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Que los poderes públicos controlen a los ciudadanos de un país es algo habitual, incluso se llega a considerar asumible, porque no queda otra opción. Lo alarmante resulta ser que las grandes empresas sigan la misma práctica. Aunque no debiera sorprender, si se analiza quién detenta el poder real actualmente. En la sociedad del dinero, se suele hablar de derechos que amparan a la ciudadanía, por ejemplo, el destinado a procurar respecto a su vida privada para que no pase a ser de dominio público y, como casi todo lo que hoy se mueve, sea objeto de explotación comercial. Dejando a salvo a los que viven de este negocio, el hecho es que, por ejemplo, la privacidad del ciudadano común, aunque se trate de conservar y la ley de proteger, en la práctica no existe.
La burocracia pública tiene carta blanca para, según se dice, en determinados supuestos entrar en los más mínimos detalles de la existencia individual invocando el interés general. Por otro lado, a nivel social, de manera voluntaria, se difunden a los cuatro vientos vida y milagros de quienes juegan al juego de las redes sociales. Necesariamente, en interés del negocio, la burocracia complementaria, es decir, burocracia empresarial, si se acude a sus servicios, aprovecha para exigir todo un detallado cuestionario de los asuntos particulares del solicitante, con vistas a su posible explotación comercial. En este último caso, para guardar las apariencias, se sigue un ritual normativo totalmente ineficaz, como manifestar que los obligados datos que se aportan son para su uso exclusivo; luego se comprueba que la exclusividad anunciada se diluye. Esto sucede a plena luz, al amparo de la ley y de sus aplicadores, resultando que, en base a cualquier invocación del derecho, no solo la privacidad, sino la intimidad personal quedan en palabras. Los ejemplos de esta práctica son tan habituales y numerosos que cualquier, si lo desea, lo puede observar a cada paso.
En el otro mundo, en el que los actuantes se mueven sin tanta claridad, se encuentran los que guardan las formas y los que se ocultan en la oscuridad, ambos con la misma finalidad de utilizar con ventaja esos datos que se pueden obtener a través de internet y también por cualquier otra vía moderna. En ambos casos la protección a la intimidad personal, llevada a la práctica, se derrite. De los primeros, el ejemplo más claro está en que, si no se paga en dinero hay que pagar en datos. Algo, en principio, inocente y puramente comercial, cuyo objetivo real no está ni mucho menos claro. El hecho es que, con ayuda del teléfono llamado inteligente o del ordenador que se dice ordena, los dedicados a comerciar entran a saco en la vida personal de cualquiera. No lo es tanto en los que curiosean, con vistas al negocio, en cualquier detalle que al usuario le pasa desapercibido, para hacer una completa radiografía de su existencia íntima y luego explotar en su momento. Los segundos, prescindiendo de la formalidad, van directamente al grano, al negocio, a sacar tajada de la buena fe o la curiosidad del usuario y confiar en que se transforme en efectivo para sus bolsillos. Apropiarse de datos personales e incluso íntimos, si se realiza con discreción, aunque luego se utilice, se puede realizar, pero si se obtiene directamente dinero sucio, ya no está bien visto y hay que perseguirlo. Sin embargo, el hecho es que, de una u otra forma, la privacidad o incluso la intimidad es algo ornamental en la sociedad de mercado, pese a las pamplinas legislativas y a los guardianes de la legalidad.
Es preocupante, en cualquier caso, que sea de obligado cumplimiento que cualquier empresa privada, generalmente en función de su mayor dimensión económica, imponga sus exigencias a los llamados clientes, en realidad siervos de su negocio. Igualmente preocupante, que todo se haga con invocación de la legalidad y utilizando unos u otros argumentos de sesgo racional, ya sean de seguridad para ella o para guardar las formas. Más preocupante que haya que aportar datos confidenciales e incluso consentir que se graben imágenes o conversaciones, argumentando que se hace por la ley, por tu bien y, con la boca pequeña, por el negocio. También lo es, que la intromisión en los datos del usuario, cuyo alcance se desconoce, puedan eludirse teóricamente, previo pago. Simplemente preocupante, es el empleo de engaños permanentes, vía telefónica e internet, para sonsacar a la gente asuntos privados, utilizando de ese blindaje del que se ha apropiado la burocracia empresarial privada simplemente para estafar. Pese a todo esto, tranquilos con el tema de los llamados datos, lo que acontece es natural, cuando quien manda es el que manda, son cosas que pasan.
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