delito, sin distinción alguna por la categoría social, raza, religión, ideas políticas etc. ha fallado en alguno de los circuitos en los que, la imparcialidad de los tribunales, pudiera haber fallado. En un momento oportuno de este, excesivamente largo, proceso del caso Noos, en el que figuran como imputados miembros de la antigua casa real, junto a otros personajes que parecen que también han participado en el posible fraude fiscal y en las estafas que se llevaron a cabo, valiéndose de la privilegiada situación de algunos de los investigados, de la que se pudieron valer para estafar a entes públicos, políticos, empresariales y un largo etcétera de cargos públicos que, fuere por miedo a enemistarse con personajes tan notables o por pensar que podrían sacar beneficio en aquellos fraudes, se prestaron de buena o mala gana a participar y colaborar en aquellos enredos delictivos; se ha producido la sorpresa de que la acusación privada representada por el sindicato Manos Limpias, (al parecer la única interesada en llevar adelante el caso que nos ocupa ya que, en este proceso ni el fiscal, ni la abogacía del Estado han actuado como tales, sino más bien como coadyuvantes de la defensa, en su empeño de descartar de la trama a la infanta Cristina) ha sufrido el mazazo de ser acusado de chantajear a quienes acusaba de cometer delitos ofreciéndoles, a cambio de importantes cantidades de dinero, el retirar sus denuncias o archivar sus demandas. Una grave acusación a la que deberán enfrentarse los directivos de dicho sindicato y aquellos que, al parecer, eran los que llevaban la dirección de semejantes infracciones. Una situación anómala, como lo viene siendo todo lo que hace referencia a este escabroso asunto en el que se ha puesto en cuestión las actuaciones de unos miembros de la realeza que, supuestamente, han formado una trama criminal para estafar, perjudicar, conseguir importantes cantidades y actuar de supuestos intermediarios, a cambio de supuestos servicios por los que no dudaban en pedir cantidades astronómicas, amparados en la impunidad que se creían que les proporcionaba pertenecer a la familia del Rey. El inicio de investigaciones policiales respeto al señor Matas antiguo gestor de la Comunidad Balear y otras pesquisas relativas a las actuaciones del señor Urdangarín, demasiado evidentes para que pudieran permanecer mucho tiempo en el anonimato, y de su consejero el señor Torres, levantaron un caso de magnitudes desproporcionadas, en el que han quedado salpicados el matrimonio Iñaki y Cristina, lo que obligó al ex Rey Juan Carlos I y a su hijo, el actual rey de España, a levantar barreras familiares que sirvieran de dique para evitar que toda la institución monárquica se derrumbara, como un castillo de naipes abatido por el viento. Un juez pertinaz, el juez Castro, un funcionario de los tribunales insobornable e impermeable a los embates del fiscal Horrach, empeñado en ocupar el puesto de defensor de la infanta Cristina (a la vez que se ha constituido en el implacable acusador de su marido); seguro de que, las pruebas que tenía en su poder, le autorizaban a completar la instrucción del expediente con la imputación, no sólo al supuesto cabeza de turco elegido por la Casa Real y por el mismo Gobierno (poco interesados en que este desagradable asunto tuviera publicidad),el señor I.Urdangarín; contando con el apoyo de los mismos partidos políticos, tanto el PP como el PSOE, que temblaban ante la sola posibilidad de que una institución, como la monarquía, pudiera tambalearse en unos momentos en que, España, estaba sometida a las duras pruebas de la crisis; se atrevió, en un gesto de gran valentía, a imputar a la misma Infanta sabiendo el revuelo que, su decisión, iba a provocar en toda España. Nada hay, sin embargo, que impida que el juicio oral prosiga su tramitación, porque el hecho de que quienes contrataron a la abogada de la acusación del sindicato Manos limpias, si bien puede afectar a sus posibilidades de continuar personalmente o económicamente actuando como parte de la acusación, representados en la causa por la abogada Virginia López Negrete o, sea el propio tribunal del caso Noos quien decida no considerar oportuno que sigan como parte acusadora en el juicio; lo cierto es que los hechos que condujeron a los acusados a ser encausados, como consecuencia de una instrucción a cargo del juez Castro, siguen siendo los mismos, haya acusación particular o no, y la justicia exige que se continúe el proceso de oficio hasta sus últimas consecuencias, y que se concluya con una sentencia del tribunal en la que cada uno de los encausados sea declarado inocente o culpable, según se acepten o no las pruebas aportadas, junto a los relatos de testigos y análisis de peritos, oídas la defensa y las acusaciones en sus respectivas representaciones. Una situación complicada y propicia a que los abogados del bufete Roca intenten arrimar el ascua a su sardina, para conseguir librar a su defendida, la infanta Cristina, del dogal que cada día parecía que se estrechaba más respecto a su participación, en alguna forma, en las actividades aparentemente fraudulentas de su marido el señor Urdangarín. A pesar de la notoriedad del bufete del señor Roca, su gran expansión y sus abogados de élite, se puede decir que, hasta el momento en que se ha producido este grave incidente, consistente en las graves acusaciones sobre los directivos de Manos Limpias, no fueron demasiado eficaces respecto a impedir la imputación de la infanta ni tampoco parece que estuvieran muy bien situados ante la habilidad de la abogada López Negrete que, sin el apoyo de tantos prestigiosos juristas, parecía llevar las de ganar, si el juicio seguía por los derroteros por los que últimamente discurría. A los ciudadanos españoles, a los que intentan ver a la Justicia como el summum de la imparcialidad, la incorruptibilidad, la eficacia y la ética; seguramente les costaría mucho entender que, aprovechando esta inesperada y desgraciada circunstancia, –que pudiera llegar a impedir que, la acusación de Manos Limpias, pudiera seguir su labor y se viera obligada a abandonar – el tribunal ad hoc encontrara un resquicio para declarar nulo lo actuado o hallar una excusa que pudiera impedir que el juicio oral siguiera su curso y que, en beneficio de la Justicia, se alcanzara una resolución que permitiera conocer si ha existido dolo o culpa en las actuaciones que se vienen sustanciando a los inculpados, en un procedimiento que, tanto por tiempo ( años) que se ha tardado en la instrucción, como por la dilación en la apertura del juicio oral, ,unido al retraso que pude suponer este nuevo tropiezo, que amenaza con alargar todavía más la duración de este juicio. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, quisiéramos que, en beneficio de la Ley y de los propios imputados, este mediático juicio tuviera una pronta conclusión, ya que no parece que, el prolongarlo en el tiempo, pueda servir para otra cosa que para alimentar la sospecha de que se intenta convertirlo en una especie de serial, hasta que llegue un momento en que ya nadie se acuerde de que se está tramitando. La credibilidad, ya un tanto maltratada, en la Justicia española que, actualmente, tiene el pueblo español, es seguramente mejorable ante la percepción generalizada de que, la politización de los funcionarios judiciales, puede llegar a alterar la recta aplicación de las leyes y, en consecuencia, a quiebra de unos de los poderes básicos del Estado. |
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