​Países Bajos: tenía que pasar

La reciente victoria de la extrema derecha en las elecciones generales de Países Bajos sólo ha podido sorprender a quienes hayan sido ajenos a lo que ha venido pasando en ese país en los últimos trece años.

Desde entonces, viene gobernando la derecha liberal, liderada por Mark Rutte, que no ha parado de llevar a cabo bajadas de impuestos para los más ricos, privatizaciones y recortes en el gasto y las ayudas sociales.

Países Bajos, por ejemplo, tiene uno de los sistemas fiscales más regresivos de Europa: el porcentaje de ingresos dedicado a pagar impuestos en la mayoría de los grupos de renta es de alrededor del 40%, pero sólo el 20% en el 1% más rico de la población.

Los sucesivos gobiernos liberales han hecho una política de vivienda proclive al mercado que ha incrementado la dificultad de acceso a las clases medias, sin mejorar las de ingreso más bajo, y que ha provocado un gran aumento de los precios.

Mark Rutte dijo al principio de su mandato que había que acabar con la idea que, según él, tenían sus compatriotas del Estado: “una maquinita de la felicidad”. Para lograrlo, ha recortado la inversión y el gasto, provocando el empeoramiento de los servicios públicos de salud, transporte, educación, o cuidados (en 2015, se estableció que el de ancianos y dependientes pasaba a ser una “obligación” familiar). La directora de UNICEF en Países Bajos denunció en 2018 que en ese país tan próspero se dejaran de lado los derechos de grupos de niños y niñas vulnerables.

En estos últimos trece años, los sucesivos gobiernos liberales han llevado a cabo una auténtica desposesión de ingresos y derechos de las clases de renta media y baja, al mismo tiempo que han convertido a su país en el paraíso fiscal más agresivo de Europa, concediendo todo tipo de favores fiscales y financieros a las grandes empresas.

Quizá la prueba más evidente de esa desposesión es que las familias de Países Bajos son las que tienen el endeudamiento más elevado respecto a su renta bruta disponible de Europa: 187,03% en el primer trimestre de este año, el doble que las españolas (89,4%).

La estrategia seguida por los liberales holandeses (como los de otros países) para que esa desposesión no se tradujera en una revuelta social ha sido doble. Por un lado, culpar a las clases trabajadoras de derrochar el dinero público y, por otro, hacer responsable a la inmigración de todo lo malo que les estaba ocurriendo.

Lo primero alcanzó su cima más vergonzosa en 2021: hasta el gobierno tuvo que dimitir cuando se descubrió que había acusado de fraude en las ayudas sociales a más de 30.000 familias de bajos ingresos, sin fundamento ninguno. Unos 70.000 niños y niñas sufrieron principalmente la falsa acusación y 1.115 terminaron en instituciones de tutela por esa causa. El discurso contra la inmigración no ha dejado de darse y se ha hecho cada vez más fuerte, justo a medida que crecía la desposesión, cuando la realidad es que los trabajadores inmigrantes se ocupan de los empleos de muy bajo salario y más precarios y que los problemas asociados a la inmigración tienen que ver, sobre todo, con el debilitamiento de los servicios públicos y sociales que he señalado.

A diferencia de lo que sucedía hace unas décadas, la derecha liberal no oculta la desposesión que se produce cuando gobierna. Ahora la reconoce, pero culpando de ella a la inmigración o a los propios desposeídos (como dicen mis colegas economistas liberales, porque no invierten lo suficiente en ellos mismos).

Es ahí cuando aparece la extrema derecha ofreciendo ayuda (soberanía, seguridad, valores tradicionales, defensa de la nación…) y protección frente al enemigo que viene a quitarnos “lo nuestro”.

Ahora bien, aparece la extrema derecha porque al mismo tiempo las izquierdas desaparecen o pierden el norte. En lugar de centrarse en las cuestiones socioeconómicas que condicionan realmente la vida de la gente con un discurso ecuménico, dirigido a las grandes mayorías sociales para protegerlas desde la transversalidad y el sentido común, se dividen y fragmentan para identificarse con los intereses de pequeños segmentos o grupos minoritarios de la población, y dando prioridad a cuestiones identitarias y territoriales o a decirle a la sociedad lo que es o no políticamente correcto. Sin ser capaces de frenar lo que se nos viene encima.