La Plataforma de Infancia expuso las principales demandas de los menores españoles ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, entre las que destacó la elevada tasa de pobreza infantil, la ausencia de una ayuda universal por crianza y la saturación de los servicios dedicados a la atención de menores migrantes no acompañados en algunos territorios.
Lo hizo en un encuentro celebrado en Ginebra (Suiza), donde asistieron varias organizaciones de infancias e intervinieron niños y adolescentes. Ángel, César y Valya, de 10, 13 y 16 años, respectivamente, pusieron voz a las demandas de la plataforma.
El presidente, Ricardo Ibarra, trasladó su "preocupación sobre la situación insostenible de muchas niñas y niños no acompañados que llegan a nuestras costas" ante el Comité de Naciones Unidas. Según apuntó, "la saturación de algunos sistemas de protección y la falta de mecanismos de solidaridad interterritorial impiden que se garanticen sus derechos".
Los menores participantes reclamaron más atención y más recursos ante las situaciones de violencia contra la infancia y asegurar que las niñas y niños tengan cubiertas sus necesidades de vivienda, educación, salud, ocio, etc. “Quisiéramos terminar destacando la importancia de difundir la Convención sobre los Derechos de la Infancia, porque muy pocas personas la conocen", indicaron , y "de garantizar nuestra participación real en el desarrollo de planes y políticas que nos afectan”.
Ibarra agregó que aunque España "ha mostrado su compromiso con los derechos de la infancia", aún "no cumple plenamente con la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordó que España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil y uno de los pocos que no cuenta con una ayuda para apoyar a las familias en la crianza. Esta fue una de las principales preocupaciones trasladadas por la Plataforma de Infancia ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra.
Fnalmente, lamentó que más de 17.000 niñas y niños viven y crecen en recursos residenciales en España. De ellos, más de 1.000 tienen menos de 6 años, y ello pese a que todas las recomendaciones internacionales y la propia ley nacional establecen que deberían vivir con una familia.
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