Entre las consecuencias de décadas de políticas nefastas están el trabajo precario y la destrucción de empleos en sectores importantes de la economía española. La política de puertas abiertas a productos extranjeros fabricados en condiciones de semiesclavitud, y no sometidos a las exigencias nacionales o comunitarias, arruina a nuestras empresas, nuestro campo y nuestra industria. 

Los grandes sindicatos subvencionados defienden sus privilegios y abandonan a los españoles, lo que provoca enfrentamientos entre trabajadores y empresarios. 

Todos los trabajos son esenciales y todos los trabajadores españoles deben ser defendidos: se debe proteger a los trabajadores y favorecer la creación de empleo, la movilidad social y el desarrollo personal y profesional que permita a los españoles acceder a empleos estables con salarios dignos y poder compatibilizarlo con la conciliación familiar. 

En nuestro país, y haciendo una comparación razonable con otras naciones europeas, y por mucho que nos quieran engañar desde el sector de la izquierda política, hay unos salarios de miseria y un paro inaceptable, porque el trabajo de todos sostiene el estado de bienestar de una gran cifra de políticos.