Hay un hilo conductor que une todas las luchas ciudadanas en España -por tener vivienda, una vivienda digna- contra la especulación monopolista de los bancos y fondos buitre -los estadounidenses son dominantes-, contra su tiranía que antepone a la necesidad vital de una vivienda sus ganancias, con lo que está arrasando la habitabilidad de las ciudades.

Hace un par de meses lo denunciamos en un artículo titulado ‘Puerta del Ángel, entrada al infierno monopolista’. La gravedad del daño causado a la mayoría de la población española nos impulsa a enriquecer la denuncia recogiendo los análisis y las propuestas de uno de los muchos movimientos ciudadanos como es el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Por ello hemos concentrado la charla que mantuvimos con uno de los portavoces del citado Sindicato, Fernando de los Santos Menéndez, sobre las reivindicaciones fundamentales que defienden para asegurar una vivienda a cada familia.

Por un alquiler justo

Destacan que lo primero que hay que tener en cuenta es que el derecho a la vivienda es tan importante como el derecho a la educación y a la salud. Igual que socialmente consideramos que se debe garantizar a todas las personas su salud y a todos los niños su educación, igual -aunque no haya la misma conciencia social- se debe garantizar una casa donde vivir. Porque, además, tener una vivienda es la base necesaria para poder tener educación y salud, y por ello es tan importante como éstas, o más.

Pero la lucha por el derecho a la vivienda nos obliga a cambiar el enfoque dominante por el que la propiedad siempre está sacralizada. Porque cada reivindicación por una vivienda choca con ella y nos obliga a justificarla. Cuando lo que habría que justificar es la propiedad de una vivienda cada vez que no esté satisfecho el derecho de alguna persona que necesite una vivienda, como sucede, por ejemplo, con el caso de las viviendas vacías.

Eliminar el régimen tributario de las SOCIMI

El régimen tributario de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) se instauró en 2013 por el gobierno de turno con el argumento de dar salida a las viviendas cuya hipoteca la gente no podía pagar mediante la llegada de fondos buitre extranjeros para que compraran todos esos bloques de pisos.

Ese mal lo seguimos sufriendo. Cuando en ese momento todo ese dinero público -que se dio a los bancos para rescatarlos- se podía haber dado a las familias para sostener esas hipotecas que no podían pagar. Sin embargo, esas familias fueron expulsadas, esos bloques fueron comprados a precios bajísimos por esos fondos buitre, y ahora esos mismos fondos han obtenido unas ganancias extraordinarias -al venderlos- con la actual subida que ya llega al nivel de la burbuja anterior.

Y todo eso ha sido favorecido, además de por la reforma de la ley de arrendamientos urbanos de entonces, por la ley sobre las SOCIMI que permite que esos fondos no paguen el impuesto de sociedades por esas viviendas cuando las venden. Es inadmisible que tengan un trato de favor fiscal unos fondos buitre -la mayoría estadounidenses- que están haciendo daño a nuestro tejido social, especulando con nuestra vivienda y haciendo que crezcan sus precios.

Por un alquiler estable en vivienda pública

La verdadera estabilidad del alquiler se manifiesta cuando los contratos son indefinidos. Alquilar una vivienda y tener la certeza de la continuidad para poder crear un hogar, y -aunque se viva de alquiler, incluso toda la vida- cambia radicalmente la situación.

Esto es crucial porque muchos de los males que sufren los inquilinos tiene que ver con ese miedo a perder la continuidad en la casa depende de ello. Ahora, cada 5 o 7 años, un gran tenedor puede echar al inquilino. Lo que genera una incertidumbre permanente de si va a poder seguir viviendo en el barrio -dado que los precios de alquiler siguen subiendo desmesuradamente- porque no va a poder pagar otro piso similar en el mismo barrio. Y sobre todo si le echan de esa vivienda no va a encontrar otra, especialmente si forma parte de la población inmigrante.

Somos de los países europeos con menos vivienda pública. Sin embargo, la existencia de gran número de viviendas públicas contribuye decisivamente a controlar los precios del resto de las viviendas en alquiler.